31 Enero 2008. - Una delegación venezolana, garante de los derechos humanos en nuestro país, demostrará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica, los alegatos que demuestran que el Estado sí cumplió con el debido proceso y las garantías jurídicas en el caso de destitución de tres jueces provisionales, ocurrido en octubre de 2003.

De acuerdo a lo informado por la representante de Venezuela para los Derechos Humanos, Mayerling Rojas, a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), vía telefónica, el Estado venezolano no violó ningún artículo de la Comisión Interamericana, puesto que "estas personas tuvieron acceso a la inspectoría general de tribunales y contaron con todos los recursos necesarios para defenderse, lo cual hicieron", indicó Rojas.

Asimismo, destacó que los abogados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha, Ana María Ruggeri, presuntas víctimas del caso, cometieron un error jurídico inexcusable que en el ámbito del derecho jurídico es el desconocimiento total de la ley.

Sin embargo: "Ellos esperaban una sentencia que no fuera destitutiva. (...) Esa falta es causal de destitución aquí y en cualquier parte del mundo", resaltó Rojas.

Apitz, Rocha y Ruggeri demandaron al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presuntamente por la violación de los artículos 8 y 25, la cual trata sobre las garantías procesales y el debido proceso dentro del marco del sistema interamericano.