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Caracas, 07 Sep. AVN .- El prófugo de la justicia venezolana Óscar Pérez, quien es requerido por cargos de instigación y asociación para delinquir y huyó a Perú desde hace un año, asegura que durante este tiempo ha recibido ayuda de diferentes representantes de la oposición, entre ellos el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y su colega del Municipio Sucre, Carlos Ocariz, así como el activista de la derecha venezolana Richard Blanco, actual candidato a la Asamblea Nacional.
La información aparece publicada este martes en la página web del diario derechista La Verdad, del estado Zulia. En el portal se puede encontrar no sólo una reseña escrita de las declaraciones que Pérez le ofreció al rotativo vía telefónica, sino además el audio de la entrevista.
Luego de asegurar que durante este año ha vivido una situación económica difícil, que incluso lo llevó a trabajar como chofer, Pérez reconoció haber recibido ayuda, aunque no especificó de qué tipo, por parte de sus "amigos" venezolanos los alcaldes Ledezma, de Alianza Bravo Pueblo, y Ocariz, de Primero Justicia.
"En ocasiones, amigos con los que has compartido en Venezuela se olvidan de que estás acá y que la cosa es dura... Gracias a Dios Antonio Ledezma siempre ha estado aquí presente junto a su esposa, pendiente de mi. Richard Blanco cuando salió de la cárcel también está pendiente. Incluso el alcalde Carlos Ocariz de alguna u otra forma ha estado allí ayudándonos”, dijo Pérez.
El Tribunal 37mo. de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó el 27 de agosto de 2009 una medida privativa de libertad contra Óscar Pérez por estar presuntamente incurso en los delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir, a raíz de las acciones violentas que promovió y ejecutó durante la realización de una marcha en contra de la Ley Orgánica de Educación, el 22 de agosto de ese año, en Caracas.
En Perú se encuentran varios prófugos de la justicia venezolana, como Manuel Rosales, requerido por enriquecimiento ilícito; Nixon Moreno, acusado por intento de violación y homicidio; y Ramón Martínez, quien debe enfrentar cargos por irregularidades administrativas.