Son muchas las razones para repudiar y rechazar la pretendida Ley de Amnistía y Reconciliación que las fuerzas reaccionarias del fascismo criollo intentan presentar ante la opinión pública del mundo, cual vulgar operación de contrabando jurídico y moral en desprecio de los fundamentales valores de la vida humana.
Y lo decimos así porque este paquete jurídico intenta pasarse por el forro de su propia piel, el dolor de cientos de familias venezolanas que todavía hoy sufren las secuelas de los actos terroristas de abril de 2013 y febrero de 2014; acciones que dejaron más de cincuenta ciudadanos fallecidos, más de ochocientos compatriotas heridos, además de una infraestructura pública destruida valorada en miles de millones de bolívares tras los objetivos planteados por la derecha política de derrocar al gobierno chavista y constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Afirmamos entonces que es moralmente inaceptable que los promotores de estos hechos criminales, agrupados en partidos oposicionistas y comandos de ultraderecha atendiendo directrices de voceros desde las ciudades de Panamá, Miami, Medellín y Cúcuta, sean los que redacten una ley de auto-perdón negando así los principios constitucionales en materia de derechos humanos, negando el Estado de Derecho, las leyes de la República, los tratados internacionales que condenan precisamente este tipo de delitos tipificados como de Lesa Humanidad.
Esta pretendida ley de auto-perdón no sólo borra del mapa a los responsables directos en la muerte de ciudadanos en acciones de degollamiento, trampas en barricadas, disparos de fusil, arrollamientos, linchamientos, entre otras acciones sediciosas, sino que intenta exculpar de toda responsabilidad penal a connotados corruptos como (Manuel Rosales), a destacados estafadores (Nelson Mezerhane), a homicidas reiterados (Iván Simonovis), a mercenarios y terroristas confesos (Lorent Gómez Saleh).
En fin, si esta “Ley” fuese una orden gubernamental no sólo serían perdonados los homicidas y corruptos señalados, también estarían en esta condición los procesados en delitos como tráfico de drogas, contrabando de armas, manipulación ilegal de explosivos, desobediencia a las leyes, ultraje a funcionarios públicos, rebelión militar, daños a la propiedad y otras faltas que pueden ser contabilizadas en más de 46 delitos.
Correspondiendo con sus funciones de velar por los principios constitucionales de la República, el TSJ acaba de declarar que esta pretendida ley es inconstitucional. Así de claro. Y lo hace señalando que aunque es competencia del parlamento promover amnistías, no significa que éste pueda vulnerar los principios y los valores que inspiran la Constitución.
Recordamos a quien pueda estar apoyando o simpatizando con esta aberrante estafa llamada “Ley de Amnistía y Reconciliación” que quien perdona es la víctima. Los que pueden perdonar a los muchachos de Voluntad Popular son los que hoy van al cementerio a llevar flores a sus deudos. El partido de Leopoldo López no puede invocar rituales de auto-indulgencia por encima de su responsabilidad en la autoría de estas pérdidas humanas.
Asimismo, para que se realice una amnistía a procesados que militan en partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia o ABP, este beneficio implica el reconocimiento del delito por parte de los culpables.
Por lo que sabemos, ninguna organización promotora de estos actos contra la estabilidad de la nación ha dado el primer paso para admitir sus fechorías; al contrario, cada día se muestran más amenazantes, más agresivos, más dispuestos a repetir sus acciones y un Estado de Derecho que quiera preservar la paz y promover la justicia como un alto valor de la democracia, sencillamente, no lo puede permitir.
@fredone3
*periodista venezolano
fremarlu67@gmail.com