29 de febrero de 2008. - La Fiscalía General de la República inició una investigación para aclarar los hechos acontecidos el pasado miércoles en la sede del palacio Arzobispal, ubicada en el centro de Caracas.

Así lo informó ayer la Fiscal General de la República, Luisa Estela Morales, durante el foro Ética profesional y justicia social, dictado por la funcionaria en el salón Bolívar del hotel del Lago de Maracaibo, con la participación de concejos comunales de distintos municipios de la región.

“Serán los fiscales los que determinen las diligencias a tomar en este caso”, la fiscal cómo serán los procedimientos de la investigación de este hecho punible.

La toma que liderizó la dirigente oficialista Lina Ron hace tres días pretendía alertar sobre los planes que amenazan a la revolución del presidente Hugo Chávez, al tiempo realizar fuertes criticas a la postura de la Iglesia católica venezolana.

Un grupo de manifestantes oficialistas, incluyendo a legisladores de la Asamblea Nacional, estuvieron involucrados en la toma pacífica.

En cuanto a la explosión suscitada en la sede de Fedecámaras, en la que la persona que perpetuó el hecho resultó fallecida, la fiscal informó que, hasta ahora, van dos personas detenidas; sin embargo, la alta funcionaria no ofreció detalles sobre la identificación de los detenidos.

Más investigaciones

Entre los casos que adelanta la fiscalía, aún está pendiente la acusación del Gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez.

Sobre este particular, Morales sólo expresó que el Ministerio Público resolverá la recusación que el mandatario regional hizo en contra de la Fiscalía.

“La consigna de ésta gestión es una lucha contra la impunidad”, comentó Morales , mientras daba detalles sobre la recién constituida “Unidad Anticorrupción”.

“Se agruparon seis fiscales que, únicamente, se dedican a hechos de corrupción, esos fiscales fueron relevados del resto de sus actividades”, dijo.

Sobre los resultados, que hasta el momento, ha arrojado dicha unidad, Morales precisó que los fiscales ya han imputado a algunos alcaldes y funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Incluso uno de los fiscales, me ha solicitado el antejuicio de mérito de un Gobernador del país”, apuntó la fiscal sin aportar los nombres de los imputados ni ofrecer mayores detalles del asunto.

Realidad penal

Al referirse sobre la situación de la justicia venezolana, la fiscal admitió que ésta es “lamentable”.

“Efectivos policiales están involucrados en hechos criminales (...) los criminales consiguen protección en ellos”, sentenció, mientras ofrecía cifras que revelaban los retrasos en los procesos judiciales, “en 60% de los juicios penales no se logra condenar a nadie por la ausencia de expertos”.

Morales argumentó con ello, que “el país necesita una policía que deje de ser parte de las cifras criminales de los fines de semana”.

La fiscal aseguró que la Ley de Policía, próxima a entrar en vigencia, constituye el primer paso para la reforma policial.