El dinero fue entregado a la Gobernación para pagar pasivos atrasados. Tendrán derecho de palabra en la AN. Defensor del Pueblo Zulia pide destitución del mandatario regional.

“Manuel Rosales debe explicarle a los trabajadores qué hizo con los 378, 5 millardos de bolívares que la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en créditos adicionales para el pago de pasivos laborales el año pasado”, así lo expresó Albin López, secretario de organización del Sindicato de Obreros de la Gobernación del Zulia.

López señaló que la propuesta que el pasado jueves hizo Rosales de dividir los 50,1 millardos de bolívares en un 50% para la inversión social y un 50% para el funcionamiento y pasivos laborales “está fuera de lugar porque habla de la distribución de un dinero que sólo fue aprobado por la AN con la condición de que se cancelaran algunos pasivos laborales atrasados”.

“Si le seguimos el juego, sólo cancelaría 11 millardos porque al sacar la cuenta y sumar los 14 millardos que dijo que supuestamente había cancelado por concepto de prestaciones sociales serían 25 millardos, es decir, el 50% que está proponiendo, y no lo vamos a aceptar porque la orden del Juzgado en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental es que los 50,1 millardos son para pagar lo atrasado”.

Por su parte, Rebeca Del Gallego, asesora jurídica de los trabajadores, destacó que la explicación que dio Rosales sobre el artículo 167 de la Constitución que trata de la distribución del Situado “es pura mentira” porque esos recursos son coordinados, y los 50,1 millardos no lo son, sino que forman parte de montos adicionales que el Parlamento aprobó con la condición de que fueran utilizados.

La razón está en que su aprobación fue tomada del artículo 314 de la Carta Magna en concordancia con el apartado 33 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, el número 12 de la reforma a Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y los artículos 47 y 49 de la Ley Orgánica de Administración Financiera por lo que, según Del Gallego, la naturaleza del referido recurso, que por tratarse de montos adicionales, son recursos extraordinarios y no del Situado Constitucional. “Esos cincuenta mil millones fueron depositados en la cuenta corriente número 0116-0128-61-018125071 del BOD y el Ejecutivo regional debió cancelarlos a los trabajadores activos jubilados, pensionados y sobrevivientes, pero no lo ha hecho”.

Reunión

Ayer, los dirigentes del sindicato sostuvieron una reunión con los diputados Rafic Souki, Lisandro Cabello, Lives González, José Luis González para solicitarles ayuda.

Souki, quien también es miembro de la comisión de Finanzas de la Asamblea recordó que el año pasado “nosotros aprobamos a la Gobernación del Zulia cuatro créditos adicionales para el pago de pasivos laborales, donde a tres le dimos el 100% para el pago de deudas anteriores de los trabajadores y uno fue el 30%”.

Al escuchar los basamentos de los trabajadores, los parlamentarios se comprometieron a pedir un derecho de palabra en la sesión de la próxima semana para buscar una solución al conflicto.

Defensoría del Pueblo

Mientras los sindicalistas dialogaban con los diputados, en su despacho el defensor del pueblo delegado en el estado Zulia, Antonio Urribarrí, también pronunció las medidas que tomará en contra del gobernador, por lo que calificó como un “atropello público y notorio” contra personas de la tercera edad.

“Si ya existe una orden por parte de un tribunal de pagarle a los jubilados, y él, dice claramente que no les va a pagar, incurre en rebeldía ante decisiones del Poder Judicial. Por eso, nosotros estamos interponiendo ante el servicio jurídico de la Defensoría del Pueblo en Caracas, que se le abra una investigación y se le aplique la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, a través del Poder Moral Republicano, que tiene las facultades para sancionar y destituir a funcionarios públicos tal como ocurrió con el magistrado Velásquez Alvaray”.