Prensa Gobernación – CNP 11.650. El Fiscal Superior del estado Bolívar, Eliécer Ruiz, aseguró que no existe ninguna orden de captura ni persecución contra el señor Ramón Machuca, sino un proceso de investigación por haber alterado el orden público con la tranca de avenidas y la presunta incitación a delinquir a través de medios regionales.

Estos sucesos se realizaron durante la visita del Presidente de la República, afectando a miles de ciudadanos que no pudieron movilizarse durante horas. En tal sentido, el Secretario General de Gobierno, Teodardo Porras, aclara a la opinión pública que los reclamos de un grupo de sindicalistas, válidos o no, deben ser canalizados por los entes regulares, más aún cuando existe un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la cual puede ser apelada por el sindicato del señor Ramón Machuca sin tener que afectar al resto de los ciudadanos.

La Gobernación del estado Bolívar, continúa Porras, debe garantizar el libre tránsito de las personas y en virtud de que todo parece tratarse de un conflicto político, por las medidas y discursos asumidos por el señor Machuca, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está obligada a solicitar ante la Fiscalía una investigación a objeto de determinar si existe el delito de incitar a la rebelión, el cierre de vías públicas y la instigación a delinquir, tal como los delitos sucedidos durante las famosas “guarimbas” de sectores de la oposición. Nadie tiene derecho a cerrarle la vía a una ambulancia, a un taxista, ni a miles de ciudadanos que se dirigen a su trabajo. Y la Gobernación no puede seguir permitiendo que dirigentes sindicales pretendan resolver sus conflictos laborales internos en la calle, mucho menos si las vías del diálogo no se han cerrado para ellos. Ni la Gobernación ni ninguna otra institución le está violentando el derecho a los trabajadores, pero en cambio un grupo de manifestantes sí violaron el derecho de los ciudadanos a dirigirse a sus trabajos. Reitera el llamado al diálogo entre las partes involucradas en un conflicto laboral interno.

La Fiscalía luego de una investigación evaluará si existen elementos o no, que puedan determinar si hubo o no instigación a delinquir y otros presuntos delitos, no obstante, asegura el Fiscal Superior de la región que es absurdo argumentar que se le ha negado la posibilidad de reunión o que exista una persecución con una orden de captura sobre el señor Machuca. Desconoce las motivaciones de estas argumentaciones, en todo caso las califica como falsas aseveraciones.

Por su parte, Porras señala que en el caso del ex alcalde Carlos Chancellor sucede exactamente igual, pues existen indicios de que fue el promotor del cierre del kilómetro 88 afectando a cientos de turistas y el comercio de la zona. También por unas protestas que en menos de un día resolvió una comisión del Gobierno Nacional directamente con los mineros, lo cual sugieren que las acciones violentas promovidas por Chancellor estaban motivadas por intereses políticos para generar un caos.

En el caso del grupo de personas que representa el sindicato de los sidoristas, Porras reitera que es evidente que se trata de un conflicto solucionable mediante el diálogo por parte de los entes gubernamentales involucrados, en la que por cierto la Gobernación del estado Bolívar no tiene nada que decidir. Y añade que cerrar la autopista hacia Ciudad Bolívar no es una manifestación cívica de los trabajadores, sino una acción delictiva que afecta los intereses de los ciudadanos, que también tienen derecho a transitar libremente para dirigirse a sus trabajos. No se puede aceptar la deformación del derecho a la manifestación de los trabajadores por la anarquía presentada en Ciudad Guayana, allí no hubo una marcha para presentar ningún documento a la Contraloría, simplemente la tranca de las principales avenidas para insultar al Gobernador, primero dijeron con grandes titulares que “se robó los reales”, y ahora dicen que “los desvió”, la Contraloría hace un pronunciamiento y ahora acusan al Gobernador de tal pronunciamiento, y por último, la única acción que se les ocurre en su rechazo al pronunciamiento de la Contraloría General de la República es impedir a todos los ciudadanos del estado Bolívar transitar por las avenidas principales para ir a trabajar.

A nadie se le viola su derecho a protestar, pero si existe la presunción de violación de la ley, por las acciones cometidas que parecieran “guarimbas políticas” simplemente para generar el caos, por la incapacidad de representar a los trabajadores ante una decisión de la Contraloría General de la República. En este sentido Porras reitera el llamado a los trabajadores a encontrar una solución mediante el diálogo y distanciarse de la política. Pues están siendo afectados los ciudadanos, e incluso los trabajadores.