Caracas 02 mayo 2007. - Dos ciudadanos fueron declarados de responsabilidad administrativa por presuntos hechos irregulares y el daño ocasionado al patrimonio del Registro Inmobiliario del municipio Zamora del estado Miranda. Dicha decisión fue publicada en Gaceta Oficial número 38.674, de fecha miércoles 2 de mayo de 2007. por disposición del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ).

El acto decisorio recae en los ciudadanos José Migliorato Ciarrochi y Nelly Josefina Ortega de Velandia.

Los presuntos ilícitos administrativos ocurrieron en el registro durante los ejercicios 2003 y 2004, así como el daño ocasionado al patrimonio de dicha instancia durante las gestiones, como titulares de la dependencia registral, de los ciudadanos antes referidos.

Nelly Josefina Ortega de Velandia se desempeñó como registradora subalterna del municipio Zamora desde el 22 de noviembre de 1996 hasta el 19 de junio de 2003. La responsabilidad administrativa de esta ciudadana fue declarada por la comisión del ilícito administrativo consistente en haber cobrado, al ser removida del cargo de Registradora, sumas superiores a las que legalmente le corresponden por concepto de prestaciones.

José Migliorato Ciarrochi se desempeñó como registrador inmobiliario de la mencionada jurisdicción desde el 20 de junio de 2003 hasta el 17 de marzo de 2004. La responsabilidad administrativa de este ciudadano fue declarada por la comisión de los ilícitos administrativos: adquisición de un bien inmueble, para sede del registro, con lo que infringió las disposiciones legales que regulan la adquisición de bienes públicos.

Asimismo, haber cobrado durante el ejercicio del cargo por concepto de salario básico mensual sumas superiores a las que legalmente le correspondían; haber cobrado, al ser removido del cargo, sumas superiores a las que legalmente le correspondían por concepto de prestaciones.

Igualmente, haber contratado al ciudadano Pedro Roca para desempeñar el cargo de administrador del registro al margen de las disposiciones legales que regulan la materia funcionarial; haber contratado a los ciudadanos Antonio Anato y Zhandra Portal para prestar servicios de asesoría jurídica al margen de las disposiciones de la Ley del Estatuto de la Función Pública y haber dispuesto ilegalmente de los fondos del registro.

La dispositiva establece para José Migliorato Ciarrochi formular reparo resarcitorio por la cantidad de 82 millones 938 mil 29 bolívares con ocho céntimos por el daño causado al patrimonio del registro.

También se le impone una multa de 12 millones 804 mil bolívares, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Para Nelly Josefina Ortega de Velandia, la dispositiva establece la imposición de una multa de 8 millones 536 mil bolívares, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.