21 de julio de 2014.- Claridad ideológica y política, firmeza moral, ética y capacidad técnica son cualidades que, de acuerdo con el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, siempre deberán acompañar a los 581 nuevos fiscales de la Superintendencia de Precios Justos provenientes del Poder Popular y 42 facilitadores que comienzan este martes su formación para sumarse a la lucha contra la guerra económica en el país.
Arreaza hizo su apreciación durante el acto de juramentación e inicio de proceso formativo de 33 de los nuevos fiscales en el estado Vargas, específicamente en el salón de conferencias Hugo Chávez de la Casa Ministerial de la Defensa, ubicada en la urbanización Playa Grande de la parroquia Urimare, en esta entidad del litoral central.
Subrayó la importancia de sustentar el trabajo contra la guerra económica de la derecha en la participación protagónica del poder popular, y para ello, este 21 de julio se juramentaron y comenzaron su proceso formativo de forma simultánea los fiscales de los estados Vargas (33), Delta Amacuro (40), Guárico (91), Barinas (117), Sucre (80), Carabobo (148) y Nueva Esparta (72), con miras a incorporar en todo el país a 3.000 hombres y mujeres del pueblo organizado en la ofensiva económica.
El vicepresidente llamó a los nuevos fiscales a que en su lucha contra el capital especulativo no medie ningún empresario ni líder político regional o local, y puntualizó: "Ustedes responden a un método y a una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro".
Refirió que el Plan de la Patria 2013-2019, elaborado por el líder revolucionario Hugo Chávez, contempla en su segundo objetivo histórico la construcción del socialismo y aborda el área económica, en cuanto a la redistribución justa de la renta petrolera y de la producción, y trascender del modelo rentista capitalista a construir el esquema productivo socialista.
Asimismo, mencionó la importancia de establecer un sistema de fijación de precios justos para los bienes y servicios, tal y como establece el Plan de la Patria, en combate de prácticas como el acaparamiento, la especulación y la usura, mediante el fortalecimiento de las instituciones responsables, en este caso, la Superintendencia de Precios Justos.