27 de mayo de 2009.- El ministro del Poder Popular para el Comercio y presidente (E) del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Eduardo Samán, afirmó “tiene que haber presos” para acabar con los negocios turbios en la venta de vehículos y anunció que solicitarán a las superintendencias de bancos y de seguros que investiguen al sistema financiero por otorgan créditos por encima del valor estipulado para adquirir carros.
Samán consignó un informe en la Fiscalía General de la República para anexarlo a las investigaciones sobre el hallazgo de 24 vehículos ocultos, en una propiedad del empresario Guillermo Zuloaga, en Caracas el pasado jueves 21 de mayo.
Apeló al “bandidograma” como denominó el organigrama consignado ante el Ministerio Público para explicar las conexiones en las ventas de vehículos.
Explicó que en la investigación adelantada sobre el caso de las concesionarias Toyosan y Toyoclub, pertenecientes a Zuloaga, se respondió a una denuncia rutinaria y se detectó que en Toyosan los accionistas son Inversiones Ring 1520 C.A., Inversiones Megaval, C.A., Inversiones Lawhi C.A. e Inversora Frimendi 1935 C.A., y en Toyoclub la accionista es C.IC,C.A.,encontrando vínculos familiares y económicos entre las directivas de estas empresas.
Subrayó que Toyosan y Toyoclub, se vendían los vehículos entre ellos mismos. Y estos estuvieron por más de cinco meses en los concesionarios, sin ser puestos a la venta por lo que se presume intentaban “engordar” los precios de los mismos.
Vea aquí el cuadro de precios de vehículos
Argumentó que los vehículos deberán ser vendidos a los precios sugeridos por las plantas.
Tiene que haber presos
Denunció la existencia de prácticas antiéticas e inmorales y dijo que se consignaron las pruebas pero los delitos serán determinados por la Fiscalía General de la República porque se presumen prácticas que pueden llevar a un delito, entre ellas la usura y las ganancias desproporcionadas.
El Ministro aseguró que esta situación se acabará pronto cuando los tribunales determinen prisión para los responsables. “Tiene que haber presos porque si no esto no se va a acabar. O es que acaso cualquiera puede venir y aprovecharse del trabajo ajeno y quitarle el dinero a la gente, valerse de las necesidades de las personas y salir impune”.
Investigar al sistema financiero
A su vez indicó que producto de las investigaciones que se han llevado a cabo en torno al acaparamiento de vehículos que realizan algunos concesionarios, con el fin de elevar sus costos, se encontraron evidencias de conexiones entre los concesionarios y algunas instituciones financieras.
Especificó los casos de Toyosan y ToyoClub que mantienen conexiones de inversiones con instituciones financieras como el Banco Exterior y Banco Bolívar, los cuales otorgan créditos por valores superiores al costo real de los vehículos que expenden ambas concesionarias.
Afirmó que “existe una gran olla que hay que destapar como son las operaciones financieras que están sucediendo detrás de todo esto”.
Explicó, con gráfica en mano, que un carro cuyo valor es de alrededor de 100 mil bolívares luego es vendido, a través de revendedores, en cerca de 240 mil bolívares, lo que equivale al doble y hasta tres veces su precio original, donde se observa que los bancos dan un crédito con un valor inflado y las personas pagan intereses por ese valor abultado y además las compañías de seguros aseguran el carro con valor inflado al igual que las primas.
Por ello habrá que investigar ahora al sistema financiero por lo que solicitarán a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ( SUDEBAN) y a la Superintendencia de Seguros(Sudeseg) para que investiguen a los bancos que dan un crédito para adquirir automóviles por encima de su valor lo que esta causando una burbuja financiera en el país, parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos con los inmuebles donde daban créditos y seguros por encima de su valor.
Participación de las comunidades
Destacó
la importancia de la participación de las comunidades organizadas en el
seguimiento y vigilancia de los casos denunciados a tráves del 0800-
INDECU-1, para alertar al Indepabis y al Ministerio para el Comercio
sobre irregularidades que ocurran y proceder a los procedimientos
contemplados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios.