Caracas, 16 Sep. ABN (Igor Torrico).- El empresario venezolano Pablo Acosta presentó ante el Ministerio Público una acusación contra el Banco de Venezuela, debido a que esta institución se ha negado a anular parte de las deudas que él tiene en sus tarjetas de crédito, a pesar de que son montos indexados, los cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) califica de usureros y, por tanto, ilegales.

El caso de Acosta refleja el de muchos tarjetahabientes venezolanos, quienes han tenido que pagar sumas astronómicas en deudas por uso del dinero plástico.

Incluso, algunos casos duplican o triplican el monto pedido en préstamo o financiado. Todo ello a causa de la aplicación de los intereses sobre intereses o créditos indexados.

Acosta consideró que la decisión del TSJ de enero de 2002, mediante la cual se califica a los créditos indexados como "usura" y, por tanto, delito, también debe aplicarse a las tarjetas de crédito.

El empresario venezolano fue declarado moroso por el Banco de Venezuela, debido a que tiene deudas en tarjetas de crédito por un monto superior a los 60 millones de bolívares.

Basado en este planteamiento solicitó al banco una revisión de sus cuentas, lo que no aceptó la entidad bancaria.

Posteriormente, se dirigió al Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu), ente que falló a su favor el 21 de marzo de 2002. Pero el Banco de Venezuela no aceptó y apeló la decisión.

La apelación se hizo ante el Ministerio de Producción y Comercio (MPC), hoy Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco). En resolución publicada en Gaceta Oficial el 27 de febrero del año 2004 el MPC favoreció a Acosta.

A pesar de la decisión en firme de dos instancias administrativas, el Banco de Venezuela no accede a condonar la deuda del empresario, por lo que éste asistió al Ministerio Público para denunciar a la entidad financiera. Su caso quedó en manos del fiscal bancario, Benigno Rojas.

Rojas imputó el 12 de abril de 2005 al presidente de esta entidad, Michel Goguikian, por el caso de Acosta, junto al de la usura por los créditos indexados ya decididos por el TSJ en enero de 2002.

Ante esta panorámica, los abogados del presidente del Banco de Venezuela solicitaron ante el TSJ la anulación de todos los procesos y decisiones firmes en contra de su representado, por lo que actualmente se encuentra el caso en la Sala de Sustanciación del máximo tribunal de la República.

Debido a que su caso no fue revisado por el banco, Acosta sigue en el llamado Sistema de Información Central de Riesgo (Sicri), lo que le ha impedido pedir créditos u obtener dinero plástico de otros bancos venezolanos.

Eso lo llevó a solicitar la ciudadanía de República Dominicana, país con el que hace negocios, ya que importa productos desde Venezuela, a través de su empresa Corporación Carenas.

Hoy es ciudadano dominicano y allá, dado que es reconocida su condición de "perseguido económico" como él se denomina, no ha tenido inconvenientes en que le abran la puertas las instituciones financieras.

Pablo Acosta afirma haber recibido amenazas de muerte. Sin embargo, no ha perdido el empeño en su caso, por lo que haciendo uso del precepto constitucional de la contraloría socia ha asistido ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), la cual decidió apoyarlo.

Acosta hizo un llamado para que todos los tarjetahabientes que atraviesan su misma situación acudan al Indecu donde, afirmó, se encuentran unos 17 mil casos.

Asimismo, los invitó a acercarse a la Comisión de Política Interior de la AN, ya que la diputada Iris Varela ha impulsado la investigación del caso y recibe las denuncias sobre el particular.

Para conocer la opinión del principal interpelado en este caso, el presidente del Banco de Venezuela, Michel Goguikian, la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) hizo contacto con la oficina de relaciones institucionales de la entidad, sin embargo, hasta ahora no se ha recibido algún tipo de respuesta.

Por lo pronto, Pablo Acosta espera la audiencia de la Sala de Sustanciación del TSJ, que debería estar próxima a realizarse, y aspira a que las autoridades velen por su vida, ya que no han cesado las amenazas de muerte.