Veintitrés años después de la masacre de 268 indígenas a manos del Ejército, el Gobierno de Guatemala pidió perdón.



Allí, durante un acto público en Plan de Sánchez, un humilde poblado ubicado 190 kilómetros al norte de la capital, el vicepresidente Eduardo Stein reconoció la responsabilidad oficial en los hechos.

A escasos 50 metros de la capilla católica donde están sepultadas las víctimas, dijo: "Estamos hoy aquí para pedir en nombre del Estado de Guatemala perdón a todas las víctimas del conflicto".

Pero esas palabras, que retumbaron en cementerios clandestinos y se clavaron en el corazón de los sobrevivientes, si bien están impregnadas de todo un simbolismo no tienen poderes mágicos.

La disculpa pública no vino espontáneamente. Se dio en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado guatemalteco el 19 de noviembre pasado, reparar a las familias de las víctimas por denegación de justicia.

Concretamente, la sentencia del tribunal obligó a Guatemala a reconocer la responsabilidad en los hechos e indemnizar, con ocho millones de dólares, a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Los 268 indígenas masacrados pertenecían a varias comunidades del municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, y eran miembros de la etnia maya Achí, una de las 23 que forman la nación multicolor que es Guatemala.

Eran tiempos en que gobernaba con mano de hierro el ex dictador Efraín Ríos Montt, que aunque estuvo en el poder 16 meses, entre 1982 y 1983, fueron suficientes para que los militares cometieran las peores barbaries del conflicto armado de 36 años.

Aquel 18 de agosto de 1982 -cuatro meses después del golpe de estado de Ríos Montt-, un domingo de intenso comercio en Plan de Sánchez, que servía de mercado para otras poblaciones cercanas, un contingente de soldados, cuentan los sobrevivientes, llegó a la zona y encerró a los pobladores en una vivienda, les lanzaron dos bombas y luego, por si las dudas, terminaron de ejecutarlos a balazos.

Fueron asesinados, según las investigaciones, porque se negaron a integrar las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que en la época sembraron el terror en varias comunidades del país.

Una veintena de mujeres jóvenes, entre 12 y 20 años, fueron llevadas a una vivienda donde fueron maltratadas, violadas y posteriormente asesinadas, según testigos.

Tras años de silencio, la masacre fue denunciada en 1992 y dos años después fueron autorizadas exhumaciones. Fue hace apenas siete meses que, al menos de palabra, se hizo justicia.

Justicia vs impunidad

A juicio de la relatora especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Guatemala, la peruana Susana Villarán, los crímenes cometidos durante la guerra en este país (1960-1996) nunca quedarán reparados mientras no se identifique y procese de manera individual a los responsables.

"Hay dentro de las reparaciones un elemento central, que es el tema de la justicia", afirmó Villarán, al hablar de indemnizaciones no sólo económicas sino también de ayuda social y sicológica a las víctimas.

Y justicia sin verdad ni reparación no es justicia. Perdonar no es olvidar, aunque esa sea la proclama de los grandes violadores de derechos humanos en América Latina, para quienes todo debe quedar en el pasado en favor de la reconciliación. Allí precisamente está el meollo del asunto. El problema en Guatemala, como en muchos países de la región y en este caso con dimensiones alarmantes, radica en la impunidad.

Sólo un 5%, según Villarán, de las denuncias de violaciones a los derechos humanos avanzan en Guatemala a un proceso que termina con una sentencia de los órganos judiciales.

Según un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciado por las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas guatemaltecas fueron responsables de 93% de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna de Guatemala, que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos.

Durante el conflicto armado se cometieron 669 masacres, de las cuales 626 fueron cometidas por agentes del Estado, de acuerdo con el informe, presentado en 1999.

Hablan las víctimas

"Nos dijeron que éramos mentirosos, pero nosotros vivimos esas violaciones y esas muertes, por eso queremos justicia, porque no basta pedir perdón sino poner fin a la impunidad", dijo un agricultor de la zona, durante el acto en Plan de Sánchez.

Otro de los sobrevivientes de la masacre reclamó lo mismo. El reconocimiento es "el primer paso positivo, pero queremos que se haga una investigación y se castigue a los responsables".

Ellos, mejor que nadie, saben bien de lo que están hablando. El primero perdió a sus padres durante la masacre; el segundo a toda una familia: su esposa, cuatro hijos (entre 7 años y seis meses), su madre, tres hermanas, siete sobrinos, ocho tíos, una abuela y una cuñada.

Veintiséis miembros de una familia, de un tajo. Difícil de perdonar, mucho más de olvidar.

Menos aún si la violencia sistemática contra los indígenas, en las épocas de mayor represión durante el conflicto armado, ha estado acompañada de una discriminación igualmente sistemática contra ellos, que aún persiste y está lejos de terminar.

Guatemala es un país donde el 80% de sus 11,2 millones de habitantes vive en la pobreza y sus más de 5 millones de indígenas, descendientes de la rica cultura maya, sufren discriminación.

Sus comunidades, arrasadas durante la guerra, son hoy lugares donde se concentran las peores condiciones de vida.

La ONU reconoce que en Guatemala existe un "apartheid de hecho", pues la discriminación inicia desde el propio Estado. Pobreza y exclusión indígena también están asociados con la inequidad en los ingresos.

"Así como existió una violencia organizada hacia las víctimas, de esa misma manera debe existir una política del Estado para curar esas heridas. Los que se fueron asesinados, están hoy aquí con nosotros y entre nosotros, y a ellos nos dirigimos también para pedirles perdón y para ofrecerles nuestro mayor esfuerzo para que se haga justicia", insistió el vicepresidente.

Aunque finalmente los familiares pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias y tradiciones mayas, falta muchísimo por reparar. Pedir perdón no es suficiente. Si de palabras se trata, los muertos no las pueden oír.