10 de junio 2008. - El Contralor General de la República, Clodosvaldo Russian, exhortó a sectores de la oposición a presentar pruebas de aquellos funcionarios que estando inhabilitados por ese organismo y fueron electos por voluntad popular para cargos de la Administración Pública.

Russian hizo este llamado tras recordar que algunos inhabilitados ejercen el cargo de alcalde desde hace más de dos años porque, según él, están “protegidos por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dictaminó que debían esperar hasta el término del período”.

El contralor además habló del caso de Oscar Pérez, quien afirmó en una oportunidad estar inhabilitado y candidato a diputado por el estado Miranda, lo cual no fue cierto, porque de acuerdo con la versión del contralor, él fue notificado de su sanción después de haber sido electo para el cargo, no obstante, el organismo se vio obligado a revisar nuevamente su actuación para constatar la veracidad de lo dicho, por aquello de que a confesión de partes, relevo de pruebas.

Pérez si hubiera estado inhabilitado realmente antes de su proclamación, se habría dirigido inmediatamente al Poder Electoral para exigirle su desproclamación porque “la violación de la ley no da ningún derecho” y también para que reintegrara todo el dinero percibido como diputado en los últimos tres años, indicó Russian.

Lo mismo le hicieron al general Marcos Pérez Jiménez que fue electo senador principal por el Distrito Federal y lo anularon porque no se inscribió en el registro electoral y no votó, en consecuencia, no llenó los extremos de ley, manifestó.

El contralor, señaló que ese es el único caso que recuerda de una persona la cual fue elegida, desproclamada y además quedó inhabilitado de por vida para el desempeño de un cargo público.

El funcionario también mencionó el caso reciente del alcalde del municipio Pedernales en el estado Delta Amacuro, a quien la contraloría lo inhabilitó hasta por 15 años porque la irregularidad la cometió estando vigente la Ley actual de la CGR, y a pesar de eso sigue ostentando el cargo. "Ahora, si hay otros funcionarios en la misma situación, que lo digan y le faciliten el trabajo al Consejo Nacional Electoral para que enmiende este error", apuntó Russian.

Los inhabilitados por la Contraloría son de tipo administrativo y gozan de todos sus derechos, incluso pueden elegir a un funcionario para un cargo público pero no ser electos y agregó que cuando sancionan a alguien y para dar cumplimiento a a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entre otros, están obligados a señalarle a donde debe acudir la persona sancionada para su legítima defensa.

El proceso de las “inhabilitaciones no son un invento de la Contraloría para perseguir a nadie”, sino que, en la medida que el tiempo ha ido transcurriendo y la corrupción ha adquirido mayores niveles, los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, han tratado de protegerse contra ese flagelo.

Russian observó que mientras esté vigente la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal seguirán aplicando el artículo 105, que le da potestad para inhabilitar a funcionarios desde el punto de vista administrativo. “Hemos aplicado la ley sin favoritismo y sin hacer abstracción al partido al que pertenece”.

El contralor cree que esto debe servir de lección para que aprendamos todos y entender que es una equivocación el pensar que lo fundamental estaría en la inhabilitación o en la destitución del cargo, es simplemente dejarnos llevar por la voluntad, lo otro es una derivación.