El contralor general de la República Clodosbaldo Russián

Caracas, 16 Jun. ABN (Orlando Rangel Yustiz).- En el caso de la inhabilitación y suspensión política del gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, “debe ser el Consejo Legislativo de acuerdo con el orden legal que rige el estado Yaracuy, el órgano que designe al nuevo gobernador suplente de esa entidad”, sostuvo el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián.

Russián indicó sobre el caso de Carlos Giménez, en el Programa En Confianza que transmite Venezolana de Televisión, que “lo que se está señalando ahí es una falta absoluta, el señor Giménez no sólo fue suspendido de su cargo sino que también se le inhabilitó para poder desempeñar cargos públicos, bien de elección o de designación”.

“En todo caso el Tribunal no sólo lo acordó y en sala plena también se acordó la inhabilitación del profesor (Carlos) Giménez para el desempeño de cargos públicos”, agregó Russián.

Por tal razón, reiteró Russián que para la designación del gobernador suplente para el estado Yaracuy, no es Carlos Giménez quien debe nombrarlo sino el Consejo Legislativo que sentencie sobre la persona que asuma la suplencia como mandatario local de la entidad yaracuyana.

En este sentido, dijo que “en el caso del gobernador del estado Yaracuy, nosotros estamos ya por cubrir la fase conclusiva”.

Sobre los inhabilitados dijo Russián que “las inhabilitaciones son en todo caso lo que se está haciendo para tratar de ponerle punto final a la impunidad”.

Las diversas inhabilitaciones políticas efectuadas a cerca de 400 funcionarios de la administración pública son parte de una serie de nuevas medidas para preservar el patrimonio público de la nación y para poner punto final a la impunidad, sostuvo el Contralor.

Según un articulista del diario regional Yaracuy Al Día, Luis Martínez, el gobernador Giménez podría estar vinculado al contratista Gianfranco Napolitano, a quien le habría dado casi todas las concesiones sobres las obras públicas de la entidad yaracuyana.

El empresario Gianfranco Napolitano, es dueño de una serie de medios de comunicación privados (impresos, televisión y radio) en varios estados del país, todos pertenecientes al Consorcio Naser y es también accionista principal de la red de radio Rumbera Network, que tiene franquicias en la mayoría de los estados de Venezuela, en algunas islas del Caribe y en las Islas Canarias en España.

Según Martínez, una de las obras públicas donde se ve reflejada la corrupción del gobierno de Giménez es el caso de las trincheras en el municipio Peña, donde se le habrían aprobados unos 10 millardos de bolívares viejos, (10 millones de bolívares fuertes), al mencionado contratista para la culminación de la obra.

La construcción de la llamada trinchera en la Autopista Nacional Rafael Caldera, aún se encuentra sin culminar, durante la gestión de Giménez ha sido un foco fundamental de perturbación para los pobladores y las personas que transitan esta vía.

Dice Martínez que el caso de las trincheras ha dejado ver como se han desangrado los recursos del estado Yaracuy y que tanto el gobernador Giménez, como Napolitano se han aprovechado de los recursos de la nación para su beneficio propio.

Asimismo, Martínez afirma que tanto Giménez como Napolitano sostienen negocios estrechamente vinculados con la malversación de los recursos del estado Yaracuy, con el dirigente del partido opositor Podemos, Ismael García, quien también estaría vinculado en varios delitos ocurridos en la entidad yaracuyana.

El gobernador inhabilitado y suspendido de su cargo, Carlos Giménez, está siendo investigado por presuntos hechos de corrupción y malversación de recursos. Los cargos son: Presunta comisión de delito de peculado doloso impropio y evasión de procesos licitatorios con contratistas, cargos tipificados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción.