21 de julio 2008. - Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos echan por tierra la inocencia reclamada por el ex dictador Alberto Fujimori en cuanto a su participación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El informe, que será dado a conocer hoy en el Tribunal Especial, que preside César San Martín, certifica que el mandatario tuvo pleno conocimiento del planeamiento y ejecución del accionar del Grupo Colina.
El informe de 170 folios enviado por el Estado norteamericano a través su embajada, y traducido del inglés al español revela que el gobierno de Fujimori no mostró voluntad política para investigar a los responsables de la matanza de los Barrios Altos, ocurrido en noviembre de 1991, no obstante que las pruebas y evidencias señalaban que los culpables de los asesinatos eran integrantes de un destacamento paramilitar integrado por elementos del Ejército.
En otro de los informes remitidos en diciembre de 1991, el Estado norteamericano hacía ver su extrañeza, porque la investigación de la matanza continuaba en nada.
Según fuentes judiciales, los documentos también consignan que la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, comadre de Vladimiro Montesinos, tampoco demostró voluntad para investigar las matanzas del Grupo Colina. Es más, cambió al fiscal especializado encargado de las investigaciones de las eliminaciones extrajudiciales que conmocionaron a la opinión pública, durante el régimen fujimontesinista.
Asimismo, el informe establece que las fuerzas de seguridad estuvieron en el lugar de la masacre de Barrios Altos, realizando trabajo de vigilancia días antes de perpetrar la sangrienta intervención.
También señala que Fujimori, habría aceptado cualquier método para destruir a Sendero Luminoso y el MRTA, convencido que la única manera de acabar con el terrorismo era desapareciendo a sus miembros.
Sobre el caso de la matanza de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ocurrida el 18 de julio de 1992, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó en ese entonces que la salida de los tanques a las calles dispuesto por el entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, fue para tratar de intimidar al Congreso de la República para que se abstenga de investigar y citar a los agentes del Grupo Colina, responsables de los crímenes.
