Los diputados ganan Bs. 4,3 millones mensuales. Tascón criticó sueldo de magistrados del TSJ, estimado en Bs. 28 millones al mes. Piden iniciar cambios sin esperar la Habilitante.

Los diputados Luis Tascón y Francisco Ameliach, introdujeron un proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para regular los sueldos de los funcionarios públicos.

“Los altos funcionarios deberían devengar un sueldo no mayor de 12 salarios mínimos, es decir, cerca de 6 millones de bolívares.

El diputado por el estado Táchira dijo que no se justifica que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tenga un sueldo superior a los 28 millones de bolívares mensuales.

Como altos funcionarios definió a registradores, notarios públicos, directiva del Banco Central de Venezuela, gerentes de Petróleos de Venezuela, directores generales de ministerios y otros.

La solicitud de poderes especiales por parte del Presidente de la República, Hugo Chávez, para fijarle tope a los sueldos y salarios de los funcionarios que laboran para la administración pública, consiguió eco ayer en la Asamblea, pues los diputados del MVR, Luis Tascón y Francisco Ameliach, introdujeron un proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos que comenzará a ser discutido en dos semanas.

Tascón informó que el pasado 9 de enero “introdujimos un proyecto de ley para regular el salario de los altos funcionarios públicos. Hay una iniciativa ejercida por 93 diputados”, más de la mitad, toda vez que el quórum total es de 167 parlamentarios.

Al parecer de Tascón, los altos funcionarios deberían devengar un sueldo no mayor de 12 salarios mínimos, es decir, cerca de 6 millones de bolívares, pues los empleados y obreros se rigen por las convenciones colectivas.

Por su parte, Francisco Ameliach también se pronunció al respecto y catalogó como “justa”, la revisión de los salarios de los altos funcionarios al servicio del Estado venezolano, porque "hay una gran brecha entre el salario mínimo y el salario de algunos funcionarios”.

En tal sentido, Ameliach puntualizó que hay que quitarle la autonomía a los poderes públicos para que cada quien fije el salario de los trabajadores considerados de confianza. “Para mí es totalmente ilógico, porque el fisco nacional, de acuerdo con la recaudación que existe, es quien al final tendrá que decir si hay o no disponibilidad presupuestaria para pagar un sueldo determinado”.