La existencia en Venezuela de una Defensoría del Pueblo u Ombudsman, como se le conoce en algunos países, fue el sueño de muchos de los defensores y organizaciones de derechos humanos que hacíamos vida activa dentro de los derechos humanos en Venezuela aunque sería injusto negarle los méritos de Gustavo Briceño Vivas, presidente del Capítulo Venezolano Ombudsman, quien sino fue el primero está entre los primeros en escribir y teorizar sobre la figura del Ombudsman, los primeros libros que tenemos del tema son de su autoría. Las organizaciones de derechos humanos y defensores también nos activamos en una cruzada por la creación de la Defensoría del Pueblo y se formó una unión de organizaciones que se denominó Alianza Social por la Justicia y la Paz donde al menos 20 participaron y que, además de buscar la reforma constitucional en materia de justicia, estaba la creación de la Defensoría del Pueblo.
Se organizaron eventos en el país donde participaron defensores del pueblo de los países andinos y algunos de Latinoamérica. La búsqueda de tener una Defensoría del Pueblo gracias a todo este trabajo de la Alianza Social por la Justicia y la Paz fue bien recibida por la colectividad.
Luego vino la Asamblea Nacional Constituyente a principios de 1999 y comenzó el trabajo de lobby con los constituyentes para plantearles nuestra propuesta y convencerlos de que en un país democrático esto era una necesidad. La Asamblea Nacional Constituyente creó una Comisión de Derechos Humanos, entre las muchas que se crearon, y nombró como su presidente a Tarek William Saab (actual defensor del pueblo) y vicepresidente a Vladimir Villegas, ambos con una reconocida trayectoria en derechos humanos y por supuesto aliados en la creación de la Defensoría del Pueblo.
La propuesta finalmente aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente le dio partida de nacimiento a esta figura a la que aspiraban muchos durante muchos años, sobre todo el movimiento de derechos humanos. Quedó plasmada en el artículo 280. “La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.
Hemos tenido cuatro defensores del pueblo, incluyendo al actual. La primera fue Dilia Parra Guillén, gran conocedora de los derechos humanos, pupila de uno de los más grandes defensores de derechos humanos que hemos tenido, el padre Luis María Olaso, toda una veterana en el tema y a quien no le temblaba el pulso a la hora de actuar ante violaciones a los derechos humanos. Tal vez por eso solo duro un año en su cargo, tanta eficiencia no era conveniente. Dilia una mujer recia, dura, sin miedo a los retos, se encargó de formar y construir la Defensoría; a ella le debemos lo poco que tenemos de esta institución. Comenzó en una oficinita en ruinas en La Candelaria pero rodeada de un equipo lleno de mística de trabajo; no tenía presupuesto, así que todos trabajaban sin cobrar hasta que el presupuesto apareciera. Con Fogade consiguió el edificio de la Plaza Morelos, donde hoy funciona la Defensoría de Caracas, y al salir del cargo estaba tramitando ya las oficinas donde hoy es la sede principal, en el edificio del Banco Latino.
Entre los años 2000-2007 fue Germán Mundarain, que era abogado bancario. De su gestión son muy pocas las cosas que podamos decir. Se dedicó más a hacer política que otra cosa; de hecho, de la Defensoría salió a ser embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra.
De 2007 a 2013 le tocó a Gabriela del Mar Ramírez, cuyo mérito principal fue haber destruido lo poco que se había hecho en la Defensoría y convertirla en una sucursal del PSUV.
Ahora y hasta 2021 es Tarek William Saab, abogado, defensor de derechos humanos desde que lo conozco, conocedor del tema a plenitud. Fuimos compañeros del posgrado de derechos humanos en la UCV y conoce del tema. Su gran reto es limpiar la casa, que se la dejaron bien sucia, pero con seguridad saldrá bien parado si pone por encima de su opinión política la defensa de los derechos humanos.