El parlamentario informó que el encuentro tendrá como finalidad conocer las acciones que piensa emprender la víctima a raíz de que su agresor, Nixon Moreno, pretende ser incluido en el Decreto-Ley de Amnistía que el pasado 31 de diciembre emitió el Ejecutivo nacional.

“Vamos a reunirnos con la distinguida Aguilar Gutiérrez para conocer qué opina del resguardo que la Iglesia venezolana le ha dado a su agresor, luego la vamos a acompañar en todas y cada una de las acciones que piensa emprender ante los organismos eclesiásticos, incluido el Vaticano”, precisó el diputado.

Vivas agregó que no descartan la posibilidad de reunirse con el nuncio apostólico, monseñor Giacinto Berloco, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Ubaldo Santana y el Papa Benedicto XVI, a quien ya le han solicitado una audiencia.

“El Papa tendrá que explicarnos en qué mandamiento aparece el asilo político para personas incursas en delitos comunes, como el intento de homicidio o violación”, advirtió el parlamentario.

A su juicio, la Iglesia venezolana viola todos los acuerdos internacionales en materia de asilo cuando esconde y protege al bachiller Nixon Moreno. Vivas asegura que el asilo político no corresponde en este caso porque éste no es un perseguido político, sino una persona denunciada por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración e intento de violación.

“Nixon Moreno debe ponerse a derecho, asumir su responsabilidad y dejar que los tribunales de la República determinen su responsabilidad”, afirmó el parlamentario.

La ocasión fue propicia para que el diputado Darío Vivas denunciara algunos rumores que señalan que la Universidad Central de Venezuela tiene planteado entregarle un doctorado Honoris Causa al bachiller Nixon Moreno, quien se ha convertido una bandera de la oposición.

“Eso sería el colmo, por eso lo estamos denunciando y hacemos un llamado para que la máxima casa de estudios del país no hipoteque su prestigio político entregándole un título inmerecido a una persona que ha incursionado en delitos comunes”, indicó el vocero de la Comisión de Participación Ciudadana.

Por su parte, la diputada María Alejandra Ávila Ávila, miembro del Bloque Regional de Mérida, informó que a la mencionada reunión también acudirá el distinguido Gerardo Dugarte, quien puede atestiguar cómo el bachiller Nixon Moreno accionó un arma de fuego en su contra y cómo intentó violar a la funcionaria perteneciente a la Brigada Ciclística de la Policía de Mérida.

Ávila indicó que no descartan reunirse con las autoridades de la Universidad de Los Andes, con quienes intentarán precisar la legalidad del acto de grado en el cual obtuvo el título de licenciado el bachiller Nixon Moreno.

“Los representantes de la Iglesia deben entender que Nixon Moreno no es un perseguido político, sino una persona denunciada de haber cometido delitos comunes, además, su supuesta graduación no llenó los extremos legales, por eso debemos investigar la legalidad de ese acto académico”, dijo la parlamentaria.

Familiares de víctimas del 11-A

Se conoció, además, que un grupo de familiares de las víctimas de los hechos que se registraron en Puente Llaguno el día 11 de abril de 2002 también acudirán a la Comisión de Participación Ciudadana a fin de pedir ayuda y emprender acciones en contra de los seguidores de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas.

En este sentido, el diputado Darío Vivas relató que al culminar la última audiencia que se llevó a cabo para determinar la responsabilidad penal de estos funcionarios policiales y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana, sus seguidores, acompañantes y familiares, presentes en el lugar, intentaron agredir a los familiares de las víctimas del 11-A.

Vivas destacó que entre las personas presentes destacan: el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, el alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radonski y el dirigente político Pablo Medina.

“A estas personas también las vamos a acompañar en todas las acciones que decidan tomar. Se trata específicamente de la ciudadana Yesenia Fuentes, presidenta de la Asociación Víctimas del 11 de Abril, quien ha pedido que la Asamblea Nacional la acompañe en las acciones judiciales que decida emprender”, dijo el diputado Darío Vivas.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana recordó que las esposas de los tres comisarios han pedido que éstos sean amnistiados por el bien de sus hijos, pero -de acuerdo a sus propias palabras- no se acuerdan de que aquellos que murieron en medio de ese intento de derrocar el gobierno del presidente Chávez también tienen hijos deseosos de que se haga justicia.