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cuales solicitó información relacionada con la investigación sobre los sucesos ocurridos durante el 27 y 28 de febrero y los primeros días del mes de marzo de 1989, conocidos como el Caracazo y en el cual murieron cientos de venezolanos.
Los requerimientos, los cuales forman parte de la investigación que se practica a fin de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes, se han realizado ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), antigua Onidex; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las comandancias generales del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana, los cementerios del Sur, del Este, Baruta y Los Teques, entre otros; además de diversos registros civiles y empresa telefónicas.
En ese sentido, entre las diligencias solicitadas al despacho castrense está el Plan Ávila vigente para 1989. Por otro lado, el Ministerio Público también requirió a los canales Venezolana de Televisión, Venevisión y Televen las imágenes de los referidos sucesos.
Asimismo, como parte de las actuaciones que adelantan los fiscales nacionales 4° ante el Tribunal Supremo de Justicia, 30° y 34° nacionales, María Cristina Vispo, Roberto Acosta y Néstor Castellanos, respectivamente, y el fiscal 83° auxiliar de Caracas, Heyker Campeone, está previsto para el próximo 17 de julio el acto de imputación de Italo del Valle Alliegro, quien se desempeñó como ministro de la Defensa para la fecha del hecho.
Por este mismo caso está prevista la imputación del ex Comandante del Comando Estratégico del Ejército, Manuel Heinz Azpúrua, pero en virtud de que sus abogados presentaron un reposo médico por 45 días, el Ministerio Público difirió el acto para una nueva fecha que será fijada una vez mejore su estado físico.
Igualmente, está previsto que el próximo 16 de julio inicie el juicio por el homicidio de Luis Colmenares, ocurrido el 7 de marzo de 1989, durante El Caracazo. Por este caso están acusados los ex policías metropolitanos Jorge Jiménez Sánchez y Pedro Miguel Blanco Belmont.