El presidente Uribe siendo recibido por el jefe de Estado norteamericano, George W. Bush. Credito: Archivo

5 de Mar de 2008. Un artículo del portal web BBC Mundo explica los diferentes problemas y contradicciones que ha tenido Alvaro Uribe Vélez al amenazar al presidente Hugo Chávez de acusarlo ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, por el supuesto de "patrocinio de genocidio" y "financiar a las Farc". La amenaza de Uribe tuvo lugar después de que Venezuela apoyara a Ecuador en sus quejas por la violación de la soberanía ecuatoriana en el bombardeo colombiano del pasado sábado.

En primer lugar, explica la BBC, se tiene que demostrar que Colombia agotó todos los recursos jurídicos de su propio país para procesar y enjuiciar al Presidente Chávez. "Si los fiscales y jueces colombianos no pueden o no quieren administrar justicia en ese caso, entonces sí podría entrar a hacerlo la Corte Penal Internacional".

Explicó el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, que para que la Corte de La Haya entre a procesar a Chávez se necesitaría que el propio Uribe reconociera que la justicia colombiana no opera y por eso se requiere a la Corte Penal Internacional. El dirigente político sostiene que la justicia colombiana ha sido incapaz de juzgar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio y que por esa razón se le ha pedido a Uribe que reconozca la incapacidad del sistema a fin de que pueda actuar la CPI. "Uribe nunca ha querido", dijo. Petro participó en la aprobación de la reforma constitucional en la que Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Uribe cambió los términos

Por otro lado, la corte debe verificar si el presunto delito hace parte de su mandato. Como se recordará, el presidente Uribe afirmó que iba a denunciar al jefe de Estado venezolano por "patrocinio del genocidio". Pero después, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, habló de "financiamiento directo a grupos terroristas".

Ese cambio se debió, probablemente, a que "la denominación 'patrocinio del genocidio' no se encuentra en las normas del derecho penal internacional", según dijo a la BBC el abogado y profesor universitario Mario Madrid-Malo, un experto en derechos humanos. Madrid-Malo explicó que el Estatuto de Roma, que le dio vida a la CPI, sólo contempla genocidio mediante matanza, mediante lesión grave a la integridad física o mental, mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarrean destrucción física, mediante imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos y mediante el traslado de niños por la fuerza.

El experto agregó que la CPI tampoco es competente para investigar el delito de terrorismo, sobre cuya denominación no hay consenso en la comunidad internacional.

"Para demandar a Chávez, Uribe tendría que reconocer que su justicia no opera"

Sobre esto, el senador Petro calificó el anuncio del presidente Uribe como "una postura delirante". "Demuestra una enorme ignorancia del presidente (Álvaro Uribe) sobre la Corte Penal Internacional. Estamos estrellándonos contra el mundo", le dijo el legislador a BBC Mundo. Petro sostuvo que la Corte de La Haya no juzga a los "cómplices", sino a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La decisión de denunciar a Chávez también produjo reacciones en el Partido Liberal, el principal de la oposición. Su vocero ante el Senado, Héctor Helí Rojas, dijo que se trata de "un apresuramiento" que "profundiza la crisis". "La Corte Penal Internacional no está para directamente investigar y juzgar esos eventos", añadió Rojas.

La salvedad de Colombia

Colombia usó una salvedad contemplada en el Estatuto de Roma para sustraer a la CPI, durante siete años, del conocimiento de crímenes de guerra ocurridos en el país. Esa salvedad se invocó en agosto de 2002 por parte del presidente Andrés Pastrana y se dijo que pretendía facilitar el camino para eventuales negociaciones de paz con los grupos armados irregulares.

En el caso de una denuncia contra Hugo Chávez, Mario Madrid-Malo explicó que la Corte Penal Internacional sí es competente para procesar y juzgar a jefes de Estado y de gobierno.