El derecho a la vida

El Estado venezolano está en la obligación de garantizar a las personas una adecuada atención de la salud como parte del derecho a la vida, y con fundamento en ese precepto constitucional, hizo todo lo posible para resguardar la existencia de Franklin Brito.

El 12 de diciembre de 2009, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 23 de Control de Caracas una medida de protección a la vida de Brito, en virtud del cuadro clínico que éste presentaba, instancia que ordenó su traslado al Hospital Militar Carlos Arvelo, a los fines de que se le diera toda la atención requerida para garantizar su salud.

Posteriormente, el 23 de julio de 2010, el Ministerio Público atendió el llamado de la familia de Brito para que éste fuese trasladado desde el citado hospital hasta la Cruz Roja Venezolana. Es así, como dos fiscales solicitaron al Tribunal su traslado, instancia que acordó el requerimiento y, además, ordenó que fuese en custodia de sus familiares "para que sean éstos quienes velen por su recuperación física en general".

Al día siguiente de esta decisión judicial, el director de la Cruz Roja, Alberto Urquiola, manifestó que lo recibiría, pero que esa institución de asistencia humanitaria no disponía de terapia intensiva, medicamentos, ni laboratorios para la practica de exámenes a pacientes que tuvieran un cuadro clínico semejante al de Brito.

Ante tal declaración, el Ministerio Público solicitó al mismo Tribunal que emitiera un nuevo pronunciamiento y, en ese sentido, se requirió que Brito se mantuviese en el Hospital Militar, pues este reconocido centro de salud pública cuenta con la infraestructura y equipo necesario para una adecuada atención a sus pacientes.

Durante este proceso, el Ministerio Público estuvo siempre vigilante para lograr la recuperación de Brito, confirmando así la vocación del Estado de proteger integralmente la salud y la vida de las personas, actitud que coincide con lo expresado por el representante de la Organización Panamericana de la Salud, George Jenkins, quien manifestó "(…) nunca antes había presenciado un caso en el cual todo un Estado se avocara a salvarle la vida a una persona".
Fiscal General de la República