Contralora considera perentorio revisar todos los procedimientos de la administración pública

Adelina González, contralora General de la República Bolivariana de Venezuela

Adelina González, contralora General de la República Bolivariana de Venezuela

14 de agosto de 2013.- El lunes en la noche el presidente Nicolás Maduro anunció que se declaraba en emergencia contra la corrupción, y dijo que solicitará poderes especiales para poder hacerle frente a este flagelo. En atención a este planteamiento, la contralora general, Adelina González, consideró necesario revisar y sincerar los procedimientos de la administración pública.

“Hay que hacer una revisión de todos los procedimientos, y en verdad sincerarlos”, expresó la servidora pública, en entrevista con el Correo del Orinoco. “Sí creo que hay determinados procedimientos y dispositivos legales que hay que revisar y sincerar para que la actividad de la administración sea más expedita, y para garantizar que efectivamente hay una responsabilidad cuando se contrata, cuando se manejan fondos públicos, cuando una obra se paraliza, cuando unos bienes no se entregan en un lapso oportuno o cuando llegan y dejas que pasen un año en la aduana”, subrayó.

Con el análisis es posible “ampliar las sanciones que las leyes están contemplando” o sustituir “los procedimientos que se han convertido en un círculo vicioso para que ocurra la corrupción”.

COMPROMISO DEL PRESIDENTE

La Contralora considera que el Presidente está “muy motivado, muy comprometido con esta lucha”, y que su planteamiento de declarar una emergencia “se corresponde tal vez con algunos procedimientos en los que hay muchísimas trabas para la lucha contra la corrupción” y cómo se las arreglan “para burlar la ley”.

Por ejemplo, para contratar con el Estado se exige una serie de requisitos, y todo esos pasos “se convierten en peajes”. Algunas empresas “no quieren contratar con el Estado directamente”, y se produce la cartelización. González lo sufrió en carne propia cuando trabajaba como consultora jurídica en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: “las empresas se ponían de acuerdo para ofertar los kits de diálisis a tal precio”. Por ello el Estado decidió “importar directamente” el material requerido para las y los pacientes con afecciones renales.

La contralora cita también a las constructoras que se comprometen a pavimentar una carretera, suscriben el contrato, levantan el acta de inicio y dos días después paralizan las obras por la lluvia.

MEJORAR LAS NORMAS

A juicio de González, el marco jurídico es sólido, pero igual estima que la Ley Contra la Corrupción puede ser mejorada. “El año pasado se hizo una buena discusión sobre eso, para incorporar algunos dispositivos que la ley no tiene, como el soborno trasnacional”, precisó. También hay una propuesta de un grupo de parlamentarios de aumentar algunas penas.

El punto de partida de la normativa, destaca la Contralora, es “la imprescreptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, que es un marco constitucional excepcionalísimo de Venezuela”. Eso “es determinante” para la lucha contra la corrupción, sentencia.

En su opinión sí hay leyes que revisar. Alguien puede preguntarse por qué le dieron 70% de anticipo a una empresa “y no hizo nada, pero es que la ley permite que le des hasta 70% de anticipo”. En un caso así, la debilidad puede haber sido la no constitución de la garantía. Por ello, añade, “entiendo la desesperación del Presidente al ver que la gran cantidad de recursos que se han asignado” para programas sociales y obras pueden ser desviados.

González recordó la Misión Eficiencia o Nada, que planteó el comandante Hugo Chávez en sus últimos meses de vida. “Nosotros hemos venido trabajando con ellos” y esa estructura es “para hacer seguimiento a toda la actividad del Estado”, con un esfuerzo especial en los programas sociales. “Si tienes un programa social, por ejemplo alimentación escolar, tienes que garantizar y tienes que supervisar que las comidas lleguen, que no paguen comidas de más” porque de lo contrario “se diluye el fondo de ese programa social” y la víctima “es el ciudadano”, el pueblo al que va dirigido el programa.

Los retrasos con las obras implican que lo que hubiese costado 15 millones de bolívares “termina costado el triple”, debido al impacto de la inflación, lamentó la contralora.


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