El 27 de febrero de 1989, se acabó la resignación de un pueblo, ese que en vorágine salió a cobrar el engaño y la traición de los promitentes del retorno a la Gran Venezuela, socavando las bases del sistema de partidos instaurado con el Pacto de Punto Fijo y anunciando una época de insurgencia, a veces fallida, a veces escamoteada, a la larga triunfal, pero, aún con muchas tareas pendientes que no puede descuidar.
Los del 27 y 28 de febrero de 1989, no constituyen hechos que se puedan analizar de manera simple, aislándolos del contexto sociohistórico en el que se producen; ya que ellos son resultado de la aplicación, a lo largo de tres lustros, de medidas orientadas a sostener un sistema de privilegios para los usufructuarios de la renta petrolera en los cuales coi Coincide, entonces, el agotamiento del modelo de desarrollo económico, con altos ingresos petroleros, con una conducta antinacional de la burguesía rentista, y con el desprestigio de los partidos políticos como órganos mediadores entre Estado y Sociedad, todo lo cual se refleja de manera grave en la crisis económica de los años 80, y especialmente en esos días de febrero, cuando Venezuela culmina el recorrido elíptico de la euforia a la desilusión; la primera causada por una bonanza económica sin solidez estructural experimentada entre 1974 y 1978, y prolongada hasta los primeros años de la década de 1980; y la segunda, provocada por el descubrimiento de que no se volvería a esa época de bonanza, y que el retorno al ansiado pasado implicaba hacer un largo tránsito por el desierto de la austeridad con la aplicación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, algo que no podía entender, ni quería, un pueblo que observaba como se le exigía asumir una vida austera, mientras las familias poderosas se volcaban al lujo y derroche.
En 1974, Carlos Andrés Pérez recibe de Rafael Caldera, un país que se inunda de petrodólares, y aprovecha la renta petrolera para ampliar, pero no mejorar, su distribución entre los sectores populares, mientras engruesa, la ya de por sí grande, porción de la burguesía venezolana y favorece el ascenso de emergentes empresarios como rémoras del Estado rentista. Pero, a la par, el país se endeuda; proyectos faraónicos forman parte de la agenda de la Gran Venezuela; se recurre a préstamos extranjeros garantizados con el petróleo y con las reservas internacionales depositadas en los mismos bancos que hacen los préstamos; la corrupción crece exponencialmente; el derroche se hace presente; la Venezuela Saudita descuida la inversión productiva; la crisis del modelo de desarrollo económico se agudiza, pero aún hay dinero para maniobrar y paliar el descontento popular, a lo que política e ideológicamente contribuyen los partidos políticos parlamentarios. Eran aquellos los tiempos de la euforia consumista y la ilusión de riqueza. CAP entrega a Luis Herrera Campins en 1979, un país endeudado que todavía disfruta de altos precios petroleros, lo que permite a éste prorrogar la asunción definitiva de las medidas neoliberales, aunque aplica algunas que sus Chicago’s Boys proponen; observándose, sin embargo, el crecimiento de la deuda a la par que disminuían los ingresos petroleros y las reservas internacionales, en parte por la caída de los precios petroleros, en parte por la fuga de divisas propiciada por los sectores económicamente poderosos, lo que a la larga obligará a la devaluación del bolívar y al establecimiento del control de cambio el 18 de febrero de 1983, conocido como el Viernes Negro. Se cierra aquí la época del “ta’barato, dame dos” y los sectores medios y populares de la sociedad comienzan a sentir gravemente los efectos e la crisis económica. Herrera entrega el poder en 1984 a Jaime Lusinchi, quien se planteará la renegociación y pago de la deuda, logrando la primero, pero en términos leoninos para el país, generándose mayor endeudamiento, a la vez que crecía la corrupción que ya se había disparado con CAP y LHC.
Durante el gobierno de Lusinchi, el movimiento estudiantil desempeña un rol estelar en la movilización contra el gobierno y sus erráticas políticas, a lo que respondió el régimen con represión, con sus secuelas de estudiantes muertos, heridos y encarcelados. La “Masacre de Tazón” de 1984 y el “Marzo Merideño” de 1987, y las correspondientes movilizaciones y organización estudiantil, son emblemáticos en ese periodo. Al finalizar éste, quedaba demostrado que con los adecos no se vive mejor; el régimen de partidos entra en crisis; el país está en bancarrota; hay desabastecimiento causado por el acaparamiento; de modo que el propio CAP, en su ambición de volver a la Presidencia del país, hace campaña electoral distanciándose de Lusinchi y alentando en el pueblo la vuelta a los tiempos de bonanza. Su actitud le hizo ganar las elecciones de 1988, pero en 1989 anunció las medidas a aplicar evidenciándose que ese retorno no sería inmediato ni fácil.
Pocos días después del acto de asunción a la Presidencia, que constituyó una demostración de fastuosidad y derroche, CAP, en febrero de 1989, anuncia sus medidas económicas, contenidas en el programa El Gran Viraje, entre ellas la devaluación del bolívar, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, eliminación de subsidios, desregulación del mercado de trabajo, privatización de las empresas públicas, aumento del precio de la gasolina y del transporte, entre otras, a la par que ofrecía medidas compensatorias, insuficientes por demás, para los sectores populares, optando por el “shock” en la aplicación de la receta del FMI.
Para un pueblo que acudió a las urnas con la ilusión de retornar a la Gran Venezuela; que fue deslumbrado por el acto de asunción a la Presidencia de CAP, que en las notas sociales de los medios observaba el derroche de familias burguesas; que sufría para adquirir los productos de la canasta alimentaria, acaparados por inescrupulosos empresarios grandes, pequeños y medianos; para ese pueblo esperanzado, ese anuncio fue desilusionante; ya era pobre y con lo poco que tenía no podía adquirir sus productos básicos, y aún así se le pidió asumir la austeridad como un modo de vida. La resignación, tal como había sido asumida durante la década, pareció dominar al pueblo; pero, solo bastó un detonante para que salieran a flote la desilusión y la rabia, tomando los espacios públicos y los privados, estos últimos en búsqueda de lo que se le negaba con el acaparamiento y lo que se le ofrecía en una sociedad de consumo.
Quien este escribe no es de los que creen que todo fue espontáneo el 27 y 28 de febrero. Los ánimos de la gente demostraban contrariedad, descontento, rabia; pero los partidos parlamentarios habían perdido su capacidad mediadora entre Estado y Sociedad, los sindicalistas adecos habían apoyado a CAP y postrado ante su gabinete neoliberal; las asociaciones civiles y fundaciones que se decían representar a la sociedad civil se limitaban a sus espacios de influencia, especialmente vecinal; las organizaciones políticas revolucionarias no interpretaron el momento sociopolítico; pero, el movimiento estudiantil, ese que había retado y enfrentado a Lusinchi, seguía movilizado, y en las calles acompañó al pueblo en sus primeras protestas en Guarenas, Guatire, Caracas, Maracay, Valencia, y por donde ese extendió el fenómeno.
En la videoteca de RCTV, sino la han borrado, debe estar la cinta de un emisión del noticiero del 27 de febrero, donde, denunciando la situación abusiva contra el pueblo, apareció Yulimar Reyes, dirigente estudiantil de la UCV a quien llamábamos con cariño “Yoko”, de tan frágil apariencia, que quien no la conociera jamás hubiese imaginado tanta fuerza en ella y tanto amor por los pobres de su país; aunque para entonces, a esa hora de la emisión, ya un PM la había asesinado, convirtiéndose en la primera víctima fatal de la represión de ese día. Allí están tantos estudiantes que manifestaron y acompañaron al pueblo en las acciones de protesta de esos días. Luego vendría la más grande represión que población civil habría de sufrir en Venezuela por parte de las fuerzas militares y policiales, en el acto despreciativo por la vida más grande que hubo en nuestro país, siendo ministro de Defensa, Italo del Valle Alliegro, y del Interior, Alejandro Izaguirre.
A la desilusión siguió el dolor y la rabia contenida ante la punición injustificada. Pocos años después, esos sentimientos serían canalizados democráticamente para la búsqueda de la construcción de una nueva sociedad.
*Licenciado en Historia-Abogado
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