Hace unos dias el director de Amnistía Internacional -Sección Española ha enviado una misiva a través del correo electrónico en la que se invita a firmar una petición al presidente Maduro para que realice una investigación sobre supuestas violaciones de derechos humanos que habrían cometido las fuerzas de seguridad venezolanas en la represión de las “protestas” que durante las últimas semanas se suceden en distintos puntos de Venezuela.

El tono de dicha misiva es inaceptable, en mi opinión, pues establece una injustificable equidistancia entre los responsables de los desórdenes públicos y crímenes diversos, y la legítima actuación que en defensa del orden constitucional ha realizado el gobierno bolivariano. Además de dar pábulo a informaciones intoxicadoras sobre la respuesta gubernamental a las guarimbas y actos terroristas, sin haber contrastado de forma seria ninguna de ellas, ya que no ofrece en su exposición dato sólido alguno sobre las pretendidas irregularidades que las fuerzas de seguridad bolivarianas pudieran haber cometido.

Se pide también la apertura de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, obviando por completo la exigencia democrática previa sobre el reconocimiento de las responsabilidades de quienes han originado esta situación. Por ello considero un deber para con la verdad publicar esta carta abierta dirigida al sr Esteban Beltran responsable de A.I. en el Estado Español:


Sr. Esteban Beltran, director de la sección española de Amnistía Internacional:

He recibido el correo que usted ha escrito a propósito de lo que denomina "crisis venezolana” y se hace preciso señalar en principio que el tono aparentemente neutral del texto coincide sin embargo con el mensaje que en los últimos dias están lanzando medios afines a la oposición derechista venezolana, parte activa en dicha crisis.

Sería, así pues, conveniente aclarar algunas cuestiones previas a cualquier toma de posición sensata y razonada ante lo que está ocurriendo en Venezuela:

- En primer lugar debería estar de sobra el tener que recordar todavía hoy la incuestionable legitimidad del gobierno que preside Nicolas Maduro, que se estableció como consecuencia de la victoria democrática obtenida en un proceso electoral realizado conforme a derecho, tal y como lo atestiguan numerosas organizaciones internacionales nada sospechosas, por otra parte, de simpatizar con la Revolución Bolivariana y que actuaron como observadores durante dicho proceso.

-Que el Estado Venezolano es un Estado Democrático y de Derecho en el que el gobierno de la nación cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes.

-Que desde el primer momento los dirigentes de la oposición derechista manifestaron de forma explícita su intención de no aceptar los resultados de unos comicios limpios y trasparentes, demostración evidente de los verdaderos elementos que conforman su cultura política, así como de su autentica catadura moral.

-Que no es correcto hablar de estos hechos sin señalar de forma inequívoca a los responsables de los mismos. El estallido de violencia que se ha producido en el país no procede del espacio exterior extraterrestre, ni ha surgido de alguna extraña conjunción astral. Su origen está en medios políticos y mediáticos, vinculados sin lugar a dudas con la oposición derechista, que son quienes han organizado y llevado a efecto la mayoría de los actos violentos y acciones terroristas que se han cobrado ya numerosas víctimas, tal y como como demuestran las diversas investigaciones judiciales realizadas para su esclarecimiento.

-Que existe una campaña mediática internacional de intoxicación y desinformación al respecto cuyo objetivo es derribar al gobierno legítimo de Venezuela y en la que participan medios de comunicación españoles que como El Pais o el ABC tienen intereses económicos ligados a aquellos sectores sociales venezolanos que han sido expulsados del poder político de forma totalmente democrática desde el inicio de la Revolución Bolivariana, así como a corporaciones multinacionales cuyos intereses en Latinoamérica protegen desde hace décadas el gobierno de los EEUU y otros gobiernos de autodenominado "mundo libre" La publicación por estos medios de noticias falsas, fotos y vídeos manipulados (algunos ya reconocidos como tales por quienes los difundieron) constituye un grave atentado a la libertad de información, y solo puede producir desprecio y repugnancia por quienes se burlan de forma tan infame de la verdad y de la inteligencia de su propio público.

-Que la campaña de desestabilización que estos sectores sociales y políticos están desplegando en Venezuela tiene un estrecho parecido histórico (algaradas violentas, actos terroristas, acaparamiento de subsistencias…etc.) con la llevada a cabo por la derecha chilena contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, que como corroboran distintas fuentes de información históricas fue organizada por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) y que culminó, como es sabido, en septiembre de 1973 con el golpe de estado que llevó al poder a una junta militar que instauró uno de los regímenes más sanguinarios de la Historia de aquel continente.

-Que la detención por las fuerzas de seguridad bolivarianas de un grupo de altos oficiales de la FAB que estaban conspirando contra el gobierno democrático y con vínculos con fuerzas políticas de la oposición derechista debe ser contemplada como otra evidencia de los verdaderos objetivos de las jornadas de "protesta". Por otra parte destacados dirigentes de la oposición, empezando por su lider Henrique Capriles, participaron ya en el intento de golpe de estado contra el gobierno de Hugo Chavez y solo la generosidad del gobierno bolivariano ha impedido que estas personas estén en el lugar que de otra forma les correspondería: la cárcel.

-Que al contrario de lo ocurrido en Chile en 1973 la Fuerza Armada Bolivariana (FAB) se muestra sólidamente leal a la legalidad constitucional, y la estrategia de los conspiradores parece bascular ahora hacia el desgaste del gobierno constitucional a través del uso de la violencia y la creación de un clima de inseguridad permanente.

- Por todo lo expuesto, en la petición de apertura de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, una organización como Amnistía Internacional debería empezar por exigir a las fuerzas políticas opositoras el compromiso real con la utilización exclusiva de cauces democráticos para la consecución de sus fines políticos y el rechazo público de toda forma de sedición. Cualquier campaña de A.I. de no comience con esta inexcusable premisa la situaría junto a quienes están demostrando el enorme déficit democrático que padecen sus respectivas culturas políticas, y abriría en el futuro inquietantes incertidumbres sobre la honestidad de su organización.

Atentamente:

El autor es: Profesor de Historia del Mundo Contemporáneo. IES Bernardino de Escalante. Laredo-Cantabria.

cjsanvicente@gmail.com