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En varias ocasiones hemos oído al presidente Chávez decir que sin revolución en la cultura no habrá revolución. Estamos seguro de que eso es así porque revolucionar la cultura es desarrollar la conciencia. Ella, la conciencia, es la que nos permite avanzar hacía niveles más elevados de ciudadanía, de comprensión de los derechos colectivos, de compromiso con las necesidades, los sentimientos y las aspiraciones de la gente.
Son estos sentimientos y aspiraciones colectivas las que han llevado al IPC a hacer un reconocimiento de aquellos valores culturales que tienen importancia para la gente, que la identifica como nación, que caracteriza su identidad cultural. Es a partir del juicio que la propia gente haga de de ese patrimonio, registrándolo como un valor significativo para ellos, que el patrimonio puede convertirse en una estrategia para el desarrollo espiritual y material de las comunidades poseedoras de este.
Sin embargo parece que las necesidades y aspiraciones de la gente van por un camino diferente al que recorren algunos de sus gobernantes locales y regionales. Ahora nos topamos con la gobernadora del estado Delta Amacuro, la señora Yelitsa Santaella. Esta gobernadora no sólo tiene juicios de valor sobre el patrimonio cultural que van en dirección contraria a la de sus gobernados –cosa que en sí misma no es muy importante, por aquello de entre gustos y colores–, sino que al estilo de las viejas prácticas hegemónicas de la cuarta república, decide que lo que no tiene valor para ella no tiene valor en absoluto, y por lo tanto, debe ser eliminado, destruido, demolido. Y no lo decimos en sentido metafórico.
La gobernadora Santaella consideró que la Casa de los Rojas, hermosa construcción en madera, típica del Caribe Oriental, construida en Tucupita hacia finales del siglo XIX por unos comerciantes de cacao, entorpecía sus propósitos de modernizar, a su manera, esta ciudad y ordenó, entre gallos y medianoche, pasarle un tractor por encima. Lo hizo con alevosía, premeditación y nocturnidad.
Ya la gobernadora Santaella había sido advertida por el IPC sobre los valores patrimoniales de esa casa. Ya estaba notificada la gobernadora Santaella que esa casa tenía un registro como Bien de Interés Cultural de la Nación. También debió conocer, la susodicha gobernadora, sobre la existencia de una ley que protege y defiende el patrimonio cultural nacional. Pero no le importó. Al estilo de aquellos viejos gobernadores gomecistas que convirtieron esos territorios del Orinoco, con pobladores y todo, en finca propia manejada con fuete en la mano, se burló de todo eso y hoy la casa es un montón de tablas partidas.
Lo que tal vez no midió la gobernadora fue la reacción de la gente, esa misma gente que luchó por la declaratoria de esa vieja casa. Lo que seguramente desconoce la gobernadora, en su ignorante prepotencia, es la capacidad y solvencia del IPC para defender el patrimonio cultural. En este momento la gobernadora está siendo acusada ante la Fiscalía por el delito de destrucción del patrimonio. La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural habla de dos a cuatro años de cárcel, amén de las sanciones que corresponde por la destrucción de bienes materiales del Estado venezolano.
Instituto del Patrimonio Cultural / 18 de enero 2008
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