En América Latina se estima que la población indígena está por el orden de los 50 millones de personas, empeñadas en mantener los modos de vida de sus respectivos pueblos
Es tiempo de cambiar la tradicional política indígenista basada en la práctica asistencialista, paternalista y protagonista que en los hechos se ha traducido en el reforzamiento de la explotación
La insurgencia de los pueblos indígenas es por la conquista de un régimen de autonomía regional, que es el reconocimiento de los plenos derechos de los grupos étnicos sobre el usufructo y el uso de sus tierras, montes, bosques, agua y en general todos sus recursos naturales
El análisis sobre la cuestión étnica ha comenzado a traspasar el estrecho mundo de la antropología –estudio de las sociedades primitivas-, para convertirse en reflexión y debate público. Este cambio ha sido posible por el desarrollo creciente de las luchas étnicas en diferentes naciones latinoamericanas, y éstas han alcanzado significación estratégica tanto en el ordenamiento jurídico-administrativo, así como también ha afectado los paradigmas del Estado-Nación. Esto nos lleva a considerar, el potencial que tienen los grupos étnicos en convertirse en sujetos sociales y fuerza política capaz de generar un proceso de construcción de la nueva Nación, sin que ello implique un debilitamiento de la cohesión étnica ni una renuncia a sus propias reivindicaciones, sino por el contrario se rompe la marginalidad política dándole voz y participación a los grupos étnicos que han sido manipulados por la política oficial indigenista de los gobiernos nacionales.
En América Latina, se estima que la población indígena es alrededor de 50 millones de personas empeñadas en mantener los modos de vida de sus respectivos puebles. A pesar de los esfuerzos planteados y de las sutiles fuerzas disolventes que se han puesto en práctica en nuestro continente durante siglos con el objeto de desaparecer a los grupos étnicos del horizonte social, lo cierto es que esto no ha sido posible y a finales del siglo XX los indígenas siguen manteniendo una porción importante de la población. Sin embargo, sus condiciones materiales, culturales y políticas son realmente precarias. La población étnica marginal en América Latina es, en términos globales aproximados, el treinta por ciento del total de la población marginal rural-urbana, en condiciones de pobreza extrema y ha sido evaluada, a nivel continental en 1990, en 183 millones de personas, según datos de la CEPAL. Esta ponderación acerca del peso específico de las poblaciones étnicas se hace más dramática si consideramos los 143,4 millones de pobres en el continente, que registra un estudio de la ONU, presentado en la II Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe.
Es un hecho innegable que los pueblos son los sectores que viven en las peores condiciones de explotación; víctimas recurrentes de variadas formas de discriminación, sujetos a una violación sistemática de sus derechos humanos fundamentales, tales como la organización colectiva y el derecho a la tierra por parte de una gama de funcionarios cuya finalidad es agredir, robar, manipular y mediatizar a los grupos étnicos. La historia de la resistencia étnica es la historia por la preservación de su etnicidad y de su libre desarrollo como comunidades distintas.
Ante este panorama desalentador no podemos hacer un análisis de la cuestión étnica desde posiciones del romanticismo cultural porque se corre el peligro de ocultar la relación de explotación opresión que sufren los indígenas –al igual que otros sectores de la sociedad- en una relación desigual. Esto permite caer en dualismo abstractos y vacíos de contenido político transformador (mundo indígena vs. Cultura indígena, etc.), cuya mayor ventaja consiste en evadir las contradicciones concretas de la sociedad y dividir las luchas que se pueden emprender en conjunto. Este procedimiento metodológico tiende a desviar la realidad social si no se tiene como punto de partida analítico la estructura económica; esto no implica el reduccionismo economicista ni la negación de otros factores de la realidad, sino la consideración de que tales fenómenos socioculturales sólo pueden entenderse en su magnitud si se comienza por el análisis de las condiciones económicas concretas en las que descansan. Ya el pensador peruano José Carlos Mariátegui los expresaba de forma precisa: “Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos –y a veces sólo verbales-, condenados a un absoluto descrédito. No las salva a algunas su buena fe.
Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque buscando las causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de raza, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía”.
La cuestión étnica tiene un carácter sociopolítico donde la solución a sus problemas responden a la sociedad en su conjunto, es así como el problema indígena es parte fundamental de la cuestión nacional; por lo tanto, es una problemática étnico-nacional. Donde el problema no radica en lo indígena sino en la nación y es ésta últimas la que constituye el gran problema histórico a enfrentar, resolver y transformar.
La mayoría de los estados nacionales en América Latina se organizaron sobre la base del eurocentrismo que traza una línea social caracterizada por la discriminación y la desigualdad sociocultural, la opresión de una nacionalidad dominante sobre los grupos étnicos considerados inferiores en algún sentido e incluso –en situaciones extremas- por la segregación. Esto les da a nuestras naciones nacionales el carácter de incompletas o inauténticas y excluyentes dada la escasa participación de los diversos sectores de la sociedad en su conformación. De manera que construir un nuevo tipo de nación tiene un significado muy preciso; establecer la democracia completa y plena en el marco del estado nacional. Es por lo tanto un proceso difícil y complejo, y sobre todo un proceso de carácter político, en la medida en que la construcción de la nación por el pueblo implica así mismo la construcción como pueblo del conjunto de clases, grupos y fracciones explotadas y oprimidas por el bloque dominante. El pueblo se constituye como pueblo-nación, y lo hace al cabo de la lucha por la promoción de un proyecto diferente de organización y conducción de la sociedad.
La nación –dice Carlos M. Vilas- es un atributo constitutivo del pueblo, pero el pueblo es una realidad multiforme y dinámica de una pluralidad de clases, fracciones, grupos, capas, cuya posición en las relaciones de producción pueden ser muy variadas. De hecho, el concepto de pueblo es un concepto eminentemente político, en cuanto dice relación con una posición adoptada en una lucha: la lucha contra el estado opresor.
En esta búsqueda de la nueva nación los grupos étnicos han jugado un papel fundamental como sujetos sociales inspirados por sus derechos históricos propios y perfectamente legítimos; pero por esto no podemos confundir a estos grupos socioculturales como simples reliquias del pasado, sino que su configuración responde a las exigencias de nuestro propio presente y esto los hace interrelacionarse estrechamente con la sociedad nacional; más aún, la necesidad de resolver la cuestión étnico-nacional es profundizar las transformaciones sociales y alcanzar la unidad nacional de todos los sectores populares por encima de las diferencias de carácter sociocultural.
Es tiempo de cambiar la tradicional política indigenista basada en la práctica asistencialista, paternalista y proteccionista que en los hechos se ha traducido en el reforzamiento de la explotación hacia los grupos étnicos. Es necesario devolverles el habla y la participación activa a los indígenas en la solución de sus propios problemas.
La política gubernamental no ha tenido nada que ofrecer a los indígenas, y por el contrario, como la experiencia lo ha mostrado, esta política es precisamente causante de la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas; desafortunadamente, hasta ahora todos los partidos políticos consideran esta problemática como un “mundo aparte” o simplemente como algo secundario dentro de su proyecto político. Reconocer el carácter del Estado y la nación como multiétnico, plurilingüe y pluricultural con objeto de dar curso al reconocimiento de las reivindicaciones históricas de los indígenas y propiciar un amplio despliegue de sus capacidades en los campos económico, político, social y cultural, es un objetivo insoslayable del nuevo estado nacional.
En esa dirección, la insurgencia de los pueblos indígenas en este momento es por la conquista de un régimen de autonomía regional que es el reconocimiento de los plenos derechos de los grupos étnicos sobre el usufructo y el uso de sus tierras, montes, bosques, aguas y, en general, de todos sus recursos naturales. La puesta en práctica de la autonomía es tan sólo la solución que una sociedad puede adoptar en un momento de su desarrollo concreto para resolver el conflicto étnico-nacional. El sistema de autonomía –dice Héctor Díaz Polanco- se refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legitimar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos.
Finalmente, las perspectivas de movilización y lucha de las comunidades indígenas en América Latina tienden a radicalizarse, al asociar su lucha por la tierra a sus particulares proyectos de autogobierno. Sin embargo, sus posibilidades de éxito, dada su exigua población en sus respectivos contextos nacionales, dependerán de su integración en un proyecto nacional popular democrático que dependerá más de una solución negociada que una cruenta insurrección armada.
