TeleSUR _ 15/01/08 - El jefe de la Comisión Internacional de las FARC, Raúl Reyes, afirmó este martes que la política de Seguridad Democrática, que adelanta el Gobierno de Colombia, falló en sus objetivos y sólo consiguió perjudicar a la población civil desarmada y a organizaciones sociales y populares.
"El peor ciego es quien no quiere ver, esto para decir que la 'Seguridad Democrática' de Uribe es otro estruendoso fracaso similar al Plan Patriota", aseveró Reyes, en entrevista publicada este martes por la agencia de noticias ANNCOL.
La política de Seguridad Democrática, plan bandera de Uribe para hacer frente al conflicto armado, contempla en sus estatutos "consolidar control territorial, la protección a la población, la lucha contra el narcotráfico, modernizar la Fuerza Pública y mantener bajos los índices de criminalidad".
La iniciativa propone, a su vez, un papel más activo de algunos sectores de la sociedad dentro de la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a los grupos insugentes, un aspecto que sus detractores han criticado debido a que numerosos inocentes quedan expuestos en un mayor grado de la intensidad del conflicto armado, así como a los abusos que ejecutan algunos miembros de los organismos del Estado.
Amnistía Internacional (AI) afirmó recientemente que la política de Seguridad Democrática no es una política de derechos humanos.
En un documento conclusivo, la organización no gubernamental advierte que aunque el Gobierno colombiano tiene el derecho y la obligación de reinstaurar el orden público, la impunidad con la cual se ha saldado la gran mayoría de los abusos masivos a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario cometidos por las fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos alzados en armas, es uno de los factores decisivos en la continuación de tales violaciones.
Además de su condena a las políticas implementadas por el Gobierno de Uribe, Reyes reiteró que la totalidad de los "rehenes canjeables" serán puestos en libertad "producto del canje de prisioneros que garantice la liberación de los guerrilleros privados de la libertad al momento de firmar el acuerdo, incluidos Simón y Sonia".
"La concreción (del canje humanitario) requiere inexorablemente del despeje de fuerza pública de los municipios de Florida y Pradera", indicó.
Finalmente, el jefe de la Comisión Internacional de las FARC indicó que los planes del grupo insurgente para este año contemplan "intensificar la lucha revolucionaria del pueblo por el canje de prisioneros y la salida política a la crisis institucional y de gobernabilidad que sacude a Colombia".
