Gracias a ese articulo publicado en esta tribuna combativa de nuestra Revolución Bolivariana, para ese entonces, se derogó el Decreto 214, de fecha 29 de Julio de 2010, publicado en Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº Extraordinario de esa fecha, corrigiéndose en lo que se pudo, la descarada violación a la ley de Bomberos que se iba a cometer con los ascensos de los oficiales de bomberos, bajo el beneplácito y la mirada indolente del Gobernador del estado y de su procurador, quien ya habían elaborado firmado y publicado en Gaceta Oficial la prueba de semejante locura donde de un brinco se saltaban hasta tres jerarquías.
Desde esa fecha hasta ahora, para desgracia de la institución bomberil hoy vemos con tristeza, como el actual gobierno regional, encabezado por un supuesto “bombero”, Marcos Miguel Díaz Orellana, dio al traste con una institución noble que presta un servicio público de seguridad ciudadana, a través de la atención de emergencias pre hospitalaria, que se había levantado de las cenizas adecas durante el Gobierno de Florencio Porras.
Entre las promesas y compromisos del actual mandatario regional al iniciar su gobierno en el año 2008, y luego que en acto emotivo, ilegal e ilegitimo desde todo punto de vista donde le otorgaran el grado de mayor, asumió el compromiso de mejorar el sueldo de bomberos, crearle una sede nueva y dotar a la institución bomberil de los instrumentos necesario para su trabajo. Pero es que ese pusilánime acto donde se le da la jerarquía de Mayor de Bomberos a un ex bombero voluntario expulsado hace un cuarto de siglo (25 años) antes, dio al traste con cualquier respeto a la jerarquía y desde allí quedo convertida en una vulgar piñata que todos los años se reparte.
En honor a la verdad, la primera propuesta de nuestro ilustre médico fue cumplida y diremos que a medias tintas, por cuanto el costo de la vida hace insuficiente el actual salario, además de mantenerse una deuda por pasivos laborales de aumento salarial y bono de alimentación que hasta ahora no se ha hecho efectivo y sobre el cual solo existen esperanzas.
Estas esperanza se refuerzas se refuerzan cuando el personal sueña con estrenar sede nueva, a pesar de que ya se habían aprobados los recursos para su construcción y que se esfumaron en el aire; así como otros, entre ellos los que se habías designado para la compra del terreno anexo a la Estación Nº 2, Ejido.
Y seguimos alimentando sueños cuando el personal bomberil debe dar respuesta a las emergencias solicitadas y se encuentra que los vehículos y equipos adquiridos en este mandato brillan por su ausencia. Los bomberos se preguntan ¿qué pensará un gobernador que fue bombero en relación a los bomberos? ¿Será que nunca fue bombero y solo disfrazo una pueril asignación de bombero los ímpetus de su juventud?... o ¿será qué por el hecho de haber sido expulsado en 1985 ahora pretende manejar la institución a su antojo?... es lo más seguro, por qué en tan corto tiempo como voluntario hace 26 años, es imposible que haya aprendido a ser bombero, creo que ni siquiera reconoce la diferencia entre una administración de desastres y una administración de emergencias, pero eso pasa cuando de bombero se asciende a mayor de bomberos y me convierto en jefe de bomberos.
Por mandato Constitucional (artículo 55 y 332,3), los Cuerpos de Bomberos deben prestar un servicio de administración de emergencias de carácter civil. Hoy los bomberos de Mérida ven con tristeza cómo durante el gobierno de un bombero la institución bomberil vuelve a ser desplazada por protección civil, y los servicios de de emergencias vuelven a ser desplazados por INPRADEM, al punto que ya vuelven a tener mejores equipos para la prestación de emergencias que los propios bomberos. Y es que en esto de la competencia de dos instituciones hermanas ansiosas de protagonismo ante cualquier emergencia o eventualidad, no existen concepciones claras por parte de sus dirigentes y menos aun de las máximas autoridades, quienes confunden la Administración de Emergencias con la Protección Civil, lo cual se considera sumamente gravé grave, por cuanto a la hora de un desastre de magnitud, protección civil estará atada de manos por invadir otras competencias que no por ello le quita, claro está, su obligación de apoyo y cooperación a la atención de emergencias pre hospitalarias.
El Gobernados Marcos Miguel Díaz Orellana, se graduó de bombero voluntario en el año 1984 y como tributo a esos años que aún vive, porque no se ha percatado aún del tiempo, su evolución y sus avances, se dio a la tarea de incorporar a la institución bomberil a bomberos de esa época. Como un acto bondadoso y de magnanimidad se han ingresado a la institución bomberil a través de sus directores, a bomberos que dejaron de serlo en la década de los 70, 80 y 90 y todo ello amparado en un populismo electorero de compromisos políticos. El personal de bomberos no se explica ¿Cómo han ingresado a la institución bomberos permanentes con más de cincuenta y cinco (55) años de edad, aún cuando aún vigente inconstitucional Ley de Protección Social del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida me indica que después de esa edad no pueden ingresarse un bombero y máxime cuando la actual Ley de Bomberos en su artículo 52 me indica en forma expresa que “para la prestación idónea de sus servicios profesionales el bombero debe encontrarse en condiciones físicas, psíquicas y somáticas satisfactorias y mantenerse informado de los avances del conocimiento de la tecnología de bomberos”
En esto se hace un paréntesis para señalar que el actual comandante y director de bomberos del Estado Mérida había dejado de ser bombero en septiembre de 1979, con 36 años de edad y regreso a la institución bomberil para jubilarse como director estadal por compromisos políticos después de 32 años, a la edad de 68 años y por si esto fuera poco, se ha aplicado a las normas, ingresos, ascensos y decisiones, todos aquellos procedimientos propios de finales de la década de los 79 y comienzos de los 80. Hoy hay en nomina de bomberos funcionarios de la tercera edad.
En cuanto a las normas se han desconocido en flagrante violación del derecho y las decisiones del actual comandante son propias de un caporal que dice: “Aquí se hace lo que yo digo” y ni se diga nada de sus gerentes que se llevan más gente en los cachos que los Toros de San Fermín.
En relación a los ingresos se ha desconocido que la actual Ley de Bomberos desde el año 2001, requiere para ejercer la función de bombero tener título profesional, expedido por un Instituto de Formación Profesional de Bomberos y que como complemento a ello se creó la Escuela Técnica Industrial Mención Bombero (ETIBEM) y el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil (IUTB), donde el personal ha hecho un esfuerzo para revalidar su Titulo de Bombero y que hoy ve con preocupación cómo se ingresa personal sin ningún tipo de criterio, inclusive personas que nunca hicieron curso de bomberos y solo tuvieron una relación de colaboración con la institución, por razones de compadrazgo hoy obtienen y aspiran altas jerarquías y la Comandancia General, utilizando para ello el Departamento de Bomberos Voluntarios que se ha convertido en un departamento de beneficencia pública, con pase seguro de ingreso a las filas permanentes y activas de la institución bomberil.
En relación a los ascensos, “Talón de Aquiles” por dos años consecutivos y como si la experiencia del año pasado hubiera sido poca, en abierta violación a la normativa bomberil, al igual que el año pasado se está vulnerando el proceso de ascensos contenido en el Reglamento de Ascensos publicado en Gaceta Oficial del Estado Mérida numero Extraordinario de fecha 15 de febrero de 2008 y se han realizado tres lotes de ascensos a funcionarios de tropa y suboficiales bajo supuestos criterios de justicia no contenidos en la norma.
Esto solo es el comienzo, por cuanto el irrito e ilegal proceso de ascensos sin fundamento jurídico que se monto para tapar el hueco, fue suspendido y al igual que el año pasado, se pretende llevar a la jerarquía de oficiales a todos aquellas funcionarios que por criterio propio y sin ningún tipo de procedimiento fue seleccionad por un Estado Mayor incompetente para ello, quienes en forma previa se repartieron sus ascensos y luego repartieron el ascenso de los demás oficiales, todo bajo las ordenes de: “Aquí se hace lo que yo diga.”
Volver a cometer los errores del año pasado no tiene escusa. Por reglamento el personal de bomberos asciende a través de un proceso de ascensos y le corresponde al Gobernador del Estado otorgar la jerarquía al grado de oficiales y en consecuencia es competencia de la Procuraduría General del Estado Mérida elaborar y verificar el respectivo decreto de ascensos, para lo cual debe verificar, como garante de la legalidad, que el mismo se ajuste a derecho y se hayan cumplido las condiciones mínimas de tiempo establecidas para cada jerarquía establecidas en la Ley de Bomberos (artículos 59, 60, 61 y 62) y los demás requisitos contenidos en el Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, referidos a dicho proceso. Esperamos que a través de la presente el ciudadano Gobernador tome conciencia de la importancia de no retroceder, ni desmejorar una institución que durante el mandato del anterior gobernador Florencia Porras, resurgió de las cenizas del gobierno adeco de Williams Dávila y tuvo en dos periodos de gobierno revolucionario la mejor expectativa para convertirse en una institución modelo a nivel nacional.