Frente a la ola de violencia contra la mujer que recorre al mundo en tiempos de globalización capitalista, desde la Venezuela revolucionaria surge un bastión de resistencia, primordialmente con los aportes de la Constitución Bolivariana a favor de la igualdad de género, la creación de un Ministerio para la Mujer y políticas públicas con enfoque feminista. El siguiente paso será concretar un nuevo Código Penal con máximas garantías para los derechos humanos.
Como feministas, planteamos erradicar el régimen social (patriarcado) que ancestralmente ha promovido la violencia del macho proveedor contra su pareja femenina así como la marginación social y la cosificación sexual de la mujer, por eso proponemos un tipo penal autónomo sobre el Femicidio.
Dice nuestra propuesta: “El cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino o persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad con o sin convivencia; amistad, compañerismo, relación laboral, o aquel que pretendiendo infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; o como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de ella, o toda persona que por misoginia o con el propósito de establecer vínculo de poder, dominación o control sobre una mujer, le diere muerte por su condición de mujer; será castigado con pena de veintiocho a treinta años de prisión”.
La adversa realidad social de la época hace inadmisible la vieja tesis academicista burguesa que aconseja mínima intervención penal del Estado, ya que el daño creciente del capitalismo y su violencia generalizada contra bienes jurídicos esenciales como la vida, tiene que ser confrontado mediante el poder punitivo que emana de la soberanía popular y que se materializa en el Derecho Penal.
