27 de junio 2008. - En una sentencia de enorme significación jurídica fue condenado a prisión Guillermo Klapka Anato, quien fuera detenido al intentar el cobro de cien millones de dólares presentando seis falsas notas promisorias cuya emisión se pretende atribuir al extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), intento éste enmarcado en la estafa internacional que contra la República se pretende ejecutar desde hace más de veinte años.

Desde 1987 se habían producido tanto en Venezuela como en el exterior, intentos de cobro de las falsas notas promisorias, sin que se hubiera logrado hasta ahora un pronunciamiento judicial expreso que estableciera responsabilidad penal y que determinara la falta de validez de los títulos.

El pasado 19 de junio la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acogió los alegatos expuestos por la Procuraduría General de la República en representación de la víctima, en este caso, la Nación, condenando al acusado por los delitos de estafa agravada en grado de tentativa y uso de documento privado falso, argumentación sostenida también por el Ministerio Público en sus actuaciones durante el proceso.

La Sala también señaló que acogía lo argumentado por los abogados de la Procuraduría, "en el sentido que la falsedad de las Notas Promisorias (…) conforman un hecho comunicacional notorio", destacando con ello el carácter fraudulento de las notas que se han constituido en instrumentos de los referidos intentos de comisión de fraude contra la República.

La procuradora general de la República, Gladys María Gutiérrez Alvarado, al destacar el trabajo ajustado a derecho y a la justicia realizado por el Poder Judicial y por el Ministerio Público, en su accionar al lado de la Institución que dirige, señaló que “la sentencia constituye un importante precedente jurídico en el caso Bandagro, al tratarse de la primera vez que se condena penalmente a un portador de los falsos títulos atribuidos a la desaparecida institución bancaria, además de ser también la primera ocasión en la que da cuenta de la falsedad de los mismos una instancia judicial”. Asimismo expresó que el Despacho a su cargo continuará ejerciendo todas las acciones judiciales tendentes a la prosecución penal de los sujetos activos en la comisión de los delitos, así como la incautación y aseguramiento de los falsos títulos con el objetivo de resguardar los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela.