Provea acaba de dar a conocer su último informe sobre los derechos humanos en Venezuela, con hincapié en acusaciones fuertes contra el ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño, y a quien su coordinador, Marino Alvarado, señala de no haber hecho nada en materia de seguridad y destruir lo que se había avanzado. Agrega que le “sorprende” la indiferencia del Gobierno y apunta que “hay falta de voluntad política para cumplir con algunos derechos”.

Sabe el señor Alvarado que lo suyo es una mentira del tamaño de una catedral. Y él mismo se contradice en sus declaraciones. Admite que las torturas se han reducido en 50 por ciento. Es una mentira, porque hasta ahora, que públicamente se sepa, en los organismos de seguridad se desterró esa práctica, común en los regímenes de la IV República.

Para ilustrar sus asertos, el señor Alvarado habla de 165 ejecuciones, entre ellas las de ocho policías a manos de compañeros, así como también la “agresión” a un equipo de Globovisión a manos de agentes de la PM, culpando a una institución y al Gobierno por la actuación particular y arbitraria de uno de sus miembros.

Sin embargo, el informe de Provea nada dice de los cientos de dirigentes campesinos y sindicales acribillados en diferentes lugares del país por defender los derechos de trabajadores del campo o de alguna rama de la industria, cuyas muertes fueron ordenadas por patrones cuyos intereses eran molestados y ejecutadas por sicarios.

El último anuncio de Provea, con vistas a desacreditar al ministro Carreño y al Gobierno nacional, se refiere al reclutamiento de jóvenes en barrios de Caracas por parte de paramilitares con el propósito de convertirlos en sicarios. Señala, no obstante su intención de crear una matriz de opinión negativa hacia el MIJ y el Gobierno, que son los comerciantes y camioneros del mercado mayor de Coche quienes financian a estos paramilitares y sicarios. Ergo, empresarios privados.

Recordemos que el paramilitarismo y el sicariato fueron creación de empresarios privados colombianos para defenderse del abigeato y la delincuencia. Luego, ellos mismos fueron víctimas de la extorsión y el secuestro y hasta la muerte por el propio monstruo que crearon. Ese monstruo se convirtió en una fuerza incluso más poderosa que la guerrilla y casi el Ejército colombiano.

En Venezuela, y específicamente en la zona sur del Lago de Maracaibo y al norte del Táchira, fue imitada la figura y de allí se ha extendido a todo el país, mediante contratación por empresarios y dirigentes políticos inescrupulosos que de esa forma se quitan de encima a quienes consideran enemigos.

A todo esto se ha enfrentado el Gobierno con medidas enérgicas, a través del Ministerio del Interior y Justicia. Sin embargo, cuando se producen enfrentamientos con estas fuerzas del mal y ocurren las inevitables bajas, salen los llorones a hablar de la inhumanidad “del régimen” y a defender los derechos humanos de estos sanguinarios delincuentes.

Todos sabemos que en los barrios de Caracas, más por imitación que por legitimidad de origen, funciona el sicariato. Pero esta es una figura de dos lados: el asesino a sueldo y el que paga por asesinar. Y por los precios de una muerte, es de presumir que quien la encarga es, por decir lo menos, rico. ¿Cómo, entonces, culpar al Gobierno de indiferencia y falta de voluntad para combatir la delincuencia cuando son los ricos quienes la promueven?

Sin embargo, Provea, con toda la intención que la mueve de malponer al Gobierno, no deja de reconocer los pasos positivos que se han dado: admite, entre otras cosas, una notable reducción en la pobreza, baja ostensible en la tasa de desempleo y un presupuesto más adecuado para la educación. Y esas son medidas que el Gobierno dispone para acabar de raíz con la delincuencia. Entonces cabe la pregunta: ¿Está o no está haciendo para acabar con la inseguridad?

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