Durante el año 2012 ocurrieron en el país, 16.890 muertes por causas externas entiéndase: homicidios y accidentes en vehículo automotor, tomamos como referencia para evaluar el comportamiento de este valor, las cifras que reportamos en el año 2008 en un artículo publicado en Aporrea (http://www.aporrea.org/
Como podemos apreciar, hubo un incremento sustantivo en los registros de mortalidad por causas externas, que manejamos como hechos violentos, bien sea agresiones por homicidios o por accidentes de tránsito. Lo preocupante de estas cifras es que su trascendencia es mayor en los más jóvenes de 15 a 24 años ya que, aproximadamente, 3 de cada 10 personas del grupo (35 %) murieron por tales causas; el sexo masculino es el más afectado ya que por cada mujer murieron 7 hombres.
Estas cifras señalan hoy día, cómo se mantiene la violencia entre las principales causas de muertes en jóvenes del sexo masculino en nuestro país. Estamos hablando de las edades productivas de 15 hasta los 44 años. La muerte de un joven por estas causas, representa la pérdida de una vida, de manera injusta y prevenible, que conlleva a un sufrimiento de la familia, huérfanos, viudas, pérdida del sostén del hogar y en general de oportunidades perdidas y una luz que se nos apaga.
La idea de reportar estas cifras, es por un llamado a la reflexión pues consideramos que ha sido poco o muy leve el impacto que han tenido las políticas en materia de seguridad ciudadana, lo que en términos de planificación significa que han tenido poco o mediana eficacia para transformar esa realidad que dio origen a los planes hasta ahora desarrollados. No obstante, contrasta este aumento sostenido de la violencia, con el importante aporte (más de 700 millones de dólares en 10 años) de las políticas de inclusión social que ha ejecutado nuestro gobierno bolivariano y que han significado el reconocimiento internacional por el cumplimiento de los objetivos del Milenio.
Esto nos plantea a mi modo de ver un dilema, ¿a mayor inversión social, mayor violencia en todas sus expresiones?, esto significa que muy probablemente, las causas o los orígenes de este fenómeno, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, con mucha menor inversión social pero con tasas similares o superiores a las nuestras, no pueden ser las mismas, algunas sí pero no todas.
El Presidente Maduro en reciente alocución señaló que en el país están operando bandas organizadas de paramilitares, fenómeno que no es nuevo, pues ya en el 2004 se hizo el allanamiento de una finca en Caracas donde se estaba entrenando a paramilitares, eso a mi modo de ver, significa que estamos claramente frente a una guerra declarada contra lo más preciado que puede tener una sociedad para su sostenibilidad como son los jóvenes.
En el 2006 señalábamos que: “Detrás de esta situación son visibles aspectos como la impunidad en la administración de la justicia, la violencia en todas sus expresiones, la manipulación mediática del tema, el incremento del tráfico de estupefacientes, el consumo y la venta de drogas y alcohol, la prostitución, el juego y la ocurrencia de hechos calificados como sicariato por los niveles de violencia y ensañamiento contra las víctimas, así como la actuación de mafias” .
Estos años nos han demostrado varios cosas, primero, que atender la violencia en todas sus formas va más allá de tener más policías, así sean formados bajo otro paradigma; segundo, la violencia no es solamente un problema del Gobierno, nos afecta a todos y a todas, por tanto será imposible reducir estos valores de mortalidad, si verdaderamente no hay un compromiso como sociedad de “cero tolerancia” a la violencia, sea ésta de género, política, social, institucional, delincuencial, doméstica, u otras. Tercero, por los niveles de muertes a las cuales estamos llegando, el problema es de Estado y por tanto un asunto de seguridad y defensa, lo que significa un reforzamiento de todas nuestras fronteras, en particular porque todas nuestras fachadas están expuestas a acciones injerencistas del gobierno imperial (bases militares en Colombia, Aruba, Brasil, la Exxon Móbil en Guyana, minería ilegal al sur del país, etc.).
Se trata de una acción colectiva para proteger la vida de nuestros jóvenes, no podemos seguir exponiéndolos a una vida en sociedad para la cual no están preparados, ni para hacerle frente sin mecanismos de contención y de protección (morales, éticos, jurídicos, económicos), que los provee no sólo el Gobierno, sino fundamentalmente los padres (muchas veces ausentes), las madres (con múltiples roles), la comunidad organizada (que le interesan más las obras de infraestructura que la acción social), la escuela, el liceo y la universidad, muchas veces indolentes frente a este fenómeno social y ni para que nombrar a los medios de comunicación, que en nuestro país hace rato que son cómplices de una guerra sin cuartel. Promover una cultura por la paz que proteja la vida, es un ejercicio de corresponsabilidad de cada uno de los que amamos a este bello país.