Caracas, agosto 31 - Ocho averiguaciones administrativas decidió
abrir el Consejo Nacional Electoral, en su sesión de este jueves, por
presunta violación de las normas que rigen la campaña electoral
presidencial. Dos de estos procedimientos involucran medidas cautelares
con retiro de la publicidad.
Se ordenó la apertura de dos
averiguaciones al Comando Venezuela por exceder el centimetraje y el
tiempo máximos establecidos en la normativa. Más de media página
estándar en El Nacional y más de los tres minutos para televisión en
Globovisión y Meridiano.
Todos los excesos ocurridos el día 19 y
26 de agosto. También se ordenó el inicio de un procedimiento
administrativo a la organización política Proyecto Venezuela por exceder
el espacio permitido por día en el diario El Carabobeño.
Asimismo,
el CNE decidió abrir dos procedimientos administrativos por la presunta
colocación de propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos
en las normas. Una de ellas, a la Compañía Anónima Metro de Caracas y la
otra al Comando Carabobo, en ambos casos con la orden de retiro
inmediato de la publicidad que consisten en una pancarta con propaganda
electoral, ubicada en la estación Antímano y de afiches en un Centro de
Atención Integral (CDI).
Tres de las averiguaciones ordenadas por
el CNE recaen sobre medios de comunicación social. En primer lugar,
contra el diario Nuevo Día de Falcón por insertar publicidad por cuenta
propia al publicar un aviso sin el RIF, quebrantando el artículo 4 del
Reglamento Especial sobre Propaganda y el 204, numeral 5, del Reglamento
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Los otros
dos medios a los que se les abrirá averiguación administrativa son
Globovisión y Venezolana de Televisión, en ambos casos por hacer
campaña por cuenta propia; el primero, en fecha 28 de agosto, y el
segundo, el pasado 17 de agosto. En estos dos casos se refiere a la
presunta infracción establecida en los artículos ya señalados.
Asimismo,
ordenó colocar, en los próximos cinco días, el Registro de Información
Financiera (RIF) a 16 vallas ubicadas en diferentes estados del país
contratadas por los Comandos Venezuela y Carabobo, así como por la
organización política Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En caso de no
acatar la decisión en el lapso señalado, podrían ser sujeto de las
sanciones establecidas en la normativa.
