Ley de Costos y Precios Justos

Tal parece que la Ley de Costos y Precios Justos se congeló. Se habló y se publicó una muy pequeña lista de 19 productos los cuáles fueron "evaluados" de acuerdo a su estructura de costos y supuestamente sus precios fueron "rebajados" a unos precios que según los entendidos, eran los que debían regir para los mismos. Entre estos productos se encontraban, algunos de higiene personal y otros sin mayor incidencia en lo que es el índice de inflación en el país. Lo cierto de todo esto es que la especulación ha continuado avanzando de manera despreocupada, por decirlo de alguna manera.

Hemos visto como los precios continúan subiendo sin ningún obstáculo y voceros del gobierno que tienen que ver con lo de la economía y esas cosas, insisten en alardear en lo maravilloso de las medidas que se han venido tomando y como se ha venido controlando la inflación. Se habla de que la inflación en lo que va de año presenta un acumulado del 16% y que por el camino que vamos al finalizar el año terminaremos con más o menos un 20%. Yo no soy ni pretendo ser un experto en la materia, es más soy un neófito, pero como dice el Presidente: "Quién tenga ojos que vea". A mi me parece que una inflación del 20% en Venezuela es muy alta, que nos se justifica bajo ningún punto de vista, máxime cuando hay países en el mundo cuyas economías son mucho más modestas que en nuestro país y sin embargo la inflación no alcanza el 10%.

Alguien podrá decir que bueno, lo que sucede es que hay una serie de factores que inciden en cada realidad para que eso sea así. No obstante, yo estoy seguro y no es una percepción irreal que la inflación en Venezuela sigue estando influida por un alto contenido especulativo. ¿Qué sucede por ejemplo con los carros?, ¿Por qué la gente continúa anotándose en unas listas para su adquisición esperando meses y muchas veces termina sin comprar nada?, ¿Por qué un carro en Venezuela cuesta 3 y 4 veces lo que cuesta en Panamá o en Colombia,etc.?, ¿Por qué un shampoo Head & Shoulders que en Panamá cuesta 32,00 o 34,00 Bs., aquí en Venezuela cuesta ese mismo shampoo 64,00 Bs.. ¿Por qué aquí en Venezuela una latica de atún de 184 grs. tiene que costar 21,00 Bs?, es decir 21.000,00 Bs. de los anteriores, es algo realmente escandaloso.

Yo recuerdo, antes de que se pusiera en marcha lo que se llamó la "Reconversión Monetaria", aquella medida que tomó el gobierno para eliminar los 3 ceros en la moneda y así simplificar las operaciones financieras. Recuerdo que muy poco antes de eso, una cinta de VHS, que hoy en día ya es una pieza de museo, costaba 900,00 Bs.. ¿Qué debía suceder al entrar en vigencia ese nuevo formato de "Reconversión Monetaria"?. Se pone en práctica la medida de manera muy olímpica, no se toma ninguna medida para evitar una espiral especulativa y hoy todavía no se ha podido detener. Pero volviendo al ejemplo de la cinta de VHS. ¿Qué debía suceder lógicamente con el precio de este producto?, pues lo correcto, era correrle la coma 3 espacios hacia la izquierda a ese precio y se pusiera a valer 0,90 Bs.F, pues no, una vez que entró en vigencia la medida el precio que le pusieron fue de 11,00 Bs.F  o lo que es lo mismo, le aumentaron su precio a 11.000,00 Bs. de los anteriores y así sucedió con todos los productos y hasta este momento muy poco se ha hecho por erradicar ese fenómeno maquiavélico conocido con el nombre de "Especulación" y que tanta incidencia continúa teniendo sobre la inflación en Venezuela. A todas estas, la célebre Ley de Costos y Precios Justos a varios meses de su promulgación, continua durmiendo el irónicamente llamado sueño de los justos.

arnomartinez@gmail.com



Esta nota ha sido leída aproximadamente 5057 veces.



Arno Rafael Martinez Ochoa


Visite el perfil de Arnó Martínez para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:


Notas relacionadas

Revise artículos similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad


Revise artículos similares en la sección:
Actualidad


Revise artículos similares en la sección:
Anticorrupción y Contraloría Social