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Los ahora postulados, nombrados por acuerdos entre las cúpulas partidistas de la oposición, persiguen burlar la ley obteniendo inmunidad parlamentaria. Se encuentran en prisión por acusaciones que van desde el fraude, agresiones físicas contra un funcionario público y asesinato.
Tal es el caso del ex comisario Simonovis, quien fue lanzado como candidato a la Asamblea Nacional (AN) el pasado sábado por el dirigente del opositor partido Primero Justicia y actual gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.
Según el portal del canal opositor Globovisión, Simonovis fue postulado por el circuito número dos de Miranda, el cual comprende los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, más la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre.
Simonovis fue sentenciado en abril de 2009 a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela, por graves delitos cometidos por el golpe de Estado de abril de 2002, a saber: cómplice necesario en la comisión del delito de homicidio calificado; cómplice necesario en el delito de homicidio calificado frustrado; cómplice necesario en el delito de lesiones personales graves en complicidad correspectiva y cómplice necesario en el delito de lesiones personales leves.
La sentencia fue el resultado de un juicio penal donde se analizaron y compararon 178 testigos; 80 experticias balísticas; 53 experticias planimétricas; 40 inspecciones oculares; 40 experticias de microanálisis; 33 experticias forenses y 12 videos, entre otras pruebas.
Su esposa, María del Pilar de Simonovis, se postula como su suplente.
Luego de confirmada la candidatura de Simonovis, sólo queda un puesto para ser definido en 'primarias'.
Por su parte, el periodista Gustavo Azócar, quien permanece en prisión al enfrentar un juicio por fraude, fue postulado por las toldas contrarrevolucionarias por el circuito uno del estado Táchira, con el apoyo de los partidos opositores Copei y Un Nuevo Tiempo.
De igual manera, el ex prefecto de Caracas Richard Blanco, miembro del partido Alianza Bravo Pueblo, fue postulado por el Distrito Capital, según información divulgada por el diario opositor Tal Cual.
Blanco se encuentra en prisión luego de agredir físicamente a un funcionario de la Policía Metropolitana durante los disturbios promovidos por la oposición en la marcha contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) el 22 de agosto de 2009.
Este martes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Luisa Estella Morales, ratificó que toda persona a la que un tribunal haya dictado sentencia firme y se encuentre en cumplimiento de ella, está inhabilitada políticamente para concurrir a algún tipo de proceso de elección popular.
La declaración la suministró al ser consultada sobre el caso de algunos presos que han manifestado aspiraciones de postularse a cargos de representación en las venideras elecciones legislativas.
La magistrada explicó que así queda determinado desde el momento mismo de la sentencia.
“Con una sentencia firme, además de la pena principal, hay penas accesorias que establece el Código Penal, y una de éstas es la inhabilitación política', dijo.
De igual modo, señaló: 'La persona que tiene una sentencia está inhabilitada políticamente para concurrir a algún tipo de proceso de elección popular, como pena accesoria derivada de una sentencia condenatoria”.
Morales refirió que se ha estado hablando indistintamente de procesados e inhabilitados y señaló que es preciso diferenciar ambas figuras jurídicas.
“Cuando hablamos de la inhabilitación administrativa, estamos hablando del tipo de sanción que se establece a través de la Contraloría General de la República, por mandato de la Ley de Contraloría, y es producto del análisis de una gestión administrativa de un determinado funcionario, que puede traer como consecuencia una irregularidad, un hecho ilícito, y también pudiese llegar a una situación dolosa', manifestó.
La titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisó que “ésta es la inhabilitación administrativa, y otra cosa diferente es cuando se trata de la comisión de un delito”.
La magistrada indicó que en este último caso hay una persona sometida a un proceso penal, que tiene un procedimiento que va desde el control (imputación por el Ministerio Público) hasta el juicio, en el que se prueba y se produce una primera sentencia de instancia.