21 de marzo de 2015.-Nosotros las mas de 7.400 familias venezolanas, afectadas por la estafa del Concesionario La Venezolana, habiendo cumplido con todas y cada una de las exigencias (tareas) asignadas por la Junta Administradora Ad Hoc y por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela (habiendo ejercido nuestro deber como ciudadanos).

CONSIDERANDO QUÉ:

1.- El Ejecutivo Nacional no ha asumido su corresponsabilidad en la estafa de los más de 7.000 venezolanos y venezolanas… desestimando que las instituciones del Estado encargadas de hacer cumplir el art 55 de la CRBV “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”, así como del Art. 3 de la CRBV “…de velar por la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios socialistas" , han sido igualmente timadas al permitir laborar la empresa “Concesionario la Venezolana” autora de la estafa antes señalada

2.- El Ejecutivo Nacional ha incumplido con su palabra, contradiciendo los valores socialista que se desean rescatar en su manifiesto público y notorio realizado a través del canal del Estado VTV en fecha 28 de mayo de 2014 de resarcir los daños mediante la entrega de los vehículos o del dinero para quienes así lo solicitaran. https://www.youtube.com/watch?v=1dcEQXLvP40

3.- El Ejecutivo Nacional nos ha cercenado el derecho al empoderamiento popular contemplado en el objetivo número 2 del Plan de la Patria. Como base fundamental del socialismo para resolver esta penosa situación que afecta dramáticamente la salud mental de los estafados.

4.- El Ejecutivo Nacional no ha dado respuesta por escrito a ninguna de las solicitudes y propuestas de empoderamiento que por escrito se le han formulados.

5.- La Vicepresidencia de la República ha incumplido con el lapso establecido en las reuniones.

6.- El Vicepresidente de la República ha incumplido con su palabra socialista de resolver la problemática socio-económica de los afectados a través de la entrega de vehículos o devolver el dinero para quienes así lo necesiten.
7.- La Vicepresidencia de la República incumplió con su compromiso de elaborar link de uso oficial como herramienta que facilite la solución a este problema.

8.- La Vicepresidencia de la República ha incumplido con las enseñanzas del presidente Chávez en lo que respecta al socialismo y el Poder Popular como única forma de resolver la crisis generada por el capitalismo y por ende la solución a esta aberrante estafa a nuestro sistema socialista y a las familias venezolanas afectadas directamente.

9.- Las instituciones y Órganos contralores del Estado fueron burladas por los propietarios de la empresa Concesionario La Venezolana, al operar este concesionario libremente, patrocinar juegos deportivos en el Estado Vargas, patrocinar eventos deportivos en un canal de televisión de la parrilla nacional, realizar exposiciones de venta de sus vehículos en el Ministerio de la Defensa etc.

RESUELVE:

1.- solicitar se cumpla con los postulados socialistas inculcado por el comandante Chávez a nuestro caso.

2 Solicitar respuesta oficial a todas las propuestas realizadas por los afectados en cumplimiento con nuestro deber de empoderamiento social en un lapso no mayor a cinco (5) días contados a partir del día 16 de marzo de 2015.

3.- Solicita resarcir el tiempo perdido por el incumplimiento de las citas programadas, por el mismo gobierno, a través de reuniones extraordinarias, a fin de no dilatar más el tiempo.

4.- De no recibir respuesta oportuna en el tiempo estipulado procederemos de manera cívica, pacífica y constitucional a realizar acciones de calle en Caracas y otras regiones de Venezuela, de manera creciente, comenzando el 25 de marzo de 2015 en la plaza del Banco Central de Venezuela.

Nosotros los afectados por el Concesionario la Venezolana, debemos defender todos los cambios que se han conjugado para erradicar las tendencias a sostener, los procesos burocráticos y para incluir la presencia de la voz del Poder Popular, ya que lamentablemente aún podemos ver estadísticamente como una constante, el deseo de algunos en tomar decisiones ignorando por completo la voluntad del colectivo. Bajo esta perspectiva ha surgido la Controlaría Social en Venezuela, que se ha convertido en un hecho inédito y trascendente de participación social, donde cautelosamente pero de forma certera, ha venido ganando terreno en el interés del colectivo y en sus expresiones asociativas, sin ningún tipo de distinción ideológica o partidista, además de ser un derecho, pero también un deber, con rango constitucional, que se ha desarrollado en el marco legal con basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 51. Con el derecho que se nos otorga a presentar peticiones. Art. 62. Con nuestra participación en la formación, ejecución y control de gestión pública. Art. 66. Con el deber de rendición de cuentas de parte de los representantes políticos. - Art. 141. Con el principio de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, y de rendición de cuentas de las administraciones públicas. - Art. 143. Con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, a ser informados (as). Con la aplicación de nuestra Contraloría Social, se pretende garantizar la transparencia en el manejo de cualquier gestión, que involucre los intereses de todos y cada uno de los afectados, para finalmente proteger el bien común y asegurar un incremento en el buen vivir, por tanto, tiene como principio el desarrollarnos en colectivo, mejorando cada día nuestros métodos de control y vigilancia en las acciones tomadas, en torno a nuestra problemática.
Comisión de Voceros de afectados por el Concesionario la Venezolana