Durante la crisis financiera (“Corralito”) y política que vivió la Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2001, la población de manera espontánea y multitudinaria se lanzó a las calles en incontables manifestaciones y protestas (de todos los estratos sociales), que llevaron a la destitución del entonces Presidente de la Rúa. La característica de dichas manifestaciones y protestas era precisamente el origen apartidista, que no respondía a partidos políticos o movimientos sociales, por tanto respondía a un descontento generalizado y a una pérdida de legitimidad en el sistema político engarzada con una evidente crisis económica.
Los manifestantes eran pues autoconvocados y su lema expresaba sin duda el hartazgo de una población que no creía en partido, en gobernante o en sistema alguno: “que se vayan todos”, porque el sistema se caía a pedazos. Quizá en México estamos a punto de exclamar: “Que se vayan todos”, como ya exclamamos “No + Sangre” o “Ni una muerta más”. El sismo político-social que presencia México no es un problema menor y la solicitud de la renuncia del Presidente tampoco es un capricho sectorial, es una evidente crisis, que dudo que el sistema político pueda soportar por mucho tiempo, de no ser por la vía coercitiva, que siempre tiene un límite. La reforma a la Constitución para limitar las marchas y manifestaciones sociales es muestra de ello.
Las movilizaciones que hoy vive México a lo largo y ancho del país, que desde el mes de octubre se han dado, a raíz de la desaparición y presunto asesinato, en manos del Estado coludido con el propio crimen organizado, de los 43 normalistas (estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa), mismas que han sido las catalizadoras sintomáticas de una evidente crisis del sistema político mexicano (de partidos, económico, social y cultural), son botón de muestra de la crisis de legitimidad del gobierno en turno, cuya propuesta política y económica no responde a los intereses de la población, ya ni siquiera de las clases empresariales, que ven afectadas sus ganancias con la desestabilización política y social del país.
De ahí que la acumulación de acontecimientos sangrientos en México (en manos de un Estado represor, dictatorial, y sanguinario), la corrupción, el solapamiento del crimen organizado, la narcopolítica o la política empresarial (en donde las leyes, las reformas o los programas se diseñan para beneficio de sus propios negocios como empresarios) y el desquebrajamiento del sistema de partidos (“todos son iguales”), son hoy la realidad política y social del país. Partidos cuyas plataformas, ideologías y propuestas se vislumbran desdibujadas, no hay diferencias entre unos y otros sino pactos y acuerdos entre partidos mezclados entre sí, en un grupúsculo de funcionarios que sólo atiende intereses personales y de facción, y son los que conforman la clase política en México.
No puedo dejar de agradecer la conversación con el historiador e internacionalista César Chavarri quien inspiró estas reflexiones.
*Filósofa/Dra. Estudios Latinoamericanos –México
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