Más de 70 establecimientos han sido sancionados en el estado Nueva Esparta, por diversos ilícitos

Escuche el reporte de Niurka Franco desde el estado Nueva Esparta para RNV (mp3 1 min 49 seg)

Nueva Esparta 09 de febrero 2010.-Más de 70 establecimientos han sido sancionados en el estado Nueva Esparta, por diversos ilícitos, de acuerdo a la información ofrecida por el coordinador Regional del Instituto Nacional para la Defensa de las personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Indepabis, Luis López.

López afirmó, que desde el pasado 11 de enero, se encuentran realizando supervisiones y fiscalizaciones, a fin de impedir el remarcaje de precios y otras situaciones irregulares que van en contra del consumidor y el usuario de bienes y servicios.

A juicio de López, es incierta la información, según la cual, el Indepabis estaría actuando al margen de la Ley.

Es importante destacar que Indepabis continuará este dispositivo a fin de garantizar el respeto al consumidor de bienes y servicios e igualmente podrá darse un proceso de refiscalización, es decir, que los establecimientos que hayan sido supervisados, podría tener la presencia, nuevamente, de representantes de Indepabis, sin que ello tenga que ver con alguna arbitrariedad.


Indepabis responde a denuncias de los consumidores

La eficiencia del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis) para dar respuesta a las denuncias que cientos de venezolanos efectúan diariamente es responsabilidad de apenas 200 fiscales, quienes recorren el país en una lucha contra la especulación, el acaparamiento, el boicot y cualquier otra acción comercial que afecte al pueblo.

Entre sus responsabilidades está efectuar los procedimientos de fiscalización para constatar el cumplimiento o no de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios, así como exigir el cumplimiento del control de precios para garantizar la seguridad agroalimentaria.

Asimismo, tienen la responsabilidad de divulgar las normas en materia de la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios en terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, así como en escuelas, universidades, medios de comunicación y consejos comunales, entre otros.