(Caracas, 13 de junio de 2008) El Ministerio Público acusó formalmente al inspector jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Héctor Vitriago Fuenmayor, por la presunta
comisión del delito de privación ilegítima de libertad en perjuicio de un ciudadano, hecho ocurrido en agosto de 2006 en el estado Lara.

El fiscal 22 de esa jurisdicción, William Guerrero, acusó a Vitriago por el referido delito, el cual está previsto en el artículo 176 en concordancia con el segundo aparte del artículo 175, ambos del Código Penal.

Asimismo, el funcionario, quien para el momento del suceso se desempeñaba como jefe de la Brigada Contra Drogas del Cicpc, fue acusado por concusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley Contra la
Corrupción.

En el escrito de acusación, consignado ante el Tribunal 4° de Control del estado Lara, el fiscal Guerrero presentó cargos contra Vitriago por el delito de asociación para delinquir, según el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2006, cuando Vitriago Fuenmayor y otros dos funcionarios del Cicpc interceptaron al hoy occiso Carlos González, en el sector Tarabana, Cabudare del estado Lara, y se lo
llevaron en un vehículo.

La víctima fue liberada en la ciudad de Valencia, luego que los funcionarios le solicitaron la suma de 300 millones de bolívares (300 mil bolívares fuertes). La víctima denunció el caso ante el Ministerio Público y se inició la correspondiente investigación.

Ante las diligencias efectuadas, el funcionario Vitriago Fuenmayor fue imputado en el año 2007. Luego, el 18 de febrero de este año fue presentado ante el Tribunal 4° de Control de Lara, instancia que acordó la medida de
privación de libertad. Posteriormente, el 04 de marzo, el Juzgado sustituyó dicha medida por una cautelar sustitutiva de libertad.

El Ministerio Público apeló la decisión, y el pasado mes de abril, la Corte de Apelaciones del estado Lara declaró con lugar el recurso. Vitriago Fuenmayor permanece privado de libertad desde el 28 de abril, en la
Comandancia de la Policía del estado Lara.

Por el caso también están imputados los funcionarios del Cicpc, Juan Gori y Juan Gordillo.