Hace casi seis años miles de familia perdieron sus ahorros y sueños por las prácticas  administrativas y de ejecución de proyectos de construcción,  convenientemente estructuradas por
 un grupo de  conocidas empresas de ese sector.  

Estas prácticas en definitiva,  trasladaban los costos de su errática “gerencia”, ventajosa  para ellos y perniciosa para los compradores, que colocaban sus ahorros para adquirir viviendas  en los proyectos que  esas empresas  ofertaban.  

Desde la venta con ajustes constantes, hasta supuestas asociaciones civiles,  que resultaron ser escudos legales y patrimoniales de sus promotores, sistematizando todo para que, el riesgo de la pérdida fuese de los compradores y todas las ventajas y protecciones financieras para los constructores, como la realidad se encargó de  demostrar.  

Todavía hoy, miles de familias no han visto a ninguno de esos  "promotores y constructores" que,  en el pasado, con la promesa de entrega de la vivienda, no dudaban recibir  los fondos de éstas personas.   

Al mismo tiempo,  y  no obstante  ello, durante estos seis años, constructores que si comprendieron la verdadera naturaleza de la Intervención Inmobiliaria y su objetivo social,  se quedaron en el país,  enfrentaron la situación y establecieron acuerdos  reparatorios en protección de los compradores.

A todos ellos se les respetaron sus garantías y hasta el día de hoy   cumplieron los acuerdos estipulados; otros de estos constructores, regresaron posteriormente y solicitaron al Ministerio Público aplicar la Constitución, explicando su situación,  y se les permitió  culminar las obras.

La gran mayoría solucionó su situación, muchas obras fueron concluidas y otras se encuentran en proceso de culminación,  sin cargar ajustes o cuotas especiales a los compradores, puesto que el propósito de la Resolución Gubernamental fue dejar claro que, sí el constructor se ofrece como el especialista y en tal condición se publicita para obtener los recursos de las personas que  confían en ellos y que además desconocen los detalles de su operación, por lo cual entregan su dinero, deben entonces también responsabilizarse por una administración y aplicación eficiente de los recursos- aunque esto signifique una disminución en sus ganancias estimadas o incluso la pérdida-, si la operación no fue adecuadamente gerenciada, indistintamente de las circunstancias.

 Muchos constructores, con la intervención  del Ministerio Público, Indepabis y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, resolvieron la situación en favor de los afectados.

 Sin embargo, un grupo  reducido de  constructores, prófugos de la justicia venezolana, desde noviembre de 2010,  que jamás dieron explicación alguna a los compradores de los que obtuvieron ingentes  recursos financieros, nunca retornaron al país, dejaron las cuentas de las obras en cero y a sus clientes, contratistas y empleados absolutamente abandonados a su suerte.  

  Desde la distancia convenientemente  se autodcalificaron “perseguidos políticos” y expresaron que no volverían porque la “Dictadura” no les garantizaría “mínimas  garantías procesales” ni derechos humanos. Olvidaron mencionar que su  verdadera  y única obligación era, no sólo captar los recursos de las personas, sino además, cumplir con la entrega, bajo el precio pactado, en el tiempo ofrecido, sin trasladar los errores de su  gerencia a sus compradores y rendir cuentas de la aplicación y tiempo oportuno  de dichos fondos.

  Ahora, con la Ley de Amnistía que se pretende aprobar,  encontraron la oportunidad de fabricar,  bajo el incentivo de sus “diputados gestores” y tras la confeccionada apariencia de justicia y reconciliación,  la manera perfecta  de resolver su situación a la medida de la indignidad: volver a su país, sin responsabilidad alguna, sin la más mínima obligación de enfrentar las graves  situaciones que dejaron o responder como deben  a las miles de familias, obreros y proveedores en ruina; mientras disfrutaron del "duro exilio", jugando golf, en carros y apartamentos de lujo, con los recursos que aquí faltaron para culminar y en muchos casos hacer, los sueños de miles de personas.

   Sus “diputados representantes” (Alfonzo Marquina (entre su misma gente llamado El Hombre del Maletín), Dilcia Solórzano y Cía); gestionan salvoconductos  en el más perfecto sistema de impunidad, anomia y desmemoria que se haya configurado  alguna vez en Venezuela.

¿Es esto amnistía y reconciliación o indolencia  e  indignidad legislativa...? ¿En qué se benefician  miles de personas defraudadas o la sociedad venezolana en general,  con el regreso de unos pocos individuos que jamás se responsabilizaron por sus actos., vivieron con el lujo en el extranjero que el dinero de quienes confiaron en ellos les permitió, para ahora regresar impunes a pasearse delante de miles de familias defraudadas..?  ¿ Es ésta la Justicia Social y la reconciliación que buscamos.? ¿ Por qué la única forma de volver  es justamente con una amnistía, politizando una situación con origen, consecuencias y solución  absolutamente evidentes desde el punto de vista financiero..?

Deben volver con las garantías que jamás dejaron de tener y que nunca quisieron ejercer por la vía que les corresponde, tal y como hicieron muchos constructores resolviendo todas sus situaciones; pues, el artículo 31 del Proyecto de Ley de Amnistía se forjó e insertó a la medida perfecta de la indignidad, la irresponsabilidad y la exoneración desvergonzada que desde la mayoría  del Poder Legislativo, gestores dotados de inmunidad parlamentaria, ofrecen a sus potentados clientes internacionales, amnistiando delitos financieros cuya responsabilidad civil, penal, administrativa, contable, fiscal o constructiva no fue enfrentada por sus perpetradores. Con esto se justifica dejar en las cuentas de estos individuos, de forma legal, cantidades de dinero adeudadas a venezolanos.

El Ministerio Público podría expresarles, una vez más,  que se les cumplirá el proceso en libertad y verán, como igualmente, no regresan; por cuanto el mecanismo perfecto es precisamente el ofrecido por sus gestores parlamentarios, ya que las bondades que tal fórmula ofrece son infinitas: volver, como víctimas y no victimarios, a pasearse impunes y protegidos frente a las miles de familias defraudadas; con su dinero legalmente en las cuentas, prestos a seguir desarrollando negocios en sociedad con sus parlamentarios-representantes y desde allí a demandar al Estado venezolano y  los miles que timaron, por daños y perjuicios  materiales y “morales”, es un trecho muy corto. ¿Cabe preguntarse: para esto realmente es la Amnistía..?
   
¿Hemos aprendido algo de nuestra  Historia..? ¿ Comprendimos las causas y consecuencias de estos últimos 17 años, con el objeto de construir un país de verdadero respeto al prójimo..? ¿Creemos que esto o algo peor no podría repetirse de nuevo..? ¿Pensamos en el tiempo,  ahorros y sueños perdidos de todas esas personas que nunca obtuvieron sus viviendas o terminaron pagando mucho más de lo que podían  y en las familias fracturadas, desilusionadas y endeudadas..?. En la muy conveniente postura de estos constructores de irse por años, dejando una tragedia que nunca enfrentaron como debían, para regresar completamente exonerados de responsabilidad, mientras otros constructores si solucionaron las situaciones... ¿es eso Justicia, …para eso utiliza sus poderes la Asamblea Nacional?  

¿Aplica aquí la amnistía o una investigación policial a fondo para determinar por qué banqueros, comerciantes, delitos financieros y estafas inmobiliarias, se incluyen en la Amnistía, tras la apariencia de justicia y reconciliación..? Por qué arriesgar la lucha de años que beneficiaría a individuos
que han sufrido mucho en las cárceles venezolanas, en defensa de sus ideales; por darles a unos pocos timadores de profesión que huyeron de sus obligaciones, han vivido suntuosos años sabáticos y no tuvieron el más mínimo remordimiento, perdón e impunidad.

Recordemos: Banco Latino, Consolidado, Industrial de Venezuela (primera vez); Italo Venezolano, BND, Banco Caracas…,  miles de préstamos a empresas que se llevaron el dinero en la  Cuarta  República. Ahora se escudan a timadores tras la Amnistía

Aprenderemos o seguiremos repitiendo los errores históricos que ahora no se perciben, pero que con los años aparecen como heridas profundas y reclamos sociales por las injusticias.
 
Estas inconsistencias y contradicciones  legislativas traen secuelas. Cuando permitimos que situaciones como éstas se susciten; se aúpa la impunidad del cuello blanco,  de quienes no delinquen con pistolas, pero dañan aún más profundamente a las sociedades, destruyendo el patrimonio de otros. Eso no puede amnistiarse; la falta de responsabilidad para dar las explicaciones
por el uso de los fondos de las personas, no puede amnistiarse; la conveniente autovictimización para politizar un delito financiero, no puede tornarse en amnistía, porque es allí donde precisamente la Amnistía se convierte en estafa..; ¡Una estafa legislativa¡

¿ Qué empresas  involucradas en  la destrucción de los sueños de dos mil  familias  colaboraron  con  “El hombre del Maletín”, para consumar esta estafa?

Veamos: Inmobiliaria Terrazas de Los Pomelos, Inmobiliaria Copepy, Corporación Terraca, Desuica, Grupo Alpais; Constructora Edivial; Promotora sjda 2002; Coycerca, Constructora Urpeca, Grupo Noi, Desarrollos Tay Insular, , Inversiones Urbania 2007, Consurtuy, Urbanizadora Nueva Casarapa, Prmotora Yuruari; Blancobeca, Inversora Siete B, Corporación Banya.
   
¿Y quiénes son los constructores, para los cuales la vida parecía discurrir sin angustias, hasta que la Dictadura intervino en su libre comercio?

Elisa Larrain Velutini, Ricardo Padrón  Enrique Padrón, Humberto Padrón, Adolfo Yánez Luciani, , José María Alvarado, Oswaldo Carrillo Alonzo, Oswaldo Carrilllo Roura, Alfredo Antonio Roura, Juan Andrés Simón Azpúrua, Andrés Eduardo Azpurua Ramírez, Carlos Arévalo, César Manuel Molina, IvánPérez Rueda, Nicolantonio Ungavi Lomanzo, José Ramón Urdaneta Brito, Francisco Javier Reina Bello, Roberto Drewbear, Héctor Casado Díquez y Pablo José Martínez Carpio, Rafael Delgado Sosa, José Padua, Sergio Blanchez, Rafael Carrilllo Rodríguez, Luis Arturo Arévalo Ottengo y Ricardo Domínguez,

En medio de este torbellino legislativo, algunos de los “perseguidos políticos”, apuntalados por los gestores parlamentarios han orquestado una modalidad para extorsionar a quienes  consideran  traidores porque nunca debieron ceder ante las  presiones de  las víctimas y la  respuesta gubernamental:  Dispersan sobre sus personas todo su excremento  regándolo con el ventilador de periodistas palangristas que tienen su base en  Miami y sus acólitos estacionados en Venezuela, algunos de ellos renegados de la “Divina Izquierda” ¡O te ensucio o  hazme callar…¡, parece ser su lema. Pero este es otro tema que, si se nos permite, dejaremos para  otra ocasión.


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