31-07-13.-La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó la medida a través de su usuario en la red social Twitter @lortegadiaz: “A solicitud del MP se dictó prohibición de enajenar, grabar y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y privativa de libertad a Peña”.
El pasado 27 de julio, el Tribunal 21° Civil de Caracas remitió el expediente al Ministerio Público, que entonces solicitó el congelamiento de los bienes del empresario.
En ese sentido, el Ministerio Público lleva adelante una investigación en la que Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, figura como cómplice de fraude al patrimonio público.
Alfredo Peña manifestó haber hecho un “préstamo” de 3,5 millones de dólares en el año 2003 cuando era alcalde metropolitano de Caracas.
Así el ex alcalde demandó a Otero desde Miami donde ha estado residenciado desde su participación en el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez.
Otero se ha negado a pagar dicho préstamo, y este es el motivo de la demanda.
Sin embargo, cuando el acusado fue al tribunal que atiende la demanda para defenderse, se autoimputó al declarar que no se sentía obligado a pagar el dinero, pues considera que Alfredo Peña no pudo haber ganado 3,5 millones de dólares en toda su carrera como periodista (cuando ejerció esa profesión) ni en su puesto como alcalde según los ingresos de ambos ejercicios.
De esta manera, Miguel Henrique Otero admitió conocer el origen ilícito del dinero. Y se contenta con evadir el tema de la deuda y el origen del dinero asegurando que todo se trata de “otro atropello para limitar la libertad de expresión”.
La ley contra la corrupción en su artículo 46 indica que el incremento patrimonial desproporcionado de un ciudadano con respecto a sus ingresos implica delito de enriquecimiento ilícito, pero, además, la normativa prevé igualmente penas y sanciones para las personas que se beneficien de ese dinero mal logrado.
A través de esta medida de enajenar las cuentas de Miguel Henrique Otero, este no podrá movilizar ninguno de los activos que posee a otras cuentas.
Además, en la 4ta Feria del Libro de Caracas, Ortega Díaz indicó que la fiscal 51° nacional Rochely Barboza solicitó al Tribunal 32° de Control que lleva la causa, una orden de aprehensión contra el ex alcalde Alfredo Peña, por presunto enriquecimiento ilícito.
Hasta la fecha, queda pendiente investigar si la demanda del ex alcalde puede catalogarse como hecho punible, según una solicitud que recibió el Ministerio Público el pasado miércoles 19 de junio de 2013 por parte del Tribunal 21º en lo Civil y Mercantil del Área Metropolitana de Caracas.
La fiscal general considera que “estos hechos podrían revestir carácter penal, pues no sabemos de dónde el funcionario público obtuvo esa cantidad de dinero, ni tampoco conocemos por qué el demandado debía esa suma”.
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