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El señalamiento lo hizo la máxima representante de esta Institución, durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, donde recordó que la denuncia sobre el caso fue interpuesta por un grupo de estudiantes, quienes puntualizaron que los directivos de las escuelas incitan a los alumnos a participar en acciones violentas de calle.
Ortega Díaz informó que el fiscal 101° del área metropolitana de Caracas, Harvey Gutiérrez, fue comisionado para investigar y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Explicó que el artículo 83 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), en consonancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de manifestar pacíficamente y sin armas.
La Fiscal General dijo que la protesta fortalece la democracia y la libertad, pero no se puede permitir que las manifestaciones alteren el orden público, se genere violencia y la muerte de algunas personas.
La Lopnna señala que el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales, que sean necesarias y apropiadas para asegurar que este grupo de la población disfrute plena y efectivamente de sus derechos y garantías.
Refirió que la Lopnna, en su artículo 79, establece la obligación que tienen los educadores de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes un ambiente sano.
"Ellos deben evitar que los niños, niñas y adolescentes atenten o incurran en irrespeto a la dignidad de las personas, en acciones de
indisciplina, de odio, discriminación o racismo, entre otras cosas". Reiteró que no se puede incitar a los estudiantes, que son la fuerza
emergente del país, para que atenten contra la tranquilidad pública, por el contrario se les debe conducir y orientar.
En ese sentido, ratificó que el Ministerio Público investiga la presunta responsabilidad de centros educativos y de algunos miembros de las
directivas en la participación de niños y adolescentes en manifestaciones. Los directores, subdirectores y docentes no pueden incitar a este sector a ejercer acciones violentas en las calles.
Asimismo, hizo un llamado a los padres y representantes para que estén atentos ante esta situación.
Confía en que los estudiantes, si van a salir a la calle, lo harán de forma pacífica. En tal sentido, hizo un llamado a cumplir las leyes y puntualizó que quien trasgrede las normas legales debe estar dispuesto a asumir las consecuencias. Explicó que la manifestación pacífica no genera ninguna acción penal. Por el contrario, un hecho punible, como la resistencia a la autoridad, un homicidio y daños a la propiedad, cometido en el marco de dicha protesta, sí genera acciones legales.
En relación con las muertes de dos estudiantes ocurridas el pasado lunes 25 de enero en el estado Mérida, la Fiscal General de la República añadió que la investigación es adelantada por las Fiscalías Nacionales 21° y 22° y 2° y 10° de la mencionada jurisdicción.
En la investigación participa un equipo multidisciplinario, para determinar las causas de las muertes y las heridas ocasionadas a otras
personas. Informó que se ha profundizado en las experticias de criminalística, entre estas el reconocimiento del sitio del suceso, la
planimetría, la trayectoria balística.
Aseguró que el Ministerio Público lleva actuaciones de manera justa, equilibrada, objetiva y ponderada , siempre con respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la Fiscal Luisa Ortega Díaz se refirió a la labor que se realiza desde el Ministerio Público con las Fiscalías Municipales. Informó que se trabaja para inaugurar próximamente una fiscalía municipal en la parroquia 23 de Enero de esta ciudad, para descongestionar el despacho ubicado en Catia , que en el lapso de un mes recibió más de 350 casos. Además de la fiscalía municipal ubicada en Catia, también funcionan otros despachos en la estación El Silencio del Metro de Caracas, otro en La Urbina (municipio Sucre) y en la estación del ferrocarril Ezequiel Zamora, en Cúa, estado Miranda.
También manifestó que se ha interactuado con la Policía Nacional, a cuyos funcionarios se les imparten actualmente talleres de capacitación.