El Frente Social Contra la Corrupcion y la Impunidad está convocando a una
concentración en Caracas este viernes 2 de febrero frente a la sede del
Tribunal Supremo de Justicia a fin de protestar por las actuaciones del
Magistrado Presidente de la Sala Penal, quien en una sentencia viciada
mediante avocamiento dio libertad al exalcalde Briceño preso como medida
preventiva en proceso de juicio imputado por corrupcion por el Ministerio
Público en Julio del 2006.

También entregaremos una denuncia contra ese magistrado en el Consejo Moral
Republicano para que se invetigue no solo la actuacion en el caso Briceño
sino en otros casos como la libertad de 4 narcotraficantes el mismo 18 de
Diciembre cuando liberó a Briceño y otros casos entre ellos el de Microstar.

El encuentro es en Caracas a las 9:00AM frente al TSJ. Desde Guayana viaja
una representación de las comunidades y trabajadores afectados.
A continuación carta pública.



JUSTICIA EN LA JUSTICIA
REVOLUCIÓN JUDICIAL PARA EL COMBATE IMPOSTERGABLE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD


En nuestra condición de miembros del Frente Social Contra la Corrupción y la Impunidad –organización conformada por luchadores sociales de diversas regiones del país, constituida con el propósito de compartir las luchas del pueblo venezolano contra estos dos flagelos enraizados en el Capitalismo Rentista venezolano y en las formas específicas nacionales de Acumulación del Capital – nos dirigimos al país en ocasión de hacer del conocimiento público las siguientes situaciones y consideraciones:

Después de un intenso proceso de movilizaciones populares, denuncias y gestiones institucionales, protagonizado por voceros comunitarios de Ciudad Guayana, y mediando la debida solicitud de la Fiscalía General de la República, el Tribunal III de Control del Estado Bolívar, con fecha 28 de julio del 2006, procedió a dictar medidas de privación de libertad a los señores ANTONIO BRICEÑO y HUGO ROSAS, por serios indicios de actos de corrupción durante el ejercicio de los cargos de Alcalde y de Coordinador General, respectivamente, de la Alcaldía del Municipio Caroní del Estado Bolívar en el periodo 2002-2004. Los cargos que se les imputaron a estos ciudadanos derivan de los resultados de una Auditoria, realizada por auditores externos calificados, cuyos contenidos esenciales han sido posteriormente ratificados por la Contraloría General de la República.

Los ciudadanos BRICEÑO y HUGO ROSAS permanecieron en prisión durante seis (6) meses hasta el 18 de diciembre del año pasado, fecha en la cual el Presidente de la Sala Penal del TSJ, Magistrado ELADIO APONTE APONTE, decidió sorpresivamente otorgarles Libertad Condicional. Decimos sorpresivamente, por cuanto la decisión fue tomada en tiempo record, a escasos diez (10) días de haberse introducido en la Sala Penal la solicitud respectiva, velocidad de respuesta no habitual en la mayoría de los casos, en nuestros tribunales. Es igualmente sorpresiva por cuanto se produce el último día de labores de la Sala Penal en el mes de diciembre a las 5:00 p.m., previo a las vacaciones navideñas.

Recientemente hemos tenido conocimiento de otras decisiones igualmente cuestionables del Magistrado Aponte Aponte, las cuales nos han generado nuevas y más profundas dudas sobre sus condiciones morales para el ejercicio de la gran responsabilidad social y ética de ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. El modus operandi para estas decisiones ha sido esencialmente el mismo: uso arbitrario del poder para colocar bajo su control determinadas causas, en las cuales están involucradas grandes sumas de dinero, que culminan con la libertad, condicional o definitiva, de los inculpados, fundamentando esas decisiones en observaciones procedimentales o de forma y obviando los aspectos sustantivos. De esta manera, han sido liberados inculpados por delitos de contrabando (caso Pedro Celestino Pérez), de narcotráfico (casos de José Maggino Belicchi y de Reinaldo Sánchez Somoril), de fraude a la nación (caso MICROSTAR – CADIVI).

En virtud de las consideraciones anteriores, hemos decidido concurrir ante el Poder Moral Republicano y ante la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo uso de derechos constitucionales fundamentales, con el propósito de solicitar las investigaciones pertinentes sobre las actuaciones del Magistrado Aponte Aponte en los casos mencionados, las cuales deberían concluir, si se confirmara la veracidad de estas acusaciones, en su destitución del cargo que actualmente ejerce, de su condición de miembro del TSJ y en el sometimiento a juicio por los cargos que deriven de la mencionada investigación.

Ejerceremos también nuestros derechos en el seguimiento de las actuaciones institucionales ante esta denuncia pública, actuando siempre como voceros de las Organizaciones Sociales en las cuales participamos y de muchas otras que se están incorporando a esta lucha, la cual, sólo tendrá posibilidad de éxito en la medida en que logre aglutinar a los sectores interesados en la construcción de nuevas relaciones sociales entre los habitantes del país, entre las cuales, las de naturaleza jurídica tienen una especial trascendencia.

Por otra parte, hemos leído con especial atención la versión periodística de la intervención del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Dr. OMAR MORA el 26 de enero en el acto de apertura del Año Judicial 2007, en la cual expresó que muchas de las sentencias de la Sala Penal del TSJ “son escandalosas e indignan porque se desvían del buen proceder…”.

Se destaca también, en la versión periodística del acto mencionado, el llamado a un “sacudón” del Sistema Judicial del país, al mismo tiempo que formula el planteamiento de la necesidad de una Constituyente Judicial. Saludamos como positivas las propuestas del Presidente del TSJ. Sin embargo, es importante puntualizar que el alcance, profundidad y consistencia, tanto del “sacudón” como de la Constituyente Judicial, dependerán, en gran medida, de la presencia del pueblo organizado, a todos los niveles y con todos sus saberes, formales y no formales, en el proceso de derrumbamiento del Sistema Judicial actual y de formulación y puesta en marcha de uno nuevo. Se trata entonces, de concebir y convocar a una Constituyente Judicial Popular que saque este tema – tan sustantivo y básico para la identidad de cualquier sociedad, particularmente de una que se plantea el propósito de construir el Socialismo – de los cenáculos de los especialistas, muchos de los cuales, como es lógico, están vinculados a los intereses creados en el actual Sistema Judicial. Bienvenidos al esfuerzo de la Constituyente Judicial Popular todo el conocimiento Jurídico pertinente y sus voceros académicos y no académicos. En todo caso las decisiones sobre los contenidos del nuevo Sistema Judicial corresponderán a la Sociedad Organizada, de conformidad con la orientación más profunda del Proyecto Socialista.

A los fines de facilitar la apertura de los espacios necesarios para la incorporación de la población a las tareas de la lucha contra la corrupción e impunidad, así como para impulsar la participación ciudadana en la iniciativa de la Constituyente Judicial Popular, llamamos a todos los interesados en esta materia a contactarnos en las siguientes direcciones:

www.anticorrupcion.org.ve y por el correo electrónico encuentrodecuadros@cant.net

Por el Frente Contra la Corrupción y la Impunidad:

MARÍA ZAMBRANO, ATILIO TAPIA, ANA ELISA OSORIO, OLIVER BELISARIO, OSWALDO RAMÍREZ, FRANCISCO SUAREZ, XAVIER ZULETA, FRANCISCO JAVIER VELAZCO, RAFAEL HERNÁNDEZ, GLADYS REQUENA, MELISENDA REYES, ALEXIS RUMBOS, HORACIO PINTO, FRANCISCO SANTIAGO ALAMO, CARMEN LÓPEZ, GLADYS ESCALANTE