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La alta instancia del Alto Tribunal concluyó que existen requisitos para solicitar la extradición del empresario, quien debe ser procesado ante la justicia venezolana por los delitos de Obtención Fraudulenta de Divisas y Contrabando Agravado (en condición de cómplice) y “Distracción de Recursos Financieros de una Entidad Bancaria". Destaca la sentencia, que los delitos del empresario “no son políticos ni conexos con éstos”.
La decisión de la Sala de Casación Penal está basada en el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley Sobre Régimen Cambiario, el Tratado de Extradición vigente entre la República Bolivariana de Venezuela y Estado Unidos, y la Convención Sobre Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante.