La MUD exige libertad para todos sus políticos presos, mientras el chavismo plantea la revisión de cada expediente para determinar si esto está permitido por la Constitución.
La situación es clara, caben tales medidas si el penado sufre enfermedad incurable o prematura ancianidad que reduce su fuerza física al punto de no representar peligro para la sociedad. Con esto se busca impedir la muerte del enfermo en situación de encierro considerando el derecho a la dignidad que ampara a los seres humanos.
Pero jamás estas medidas pueden favorecer la impunidad, ya que la Constitución prohíbe su otorgamiento a quien cometió violación a derechos humanos o delitos de lesa humanidad (art. 29). De ser así, el Presidente no dictará indulto (art. 236 núm. 9) ni la Asamblea una amnistía (Art. 187 núm. 5). Las medidas humanitarias dan ejemplo de perdón contra el odio político expandido en la nación pero no pueden violar el derecho de las víctimas a que se haga justicia.
La propia MUD sabe que en la Venezuela actual no se practica el Terrorismo de Estado que fue la doctrina oficial en época prechavista. Hoy ya no se ordena “disparar primero y averiguar después” como hacían Betancourt, Leoni, etc. Tampoco abundan asesinatos contra la disidencia política, desapariciones forzadas, privación ilegítima de libertad ni otras violaciones a los derechos humanos.
Prohibido olvidar anteriores gobiernos criminales donde miles de revolucionarios fueron asesinados unos, torturados otros, y encarcelados por largos períodos casi todos, sin auténtica fórmula de juicio como fue el caso de mi padre guerrillero. Para que la Venezuela de hoy desarrolle una justicia totalmente equilibrada, el Estado debe aplicar rigurosamente la Constitución a la hora de conceder medidas humanitarias, más aun en tiempos de feroz manipulación mediática.
