01-07-15.-Este miércoles y hasta el 31 de julio se inicia el periodo para que los Altos Funcionarios de la administración nacional, regional y municipal presenten ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Patrimonio, trámite que deben cumplir anualmente tal como lo establece la Ley contra la Corrupción.
La declaración debe contener una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar indica el manual establecido por la Contraloría.
Entre los funcionarios que deben presentar anualmente la Declaración Jurada de Patrimonio están el Presidente y Vicepresidente de la República así como Ministros y Viceministros.
Igualmente están convocados en este proceso los diputados principales a la Asamblea Nacional; Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de las Cortes Primero y Segunda de lo Contensioso Administrativo así como los jueces de los tribunales de la República; la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral; Fiscal General de la República, vicefiscal y fiscales del Ministerio Público.
También el Defensor y el Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo; Contralor General de la República y Subcontralor; Procurador y Viceprocurador; Contralor General de la Fuerza Armada Nacional y el Fiscal General Militar así como embajadores y cónsules; registradores y notarios.
Asimismo cumplen este requisito la junta directiva del Banco Central de Venezuela así como las juntas directivas de corporaciones, empresas del Estado, institutos autónomos, fundaciones y asociaciones civiles; así como superintendentes, intendentes, y Directores Generales de los órganos y entes del sector público y Rectores, vicerectores y secretarios de universidades públicas.
Además están los gobernadores de estado y secretarios de gobierno; legisladores a los Consejos Legislativos Estadales; procuradores de estado, subprocuradores y directores generales; alcaldes distritales, municipales, y directores generales, concejales distritales y municipales; contralores distritales, municipales y directores generales y síndicos procuradores distritales y municipales.
