(Caracas, 07 de mayo de 2008) El Ministerio Público acusó formalmente a ocho funcionarios de la Policía del estado Sucre, por su presunta responsabilidad en las muertes de Ansoni Bruzual, Nelson Cedeño y Hernán Machado y el homicidio frustrado de otra persona, hecho ocurrido el 15 de enero de 2006, en la ciudad de Cumaná.

El fiscal 8° de Cumaná con competencia en materia de Derechos Fundamentales, José Vicente Nieves, y su auxiliar, Caridad Fernández, acusaron a Douglas Alberto Ramos, por el delito de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Ansoni Bruzual y como cómplice en la muerte de Nelson Cedeño.

Contra el funcionario Fernando Tineo se presentaron cargos por homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Nelson Cedeño, y como cómplice en el fallecimiento de Ansoni Bruzual.

Adicionalmente, los funcionarios Jesús Gutiérrez, Juan Flores, José Rodríguez, Simón Brito, Richard Villaroel y Alejandro Contreras fueron acusados por complicidad en los homicidios de Bruzual y Cedeño.

Todos los funcionarios fueron acusados por homicidio en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de Hernán Machado y uso indebido de arma de fuego.

También, se presentaron cargos contra Simón Brito por homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en relación con la víctima que sobrevivió.

Por otra parte, los policías Vicente Ruiz y Jhovanny Díaz fueron acusados por el delito de encubrimiento de homicidio.

El escrito de acusación fue consignado ante el Circuito Judicial Penal del estado Sucre.

Es oportuno recordar que el hecho ocurrió cuando los funcionarios presuntamente entraron en una vivienda ubicada en el sector Bebedero de la ciudad de Cumaná, presuntamente en la búsqueda de los responsables del homicidio del hijo de un efectivo de la Policía del estado Sucre.

De ese lugar se llevaron a las víctimas en varias patrullas policiales. Posteriormente, tres de estas resultaron sin vida y la otra gravemente herida.

Luego de la práctica de diversas experticias, los funcionarios fueron imputados el 08 de junio de 2006; en ese momento el Tribunal de Control dictó medidas cautelares de presentación periódica.