“No entiendo por qué se utiliza el trabajo de 8 cooperativas para juzgar a una persona”, dijo Rodrigo Rojas presidente del Bloque de Infraestructura de Lanceros Vuelvan Caras respecto al caso del Cuartel San Carlos.

En rueda de prensa, Rojas reivindicó los derechos de las cooperativas contratadas para el proyecto de restauración de este recinto y destacó el apoyo que recibieron por parte del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), institución que actualmente es objeto de una campaña mediática.

“Nos quedamos sorprendidos cuando se nos quiere hacer ver como incompetentes e ineptos que echaron a perder el Cuartel San Carlos y que por eso van a perjudicar al señor José Manuel Rodríguez”, aseveró.

Subrayó que el IPC fue el organismo que funcionó como tutor de dicha central de cooperativas (cooperativas en 2do. Grado) “allí hicimos una hermandad, tanto que nos ofrecieron cursos de administración y talleres de restauración de patrimonio”, dijo Rojas.

Asimismo, manifestó que es injusto que se juzgue a esta institución por supuestas irregularidades administrativas cuando este instituto era el que facilitaba los recursos humanos y técnicos para agilizar dichos procedimientos.

“Si hubiesen puesto a concursar cinco cooperativas iban a escoger una sola, las otras quedaban por fuera”, y explicó que de esta manera hubiera sido un proceso excluyente y sin cabida a todos los trabajadores y en contradicción con el esquema socialista.

Comentó que algunas instituciones no otorgan contratos a cooperativas porque supuestamente “no están aptas”, pero a veces cualquier compañía o transnacional recibe tales otorgamientos.

“Los dueños de dichas las compañías, que a veces son tres señores, utilizan a 150 esclavos de los barrios” señaló, al tiempo que comparó dicho esquema capitalista con el ejemplo socialista del trabajo en cooperativas.

“Esto es un daño social y humano”

Rojas, destacó que ha sido el mismo presidente de la República, Hugo Chávez, quien ha afirmado en sus alocuciones que desde las instituciones y organismos del Estado debe apoyarse a lanceros, lanceras y cooperativas con proyectos y trabajos.

Añadió que esta política busca resolver problemas sociales como desempleo, alcoholismo y drogadicción. “Nosotros asumimos el reto de ser empresarios socialistas, porque no queríamos ser una carga para el Estado, no queríamos estar más en la calle, como indigentes o delincuentes, y por eso decidimos montarnos en ese vagón llamado Misión Vuelvan Caras”, puntualizó Rojas.

Sin embargo, en febrero del año 2007, la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, la cual está a cargo del Cuartel San Carlos, no permitió a dichas cooperativas la culminación de las obras de restauración .

“Había compañeros que se estaban beneficiando de los pocos recursos que se percibían allí (en el Cuartel San Carlos) para alimentar a su familia”, señaló.

Explicó que este trabajo empleó a 140 lanceros y lanceras que “si lo multiplicamos por un grupo familiar de cinco personas, fueron 700 las beneficiadas directamente por este trabajo”.

“Esto es un daño social y humano que se le hizo a estas personas que creyeron en organizarse”, manifestó.

El pasado 27 de mayo, el Ministerio Público imputó al presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, José Manuel Rodríguez, por la presunta comisión de irregularidades durante la ejecución del proyecto de restauración del Cuartel San Carlos.

Con relación a esta medida, Rojas comentó que “no se puede ser tan inescrupuloso para manejar por el lado más flaco, por el lado más débil, cuestiones para señalar al presidente de una institución”.

Fuente: http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/