Presentarse y Reconocerse.

El presente 2016, ha sido un año de una continua y permanente tensión política provista de diferentes y múltiples expresiones. Las más agitadas han sido aquellas que redundan sobre los temas de la guerra económica, el intervencionismo extranjero, el desacato de la asamblea nacional y la diatriba entre quienes buscan la paz y aquellos que solo prevén la desestructuración sistemática y violenta del estado bolivariano como objetivo estratégico de su proposición política.

Bajo la sombra de estas diferentes expresiones de la tensión que existe entre el nuevo proyecto nacional y humanista del bolivarianismo revolucionario y los antiguos modos de la política proclive al liberalismo y neoliberalismo del capital, muchas veces pasan de incognito algunas otras expresiones y procesos que se movilizan por entre el pueblo y en las calles y entre las organizaciones populares y en las instituciones del estado, sin hacer mucho ruido, sin titular la prensa nacional, pero andando a ritmos acompasados con las crisis de mayor relevancia mediática, y por tanto, gozando, alternadamente, tanto de momentos de celeridad y progreso como de otros momentos de relantizamiento y frustración.

Ejemplos de ello pueden encontrase en los componentes pedagógicos del sistema educativo, en los procesos íntimos de la organización comunal, en la cotidianidad de los procesos constructivos de la nueva fuerza laboral agropecuaria y, también incluso, por no seguir contando, en una posible reconfiguración cultural urbanística que supone la velocidad y dimensión de la Gran Misión Vivienda . Allí, en cada uno de estos ámbitos o aspectos que se relacionan directamente con la vida cotidiana de las gentes, existen procesos de acumulación y de cambio en diferentes direcciones que no son ampliamente publicitados y que, seguramente, requieren de una mayor visibilización y una mayor participación pública que los catalice y les ayude a tomar con mayor seguridad y rapidez rumbos acertados.

Del mismo talante, pero relacionado con el Sistema de Justicia de nuestro país, en este Foro nos hemos convocado a muchas manos con el propósito de observar, visibilizar amplia y públicamente, o por lo menos iniciar tal tarea, al proceso de apertura del Poder Judicial para integrar la participación democrática, protagónica y soberana en los asuntos de la justicia que el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013/19 inició ya hace algunos años, y del cual no hay noticia rimbombante cotidiana de orden nacional, pero que tiene su propio ritmo cotidiano institucional y popular. Nuestro pueblo, sea en expresiones individuales o colectivas busca todos los días el bien preciado de la justicia.

La ocasión y oportunidad especiales en este Foro, las suscita el tema de las Mesas Populares de Justicia y su relación con el concepto de Justicia Social que es base de la construcción bolivariana. La convocatoria ha intentado, en vez de parametrizar, ampliar las temáticas asociadas al asunto de la organización popular y su relación con el estado frente a los asuntos de la justicia. De tal suerte, el Foro no ha podido dejar de hacer de la participación de cualquiera, haya preparado ponencia o no, un momento esencial en el que escucharnos para reconocernos nos habilitaría para entender cuáles son las preocupaciones o problemáticas sensibles y quienes los protagonistas de las mismas y así identificar el carácter y cualidades de este mismo Foro.

 

Discusiones y problemáticas más sensibles.

¿Quiénes estamos aquí? ¿Somos válidos para hablar y decidir sobre del tema?

En el auditorio se encuentran presentes hombres y mujeres abogados, jóvenes, obreros, agricultores, filósofos, politólogos, técnicos y autodidactas, cuyos oficios laborales o roles sociales se extienden entre la categorías del profesorado universitario, liderazgo barrial y comunal, jueces y personal del poder judicial, conductores de vehículos, sacerdocio o pastorado, administradores públicos, estudiantes, trabajadores sociales y cultores artísticos.

Se trata de un grupo de cerca de cien personas cuya diversidad, extrañamente, hace que surja un cuestionamiento. ¿Dónde está el poder popular? Esta discusión sobre Mesas populares de Justicia ¿no debería hacerse estando presente el pueblo?

Llevar esta discusión a pueblos, barrios y veredas es importante. La primera concepción que tenemos de la comunidad, por costumbre y dada la experiencia constructiva comunal de los últimos años, está ligada profundamente al territorio, y eso es esencial para la construcción del poder popular, pero no es excluyente de los ámbitos movimientales donde se construye la política. Como pueblo hemos realizado luchas que han terminado en exitosas definiciones organizativas de lo popular, con expresiones territoriales y comunitarias hoy fortalecidas, pero que en sus orígenes vinieron también desde la discusión académica y política; desde la clandestinidad; desde la no pertenencia de nada, siendo puro movimiento social y político.

Ahí tenemos por ejemplo al movimiento de conserjes, o el de los motorizados que logra licencia y espacio vital para ser reconocidos, o el movimiento de pobladores. Luchas en las que no solo estaba el o la conserje, el motorizado o la madre de familia. Allí estuvieron los estudiantes los abogados, los funcionarios públicos y las solidaridades de otras comunidades buscando, entre todos, la legitimidad y logro de los propósitos populares. Incluso, hay luchas como por ejemplo la transformación del Código Penal en las que movimientos tales como Misión Justicia han realizado esfuerzos importantes, siendo esta una organización con presencia territorial pero su carácter no definido por la territorialidad.

En esta reunión, somos pueblo, pueblo juez, pueblo abogado, pueblo cumpliendo un papel como conductor de un vehículo, secretario/a, habitante de un barrio, estudiante, artista, etc., pero pueblo revolucionario, reflexivo y en pie de lucha, venido de la historia bicentenaria de las gestas por independencia y autodeterminación, y de la historia reciente de triunfos revolucionarios al lado de nuestro Comandante Eterno. La discusión sobre el tema de la justicia y la profundidad de sus aplicaciones nos pertenece a todos nosotros sin límite alguno.

 

Diferentes caracteres y visiones sobre las Mesas Populares de Justicia.

Dependiendo de los contextos y experiencias específicas de cada participante se ha abierto un abanico de posibles definiciones de las Mesas Populares de Justicia. Se dice que las mesas tendrían como propósito,

- Realizar la contraloría y procesos de fiscalización del actual Poder Judicial.

- Asumir directamente las causas penales de delitos menos graves.

- Definir los alcances y marcos legales de la nueva gobernabilidad y territorialidad del Estado Comunal.

- Las mesas deben a atender, entender, cultivar, ordenar y enriquecer el orden general y específico que la comunidad considera que es justa.

- Convertirse en el escenario reflexivo predilecto de la construcción de la justicia social.

- Las mesas populares de justicia no pueden ser más sino el vinculo de construcción de solución de problemáticas puntuales desde el territorio, con respuestas propias.

Pero que para ello es necesario tener en cuenta algunas características tales como:

- Definir el carácter autónomo de las mesas como contralores o como administradores de justicia. La estructura de mesas populares de justicia debe definir si será parte institucional del estado actual o de un nuevo modelo.

- El poder judicial actual asistiría a las comunidades con procesos educativos sobre administración de la justicia.

- Las mesas de justicia no pueden ser la extensión del estado, sino deben ser formas que se construyan desde la comunidad.

- Deben ser procesos de construcción definidos territorialmente por el campo de ejercicio de las Comunas y los corredores comunales.

- No solo se trata de los temas relacionados al Código Penal. Asuntos civiles, administrativos y comerciales invitan a pensar en la necesidad de abrir mesas populares de justicia desde las comunidades de transportistas, pobladores, movimientos de género y otros.

- ¿Para qué son las mesas de justicia? ¿Son para administrar la justicia en nombre del estado o para construirla?

- Las mesas de justicia deben construirse desde una lógica del mutuo cuidado entre todos, como sujetos en conjunto entre todos, la lógica de la preservación del otro y del cuidado. No solo corresponde a la familia, sino que si es esta un emergente social, conectarla con lo comunitario. El poder popular debe asumirse como idea de corresponsabilidad. Esto es, ¿cómo se juega la justicia más allá de lo legal, como se hace lo justo legítimo y no lo legal injusto?

- Trabajar desde la comunidad desde las necesidades más sentidas. Revisando el tema de las necesidades impuestas. Revisar también las nociones de la justicia que tienen las personas desde sus diferentes y propias lógicas. No pensarlo solo desde el ámbito legal. Esto es complejo pero se debe partir de lo cotidiano. Si lo construimos desde esa lógica es más factible que se haga.

- Las mesas populares de justicia debe profundizar en su marco legal pues este mecanismo toca muchos intereses, irrumpe en el sistema actual.

Y también, un conjunto de elementos del contexto actual en el que hoy se ejerce justicia.

- ¿Cómo compartir la responsabilidad en cuanto a la administración de justicia se refiere con el Estado en un contexto de transición revolucionaria?

- La realidad nos dice que el clasismo y el racismo continúan siendo rectores críticos de la administración de justicia. Ejerce justicia aquí sólo quien tiene poder económico y condición para ejercer fuerza física.

- En los asuntos penales de mayor o menor relevancia hay un amplio conjunto que es administrado por los llamados pranatos desde las cárceles y las bandas armadas de criminales.

- La narrativa de la tv y el cine alimenta la exacción de los jóvenes de la sociedad y los condena a la cárcel y otros males. Medios masivos de información y también las redes sociales, afectan el control de la mente, y fracturan al sujeto, a la comunidad. Los contenidos mediáticos hacen que se reproduzca una cierta práctica social, en nuestro caso, injusta.

- No existe un concepto de justicia real en nuestra sociedad que incluya verdaderamente la reparación, hay sólo una orientación de pago de la pena, con el trabajo duro y con la materialidad que consigue.

Con esto queda sentada la idea de que aún nos falta mucho por definir, sin embargo hemos llegado a un punto de comprensión del tema muy importante: las mesas populares de justicia son un tema que debe ser tratado sin la ligereza del apuro mecanicista que podría trasladar las mismas problemáticas que hoy tiene el sistema de justicia a los espacios comunitarios sin poder resolver la aspiración de justicia.

En adelante, los aportes vivenciales e intelectuales de María Alejandra Diaz, Edgar Moros y Alejandro Ochoa, y todos los ponentes que aportaron su escritura, nos permitieron decodificar tres problemáticas de fondo consideradas determinantes en la constitución de las mesas populares de justicia.

 

La inercia de lo viejo: ineficiencia, corrupción, violencia. La alteridad.

Tenemos que revisar de qué es lo que en términos administrativos realmente se está hablando, porque la visión más común que se detecta es que las mesas asumirían, en pequeño, el papel actual del poder judicial, para asuntos menos graves, pero portando toda la estructura del carácter positivista del derecho que ha constituido y defendido al estado burgués. Se puede caer en el error de realizar por vía de las mesas una descentralización y empequeñecimiento del Estado, desfogue de la ineficiencia liberal, a la usanza de las premisas administrativas del neoliberalismo. Se trataría de un reflejo de un sistema antiguo colonizado y pro-burgués, inserto dentro de las novedades organizativas comunales que ha creado la revolución.

El problema de la justicia no es solo de la administración que realiza el Poder Judicial. Se trata también de los demás Poderes, del poder ciudadano que se corrompe, de las policías y cuerpos de seguridad. La estructura de relaciones sociales de Venezuela alimentada con las ineficiencias y corrupciones del Estado hace de nuestro país un escenario extremadamente violento. Existe además una violencia solapada, oculta, que nos hace mucho daño: la indiferencia o desconocimiento de esta realidad. Quienes aún no sufrimos directamente situaciones de violencia, nos hacemos de la vista gorda. Y tampoco vemos que la justicia va más allá de castigar el hecho delictivo violento.

Si vamos atrás, debemos recordar que desde los años 80 ya hablábamos de justicia de paz. Quizá el problema es que no hemos terminado de definir lo que es justo; ¿qué es? ¿El cuidado del orden o la restitución del daño causado?

Se ha perdido la oportunidad de repensar el estado más allá del estado burgués. Hay dos discursos, uno que defiende el estado burgués y otro que tiene que ver con pensar que los movimientos comunitarios son movimientos que buscan crear desde lo local hasta lo global un nuevo orden. No hay nada más discutido que el tema de la justicia. El acto de justicia es una interpelación al otro, como contraste ético político. No podemos hablar de justicia sin conflicto de intereses, el otro se nos presenta como contrario, o en último caso como referencia de mi sentido de justicia. Pero en la condición actual de polarizaciones políticas, ya no podemos ver al otro sino el estereotipo del mal, el guarimbero o el chavista, esto ya compone un acto burdo de violencia.

¿Cuál sería la característica que deben tener los movimientos sociales, para construir la justicia desde los movimientos populares? El estado no es el enemigo a vencer ni el proveedor a cuidar. Es el que tenemos que construir. Nosotros debemos plantear las relaciones del estado interiorizando que no se trata solo el gobierno sino de todo el Estado. Por ejemplo ¿quiénes saben que existe un plan estratégico?. Debemos plantearnos desde lo comunal construirlo. Procurar un espacio de tal suerte que el pensamiento de aquel que piensa distinto a mí, junto al mío, puedan construir una plataforma común. El problema es que queremos que los otros sean como nosotros y que la realidad está hecha exclusivamente de lo pensamos.

Las mesas populares de justicia deben atender, entender, cultivar, ordenar y enriquecer el orden que la comunidad considera que es justa. El proceso educativo de la familia es fundamental. Una familia que se educa bien tiene capacidad de incidir. Esto es el cultivo de la justicia como virtud y no la administración de justicia como un problema del gobierno. Es un espacio de construcción de la comunidad.

Nosotros tenemos altos niveles de justicia soterrada, oculta. Por ejemplo, a las mesas populares de justicia les correspondería la tarea de acompañar a las víctimas y a los victimarios. Cuando ocurre un crimen, la gente siente temor de acercarse tanto a las víctimas como a victimarios. Igual que de la víctima, del victimario, sufre la familia, sufre su comunidad. ¿Cómo atender eso? Es necesario plantear en las Mesas Populares de Justicia que quizá en los espacios de la comunidad que vamos a atender, y en todas de todo el país, se esté facturando una crisis de pérdida de humanidad cada vez que ocurre un asesinato. Debemos hacer de la justicia un problema no por tener que administrarla, sino para convertirla en una virtud que todos y todas tenemos que manejar.

 

La justicia es un concepto y una realidad en permanente construcción.

Jorge Agudelo piensa que "la justicia comunal tiene retos, desafíos, obligaciones y propósitos judiciales, educacionales y culturales con dimensiones jurídicas, epistemológicas, pedagógicas, didácticas y axiológicas; que exigen para su administración la equidad con igualdad y justicia inmersa y garantizada en el texto constitucional y las leyes nacionales, y entrañablemente en las escuelas con su sistema de valores y su planificación estratégica, para una educación con la promoción de conocimientos pertinentes y contextualizados, según las realidades, necesidades e intereses familiares y comunitarios;"

Jose Gabriel Peña señala que desde su experiencia de vida, "no me cabe la menor duda de que nuestro sistema de administración de justicia se desprende en muchos casos de la verdadera justicia social, esa justicia que queremos construir desde las bases, desde el poder popular." Las mesas populares de justicia son una propuesta que "ayuda a completar el esquema general con que se busca desarrollar y consolidar la participación del poder popular y su ciudadanía, en el ejercicio soberano de su propia determinación, referida a los asuntos de la administración de justicia y la búsqueda misma de la justicia social."

Edgar Moros considera que "cada comunidad, pequeñita o más numerosa se dará sus formas propias de organización que les permitan guiar, dirigir, conducir, la justicia de misericordia. En mi comunidad de base eclesial tenemos un cuerpo directivo o Consistorio, elegido democráticamente por la misma comunidad. Éste está integrado por adultos de ambos géneros, por personas de la tercera edad, por jóvenes de ambos géneros. Además de dirigir las actividades eclesiales, se trabaja en el cuidado de los miembros de la comunidad, levantando al caído, animando al que pierde la esperanza, corrigiendo al que comete alguna falta leve, ejerciendo y administrando una justicia misericordiosa."

Carolina Santiago y Rocio Briceño decidieron "… como enfoque político asumir, este espacio y nuestro aporte, desde una perspectiva crítica del derecho como práctica social que en su función reguladora, represora, protectora y normalizadora de relaciones sociales, está atravesado por dinámicas de poder a las cuales responde. Esta mirada crítica que no responde a neutralidades nos exige aclarar que tenemos un compromiso con la organización del Poder Popular en Venezuela.

En tal sentido, consideramos que el desafío pasa por avanzar hacia el socialismo, potenciando al poder popular como único poder capaz de desarticular las tramas de opresión, desigualdad, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva forma de ejercer el poder; nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo."

Maira Mora nos recuerda que "la perspectiva crítica del derecho además revela que tampoco el derecho permite el logro de la "justicia" ni garantiza su realización dentro de la sociedad, pues como lo establece Marx (1977) citado en el libro El pensamiento Marxista y el Derecho, concepto fundamental basado en el materialismo histórico cito: "la justicia y el derecho son un ‘falso problema’, es decir un concepto que nace con una contradicción intrínseca por cuanto no puede existir justicia sin desentrañar las diferencias de clase existentes en el seno de las sociedades". Esto significa que para resolver el problema de la justicia primero se debe resolver las contradicciones de clase, es decir la existencia de explotadores y explotados esencialmente."

Y Marco Villalobos cree que "lo fundamental, nuevamente reside en la participación y sus mecanismos, que no deben limitarse, que deben debatirse, que debe respetarse su máxima amplitud y la diversidad en sus formas. La máxima felicidad y justicia social posibles solo se darán con la máxima cantidad y diversidad de participaciones posibles. Objetivada, la justicia es un bien común en construcción y es la forma como los seres humanos tendremos la posibilidad de brindarle oportunidades sostenibles a nuestra existencia."

 

Una disputa por el poder está en el fondo de todo.

Finamente María Alejandra Díaz nos recuerda esta gran advertencia. No olvidemos que detrás de todos los problemas de justicia y de todas las decisiones políticas y administrativas al interior del Poder Judicial está de fondo una y varias disputas de poder.

Hugo Chávez entendió que para poder transformar y refundar la república había que meterse en la lógica de las instituciones. No podemos ser ingenuos; el estado burgués está intacto, fortalecido y de espaldas al paradigma de la democracia protagónica y participativa; de espaldas al poder popular. Chávez lo entendió, insurgió y desde su posición de poder hizo todo lo posible por abrir espacios y caminos.

El tema de la justicia de paz comunal dentro de la justicia formal, es un experimento que busca darle poder al pueblo para que pueda ser protagonista de esto. Esta construcción colectiva aborda un problema histórico. La Constitución de 1999 entra como un quiebre histórico que busca más la participación y confluencia de las voluntades populares en una nueva construcción que el establecimiento de las formalidades regulatorias del estado.

Para aquellos que se refieren con frecuencia a la necesidad de establecer un marco jurídico, se les debe advertir que continúan pegados en el viejo paradigma. Debemos despegarnos de la formalidad del derecho. Uno de los problemas graves que tenemos es la cuadratura de los que administran justicia en la interpretación de la norma. Se pretende administrar justicia en nombre del pueblo pero termina realizándose a de espaldas a este.

¿Qué hacemos entonces? Se debe tomar una decisión histórica por parte de quienes impulsan o consideran importante la construcción de mesas populares de justicia. Vamos a tomar los espacios que la propia institución nos abrió. Es necesario copar dichos espacios porque al no hacerlo los toma el poder formal, de derechas o izquierdas, pero defensor del statu-quo ajeno al interés popular.

Este es un tema de poder. No nos van a dar espacios fácilmente, no nos lo van a facilitar, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. ¿Que vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos por fuera? ¿A quien le vamos a dejar el papel, a los que están cómodos en la institucionalidad? Hay que dar la pelea. No podemos esperar que nos abran los espacios. No nos los abrirán.

Considero que hay unos procesos de socialización neurálgicos sobre los que se debe trabajar y lograr determinarlos para modificar nuestra cultura y conciencia política nacionales partiendo incluso desde el ser niño o niña: los medios, la familia, los pares y otros agregados, la iglesia, los partidos políticos.

Chávez entendió que la única manera de irrumpir el sistema es metiéndose en este monstruo. No es lo mismo para los hijos de esta época. A nosotros nos tocaron otros procesos y otras realidades menos cómodas que a las generaciones actuales. Ahora bien, ¿A quién le vamos a dejar la tarea de hacer la revolución dentro del poder judicial? No hemos logrado partirle el espinazo a lo económico y al sistema de justicia. Siendo un problema de orden generacional es necesario insistir en la necesidad de tomar los espacios que sean necesarios en los procesos de socialización y creación de cultura política que acabamos de mencionar.

El mensaje que doy, el llamado, es que no creamos que otros van a hacer el trabajo por nosotros, desde el lugar que nos encontremos, donde estemos, debemos hacer el trabajo revolucionario.

El Articulo 26 de la constitución nos invita a pensar en la necesidad de que exista un activismo judicial por parte de los jueces, quienes tienen que comprometerse con el otro. Es un trabajo cultural, generacional. Entonces debemos escoger hombres probos, con sentido social, el juez activista, el comprometido, el militante, sabrá hacer cumplir el mandato constitucional.

Pero a este juez hay que buscarlo en la comunidad; ahí está el germen de la revolución, que es la solidaridad con el otro. Es la esencia del cristianismo. De eso hablaba Chávez. Invito a que no abandonemos la lucha. Este camino no va a ser fácil. Dar un paso adelante para atrás ni para agarrar impulso. Estamos en la obligación histórica, espacio que se abra referido a las posibilidades y destinos del poder popular, hay que tomarlo. No tenemos derecho a abandonar la lucha. Es una lucha por la sobrevivencia. Este es un problema geopolítico. Nos estamos enfrentando al imperio más grande y genocida del planeta. Nos estamos jugando la vida. Espacio que el estado burgués nos ofrezca debemos ocuparlo. El ejemplo es Chávez. Tenemos un marco jurídico que no necesita que tengamos una ley que nos rija. Somos poder constituyente.

Reflexionando sobre los CLAPS: esta iniciativa ha hecho que la gente se organice y avance. Es un ejemplo. Ya tenemos el marco legal, incluso las iniciativas de justicia de paz comunal. Ese ejercicio que permitiría que el mismo poder comunal escoja quien estará allá como juez hay que aprovecharlo. Y desde allí, irradiar el entorno. Lo más novedoso de ese espacio es que las comunidades se pueden constituir en contralores de esos operadores de justicia (jueces de paz), con la cualidad de tratarse de los propios vecinos.

Por último, el llamado a que más allá de todos los escollos, hay que seguir avanzando, resistiendo y con paciencia, tolerancia, constancia y mucha disciplina.

 

Las Ponencias:

Dejamos en consideración algunas de las ponencias que se presentaron en este Foro. No están todas pues algunas aún no han sido escritas aunque ya han sido presentadas y representadas en diferentes espacios de discusión. Es importante seguir escribiendo y sobre todo seguir debatiendo públicamente los temas relacionados a la construcción de la justicia social. La defensa del bien común pasa por la configuración de los escenarios del debate público. Todo lo demás es parte de lo privado y oculto que se hace a espaldas de nuestro pueblo.

Mesas Populares de Justicia: una apuesta política para la Revolución del Sistema de Justicia

La desigualdad es el combustible,

el pueblo es la candela,

y viene el proyecto y lo sopla.

Luis Brito García, prólogo

Razones para una Revolución

Del Estado y su papel en el proceso

El Estado venezolano que conocemos, su estructura, su fundamento jurídico y su correlación con el sistema económico es devenir histórico de las relaciones de poder que han caracterizado a la sociedad venezolana.

Con la invasión europea en el siglo XVI y con la Colonia entre los siglos XVII y XVIII, se iniciaron nuevas formas de exclusión social, fortalecidas con la aparición de las clases sociales y de una ideología racista que discriminaba a los mestizos y a los pobres.[1] Este proceso sentó las bases para una permanente y estructurada desigualdad social. La herencia colonial permitió la institucionalización de esta desigualdad como forma estructural de violencia. Echó los cimientos para la edificación de una institucionalidad racista, clasista y patriarcal reproducida en el marco del proyecto civilizatorio moderno con su sistema económico capital-rentista y su división formal de los Poderes Públicos hasta la constitución de lo que conocemos como Estado de Derecho.

El proceso constituyente, como manifestación popular puso fin a la división tripartita de los Poderes del Estado. La refundación de la República de manera formal, comienza con la reconfiguración del Estado venezolano en un sistema de poderes de mayor amplitud y en una reconfiguración de sus principios y fines.

Pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social, de Derecho y de Justicia, fueron los primeros pasos para construcción de un nuevo sistema de gobierno que devino en una serie de esfuerzos y propuestas para el empoderamiento popular. A partir de acá se fueron construyendo orgánicas y procesos con respaldo constitucional y legal, se vino edificando una forma de administración pública y con ella una nueva forma de hacer política.

El proceso político venezolano, del que somos parte, el cual venimos construyendo, y sus tensiones ante la actual coyuntura, nos convoca a pensar desde una perspectiva crítica las diversas esferas de ejercicio de poder, desde su dimensión jurídica, social, administrativa y judicial. Desde esta mirada, descartamos la una neutralidad valorativa respecto a la justicia, porque nos asumimos sujetx con capacidad de llevar procesos de conocimiento y transformación de las realidades que vivimos, de las relaciones que como tal nos atraviesan.

Si evaluamos el papel del Poder Judicial en este proceso, podemos decir que este ha fungido históricamente como criminalizador de las luchas populares: criminaliza la lucha por la tierra, la lucha de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, sus dinámicas privilegian a unas en desventaja de otras reafirmándose así el carácter clasista de la Administración de Justicia.

Este contexto, ha implicado recelo en la participación del sujeto popular en cualesquiera sean las iniciativas que el Estado emprenda en función de cumplir con los objetivos que nos hemos planteado desde el proceso constituyente y desde la puesta en marcha del socialismo del siglo XXI como proyecto político. Por tanto, es necesario desarrollar procesos de participación que generen cuestionamientos a la estructura del Poder Judicial para trascender la perspectiva tradicional de Justica así como la del Estado de Derecho y así hacer hegemónica defensa del débil jurídico

La institucionalidad del Proceso Revolucionario debe respaldar sus acciones con el Pueblo, para garantizar sus derechos. Entendemos así, al Poder Judicial como espacio estratégico no sólo para la contención del Poder Legislativo -entendiendo la actual correlación de fuerzas- sino también debe fungir como defensor de los derechos del pueblo, revirtiendo los procesos criminalizadores de las luchas populares y contribuyendo a la construcción de un tejido social capaz de liderar los procesos de transformación. Para esto, es fundamental que el Poder Judicial se impregne del ejercicio del Poder Popular, que acompañe sus procesos de forma transparente, permitiendo visibilizar la orgánica popular y el ejercicio de la contraloría social sobre los procesos judiciales: parte de la sanación del Poder Judicial es dejarse transformar por el Poder Popular.

Decidimos como enfoque político asumir, este espacio y nuestro aporte, desde una perspectiva crítica del derecho como práctica social que en su función reguladora, represora, protectora y normalizadora de relaciones sociales, está atravesado por dinámicas de poder a las cuales responde. Esta mirada crítica que no responde a neutralidades nos exige aclarar que tenemos un compromiso con la organización del Poder Popular en Venezuela.

En tal sentido, consideramos que el desafío pasa por avanzar hacia el socialismo, potenciando al poder popular como único poder capaz de desarticular las tramas de opresión, desigualdad, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva forma de ejercer el poder; nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo.

 

Mesas Populares de Justicia: la apuesta política para la construcción de una Justicia Social

El contexto político que atraviesa la región latinoamericana es, y ya es modesto decirlo, complejo. Estamos ante una avanzada neoliberal en el continente que pone a prueba la capacidad movilizadora y el ejercicio de poder contenido en la alianza de los pueblos.

En el país, es un consenso -en el debate posterior al 6D- que transitamos una crisis política que pone en prueba de fuego a la Revolución Bolivariana, está en cuestionamiento desde todas las esferas nuestra forma de hacer política.

El momento nos convoca a analizar nuestros errores, las prácticas clientelistas y el rentismo como dos brazos del mismo enemigo, sumados a la reducción de tareas claves de la revolución en trámites administrativos, burocráticos, en fin despolitizados, es clara muestra de que peligra el rumbo estratégico que el mismo Comandante Chávez construyó junto a su Pueblo.

La atmósfera es densa y existe un repliegue de las fuerzas revolucionarias que amenaza con estancar los procesos de transformación en curso. Sin embargo, estamos no solo ante una situación de resistencia frente al capital sino también frente a la posibilidad de construir alternativas. Las condiciones existen para la reagrupación y avance de los procesos organizativos revolucionarios en esta nueva etapa.

El reagrupar al chavismo en este proceso es estratégico, y esto no pasa por lanzar una nueva iniciativa efectista, mediática, sino por fortalecer el bloque popular chavista y su Sistema de Gobierno Popular[2], que sin lugar a dudas ya tiene parte importante de sus bases construidas: instancias de toma de decisión, espacios para la planificación social, encadenamientos productivos comunales, reordenación del territorio, y las instancias de creación, articulación y desarrollo de políticas públicas de alcance nacional con el ejecutivo.

 

¿Por qué las Mesas Populares de Justicia?

El Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019 nos propone un proceso de transformación en la Administración de Justicia. Para ello, una de sus líneas estratégicas consiste en Potenciar la Participación Social, profundizándola en el accionar de los órganos que conforman el Poder Judicial y en la administración de justicia como expresión de soberanía popular, contribuyendo a incrementar la cultura jurídica de paz en la población[3]. Facilitar estos procesos es parte de la deuda que el Poder Judicial tiene con nuestro entramado constitucional, parte de lo que el Estado aún debe a nuestro proyecto de sociedad: crear las condiciones para que desde la gente se ejerza la potestad de administrar justicia.

 

¿Qué debe hacer una mesa popular de justicia?

Desde nuestra experiencia consideramos indispensable definir la hechura política de estas mesas mediante debate abierto con los diversos sistemas de agregación que conforman el Sistema de Gobierno Popular, los movimientos sociales, y populares, los servidores públicos –comprometidos con los procesos de transformación- los diversos sistemas alternativos de justicia y la ciudadanía. En el marco de esta construcción colectiva con la base popular venezolana, asomamos algunos principios de trabajo que pudieren tomarse en cuenta durante el proceso:

Las Mesas Populares de Justicia deben ser un espacio de dialogo, de legislación, contraloría y concreción de políticas. Deben asumirse como objetivos: construir procesos de empoderamiento popular y el desmontar el viejo Estado de derecho que se configura en una administración de justicia racista y clasista.

Debe haber pertinencia política de los procesos que se aperturen, esto implica entender la participación como una esencialidad política, no jurídica.

Debe privar una lógica de acompañamiento y reconocimiento de las luchas históricas del pueblo.

Nos deben orientar principios pedagógicos y antropológicos: reconocimiento de saberes populares en la construcción de instancias y criterios de participación popular: Esta producción debe partir de reconocer la construcción cotidiana de conocimiento que se genera en los espacios del autogobierno.

No debemos repetir la lógica del Estado liberal con la división de poderes: la asamblea de ciudadanos es la autoridad máxima para la toma de decisiones. Por ello debemos combatir el tutelaje, el burocratismo, corrupción, sectarismo, populismo y el clientelismo, todos los antivalores inherentes al capitalismo.

Las Mesas populares de Justicia son un instrumento para hacer irreversible la revolución. Por ello, debe apuntar para la unidad de las fuerzas revolucionarias, ser un instrumento político de contrapeso a la avanzada de la derecha en la Asamblea Nacional.

En su proceso de constitución no podemos reproducir la ordenación colonial del territorio al plantear las mesas por parroquias invisibilizando la nueva geometría del poder construida en el seno de la Revolución: nuestra agenda debe apuntar hacia la territorialización de las mesas convirtiéndose así en instancias en permanente articulación con el sistema de gobierno popular: el consejo comunal y la comuna construye desde sus diversas vocerías un entramado organizativo coherente que debe ser tomado en cuenta.

Los sujetos políticos de estas mesas se constituyen en la base popular venezolana: hombres y mujeres en toda su diversidad: transexuales, transgéneros, lesbianas, homosexuales, afrodescendientes, indígenas, trabajadores y trabajadoras, deportistas, cultores y cultoras, intelectuales, entre otros; el movimiento popular organizado, también en toda su dimensión, respetando los sistemas de agregación comunal, están incluidos: colectivos, sindicatos, cultorxs, partidos, movimientos sociales, feministas, etc. Y servidorxs públicxs como sujetos de acompañamiento.

Las mesas no pueden mirarse como espacios de desconcentración del poder constituido. No son entramados para descongestionar al Poder Judicial, tampoco puentes u oficinas de atención que sólo responden a lógicas clientelares que invisibilizan las necesarias transformaciones. Por esto; en cuanto a la participación del Poder Judicial, es fundamental asumir una lógica de acompañamiento de la lucha popular. Los Servidores y servidoras de la Administración Pública no deberán constituir la mayoría porcentual de la mesa. Proponemos una participación del 30% de servidores públicos en calidad de acompañantes del proceso, frente a un 70% de voceros y voceras del poder popular.

 

De las posibles áreas de acción:

o Contraloría: sobre los órganos que administran justicia

o Legislación: participación en las cartas comunales, propuestas de ley y reglamentos.

o Formación: construcción espacios y/o procesos formativos para fortalecer el ejercicio del Poder Popular en la administración de justicia.

o Investigación y sistematización de su propia experiencia y del diálogo de saberes entre los diversos y alternativos medios de justicia.

o Acompañamiento dentro de los procesos judiciales que interesen o involucren a sujetos de su comunidad.

o Coordinación de instancias: para la participación, control y evaluación del accionar del Sistema de Justicia así como la promoción de nuevas estructuras de administración de justicia.[4]

La transformación del sistema de justicia implica un cambio en la cosmovisión de las lógicas cultivadas en el Estado de Derecho. Implica a su vez, asumir el compromiso desde el bloque popular, de construir un espacio que en el ejercicio de resolución de conflictos en los territorios permita procesos de empoderamiento.

Creemos que la consolidación de la paz y la justicia social pasa por la construcción permanente en función de la liberación de los territorios. Partir de acá para el impulso de las Mesas Populares de Justicia implica asumir el gran acumulado organizativo popular que la Revolución ha construido con capacidad real de incidencia en la política.

Dra. Rocío Briceño Valbuena

Dra. Carolina Santiago

Octubre, 2016

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[1] Cristina Iglesias "India, mestiza y cautiva" en "500 años de patriarcado en el Nuevo Mundo citado por Sanoja y Vargas: La Revolución Bolivariana. Volumen III, 2015.p. 198.

[2] Gerardo Rojas: La participación protagónica del Pueblo en la construcción del Sistema de Gobierno Popular, 2015.

[3] Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019. Eje Estratégico III. p 10

[4] Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019 Objetivos: 3.1.4; 3.1.2 y 3.3.1.