El sindicalero Carlos Ortega y el empresario Pedro Carmona, aliados durante el golpe de estado de abril de 2002. Credito: Ernesto Morgado - El Nacional

Lima, 4 sep (PL) Las relaciones peruano-venezolanas, en proceso de recomposición y estrechamiento, enfrentan hoy el desafío de sortear las eventuales dificultades generadas por el asilo otorgado aquí a un fugitivo del vecino país.

Pese a la decisión de su gobierno, el canciller peruano, José García Belaúnde, abogó por el fortalecimiento de la agenda común con Venezuela, al comparecer ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Sostuvo que las autoridades dieron ese status al fugitivo Carlos Ortega por razones humanitarias y por la conexión política de los delitos por los que fue condenado.

Negó que las relaciones entre Perú y Venezuela vayan a ser perturbadas por el caso y dijo confiar en que ambos gobiernos continuarán fortaleciendo una agenda común de desarrollo.

Diversos medios de prensa locales plantearon la posibilidad de una nueva crisis, evocando el congelamiento diplomático de 2006, orginado por acusaciones sin pruebas de injerencia venezolana aquí, etapa superada con la normalización de las relaciones bilaterales.

"No creo que conceder asilo político por razones humanitarias sea motivo de conflicto con un país. Esas etapas han sido superadas felizmente y ahora estamos con una serie de proyectos conjuntos que nos entusiasma", expresó García Belaúnde.

Entre los motivos del asilo argumentó que el gobernante Partido Aprista tiene una sensibilidad especial para temas relacionados con el asilo político, alusión al hecho que fueron asilados el actual presidente, Alan García, y el fundador de la organización, Víctor Raúl Haya de la Torre.

García Belaúnde volvió a recordar que el gobierno de Costa Rica revocó años atrás el asilo que había otorgado a Ortega, por haber este violado las normas que obligan al asilado a no realizar actividades ni declaraciones políticas.

Pese a las explicaciones, lo conflictivo de la decisión gubernamental se evidenció en abiertas críticas del congresista opositor Juvenal Ordóñez, del Partido Nacionalista (PNP) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Ordóñez consideró preocupante que el gobierno haya dado refugio a un personaje involucrado en la intentona golpista contra el presidente Hugo Chávez, derrotada por la movilización popular en 2002.

Pidió al canciller que entregue a la Comisión el informe elaborado por una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores que, según García Belaúnde, analizó el caso y recomendó el asilo.

La decisión gubernamental formalizó la situación de Ortega, pues este se encontraba en forma irregular en Perú al menos desde comienzos de este año.