Decía Alí Primera en aquella canción: "Yo vengo de donde usted no ha ido, yo he visto, las cosas que no ha visto, en mi patria el turista se le agrada la vista con las cosas bonitas de la Venezuela rica. Pero a los cerros, donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie los lleva, les esconden con vergüenza a la otra Venezuela, la Venezuela del pobre, la Venezuela sin razón, sin razón para exista pero que existe señor… La verdad de Venezuela no se ve en el country club, la verdad se ve en los cerros con su gente y su inquietud…!"
29 años han pasado de aquel terrible hecho, 9 personas, hombres y mujeres, torturados, asesinados vilmente, solo por tener pensamiento crítico fueron considerados subversivos y asesinados por funcionarios de la DISIP, cuerpo armado "antisubversivo" de la época. 29 años que el Estado Venezolano debe justicia a los familiares víctimas y sobrevivientes de Rafael Ramón Infante, Ronald José Morao, Nelson Castellano, Dilia Antonia Rojas, Luis Guzmán, José Rosendo Silva, Pedro Jiménez, Simón Romero y Alfredo Caicedo. 29 años de espera.
En acto reciente, pude presenciar la audiencia preliminar de uno de los imputados de este cruento hecho que ennegrece la historia de Venezuela, definitivamente, yo he ido a donde no ha ido la Comisión de La Verdad, nombrada por el Presidente Hugo Chávez Frías para saldar las deudas del Estado Venezolano que durante la 4ta. República enlutó las vidas de venezolanos y venezolanas.
En espera de la audiencia en las afueras del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy me abordó una señora, una campesina muy pero muy humilde, vestía con ropa ligera desgastada y sucia, con lágrimas en sus ojos, con pena y temor de que la rechazara me preguntó: ¿Dra. será que si le hago una pregunta usted me la responde?- ¿Claro mi doña, depende de lo que me vaya usted a preguntar? Le contesté. Y mirándola fijamente a los ojos intuí que lo que quería esta mujer que asomaba sufrimiento era solo hablar y ser escuchada. La escuché con atención y enseguida me contó: "Soy una mujer campesina, muy podre Dra., tengo dos hijos, uno de ellos ya ha sido procesado y sentenciado por haber cometido un delito, pero está siendo procesado nuevamente por otro delito, yo sé que mi hijo es inocente de este delito, por eso cuando supe que estaba solicitado yo misma lo presente y me lo dejaron detenido desde Enero, usted cree que es malo o es bueno que el Juez que le tocó ahora es el mismo que lo juzgó en el pasado? Enseguida le respondí: ¿Por qué pregunta mi doña? ¿Usted tiene temor de que el Juez tome alguna represalia y lo condene porque ya lo ha hecho anteriormente? Ella me dijo: - Sí. Yo le dije: Doñita, no debería temer, los jueces son conocedores del derecho, deben ser imparciales y no deben prejuzgarse, el Juez debe analizar y estudiar cada uno de los elementos de esta nueva causa y no traer lo anterior a este nuevo proceso. La Doña enseguida siguió hablándome: Ay dios la oiga Dra!! Exclamó, es que tengo otra cosita que quiero comentarle, yo soy pobre, y a mi hijo le designaron un defensor público, el me pidió 30 mil bolívares para ayudar a mi hijo, yo vendí mis corticos y se los di, ahora me dice que si no le doy 30 mil más no me va ayudar a mi hijo, yo no tengo nada más, que hago Dra.? Con indignación y tragando grueso le respondí: Doña vaya a hablar con el Fiscal que lleva el proceso. Ella me interrumpe y me dice: -¡pero yo no sé hablar!, - yo le dije: ¡Si sabe, habla usted muy bien, busque al Fiscal y dígale lo mismo que usted me está contando a mí, el Fiscal debería ser garante de los derecho constitucionales y cuando menos ayudarla a solicitar otro defensor público. La señora tomó mi mano agradecida, se despide exclamando ¡Dios la bendiga mi Dra. hare lo que usted me dice!". Yo solo espero que la Doña sea escuchada y pueda obtener un trato justo.
Llegó la audiencia cerca de las 11 de la mañana. Por primera vez la historia contada de la Masacre de Yumare cobró vida en la cara de uno de sus ejecutores y en las caras, el llanto de los familiares, victimas todas de origen muy humilde, pobres, quienes todavía lloran a sus caídos como si hubiese sucedido ayer.
Encarar a uno de sus ejecutores, ponerlo al frente de las víctimas, sobrevivientes, hijos e investigadores ha sido una experiencia tan dura como cruel. El buen trato, las garantías y la protección de los derechos constitucionales del imputado abofeteaba a sus víctimas que, al ver tal condescendencia pensaban ¿Qué derechos le concedió este asesino a mi padre, a mi madre, a mi hermano y hermana? ¿Qué garantía y protección constitucional le confirió este asesino a Dilia, a Nelson o al Gato que, mientras estaba en el ejercicio de sus funciones de apoyo en contra de los llamados grupos subversivos, les disparó en la cabeza, les fracturaron casi todos los huesos de sus cuerpos, los quemaron con cigarrillos, les amputaron miembros, les sacaron los dientes a culatazo limpio? No, no se trata de cobrar venganza. Se trata de hacer justicia pero no a las costillas del sufrimiento y la humillación de las víctimas de la Masacre.
Debo decir que mis expectativas de aquella audiencia preliminar se vieron frustradas. Imaginé: como se trata de los homicidios cometidos en el marco de lo que significa histórica, social y culturalmente la Masacre de Yumare esta audiencia debe ser importante, cuando menos diferente, pues no se trata aquí de cualquier homicidio simple a lo típicamente normativista. Imaginé la presencia de algunos miembros de la Comisión de la Verdad, para buscarla; imaginé un juez o jueza, fiscales y defensores no solo conocedores del derecho en el más fiel cumplimiento del pricipio iura novit curia sino que además, se le designara algunos conocedores de la historia venezolana y de los crimines cometidos en la 4ta. República; imaginé la presencia de la Defensoría del Pueblo, pensé, al menos eso, le debe el Estado Venezolano a los familiares de los masacrados.
Para mi sorpresa, nada, todo transcurrió como si se tratara de cualquier cosa. Mientras los juicios que se le siguen a algunos tristes pero pudientes personeros de la política venezolana como el caso de Leopoldo López, se les da trato especial, se les da amplia cobertura comunicacional, se hacen presente personalidades de los altos cargos como cuando fue el mismo Diputado Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional quien acompaño al Sr. Lopez en su entrega, sin contar los altos funcionarios extranjeros que vienen a meter sus narices; en este juicio de la Masacre de Yumare cuyo asunto lleva 29 años sin resolver, no asistió absolutamente nadie, salvo la Fiscal del Estado, las víctimas, familiares y su abogado, Adán Navas, brillante, leal y fiel a sus tiempos, a los ideales revolucionarios en la defensa de aquellos silenciados de la 4ta. Ni los Fiscales del Ministerio Público con Competencia Nacional, ni siquiera uno solo de los miembros de la Comisión por la Justicia y La Verdad quienes tienen atribuciones especiales conferidas por el ciudadano Presidente de la República para la búsqueda de la verdad de esta y otras Masacres y desapariciones forzadas cometidas durante ese período oscuro, se hicieron presentes. Algunos dirán, que haber aprehendido a los imputados es producto de una ardua investigación o coloquialmente hablando: Van pal cielo y van llorando? Pero esto no es suficiente para hacer justicia.
Mientras transcurría la audiencia durante casi 5 horas, llego el momento de las declaraciones del imputado. Rabia, asombro, dolor y decepción fueron sembrados en los asistentes, pues el imputado, mirando a las víctimas de frente, admitió los hechos que se le imputaban, luego se retractó para ir a juicio y, por si fuera poco, manifestó haber trabajado hasta hace poco como agente de seguridad en algunas Instituciones del Estado y con altos funcionarios del gobierno pese a que se encontraba solicitado desde hace algunos años por estos hechos. La duda nos tomó por asalto. ¿Quién protege a este asesino? ¿Quién lo llevó a trabajar para el gobierno revolucionario y bolivariano? ¿Cómo trabajó en seguridad si estaba solicitado por homicidio?
Señores y Señoras de la Comisión por la Justicia y La Verdad, si quieren la verdad, deben salir a buscarla, la verdad no va a llegar a sus escritorios. No es suficiente una pequeña reseña casi como nota de prensa en una página web. Pregúntenle a las victimas sobrevivientes y victimas por extensión, hablen con ellas, dignifíquenlas, cumplan el mandato del Presidente Chávez y la Constitución. No sé si a la Comisión de La Verdad le interese la verdad, yo salí a buscarla y encontré una verdad: la justicia sigue siendo clasista y todavía existe la Venezuela del pobre.
Yamila Navas Camino
Abogada. Especialista en Derecho Procesal. Master en Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos para la enseñanza del Derecho. Doctorando.
Militante del PSUV, de la Izquierda Trasnochada
yamilanavas@hotmail.com